Los dos efectos del final de la renta antigua

Desde el 1 de enero de 2015, tal como se reflejaba en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 se han extinguido todos los contratos que se regían por la anterior LAU de 1964. Tras 20 años de transición, la nueva normativa obliga a actualizar los alquileres a precios de mercado lo que en muchos casos ha llevado a multiplicar los alquileres abocando a muchos al cierre.

Así, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha señalado que el comercio ha perdido 1.139 afiliados autónomos en febrero, siendo el sector que presenta una caída más acusada. Sumados a las 3.651 bajas del mes anterior, el resultado es que hay 4.790 afiliados menos en el comercio durante los dos primeros meses del año. Para UPTA buena parte de estos datos se deben al fin de la renta antigua, aunque añaden otras variables como son la liberalización de los horarios comerciales y la apertura de festivos. La realidad es que estas dos medidas en muchas comunidades autónomas sí que han llevado a que el pequeño comercio tenga más dificultades para competir con grandes superficies y lo que ha hecho en estos 20 años (en los que se ha podido continuar pagando rentas bajas en algunos casos) es aminorar el impacto.

Competencia y efectos futuros

También la ley de 1994 abordaba dos supuestos que juntos permitían alargar el plazo en el que acogerse a la renta antigua otros 10 años más, siempre que hubieran aceptado una actualización progresiva de las rentas. Pocos se han acogido a esta medida y es que detrás de estas bajas hay en muchos casos cierres programados por jubilación. Una medida con tan largo recorrido difícilmente pilla desprevenidos a los propietarios de negocios y les obliga a cerrar de la noche a la mañana.

Pero también hay otras caras de la moneda. La primera la de los dueños de los inmuebles que en muchas ocasiones han pasado de mano estos años por herencia y que se han encontrado con locales difícilmente rentables, ya que en estos ejercicios sí se han multiplicado los gastos, especialmente por los impuestos como el IBI. En la otra cara se encuentran los otros comercios cuyos alquileres están regidos por la normativa actual y que han tenido que hacer frente a alquileres mucho más caros. Teniendo en cuenta que uno de los gastos más importantes en una tienda es precisamente el alquiler nos encontramos con que estaban compitiendo en desigualdad de oportunidades.

Por último tampoco los efectos futuros tienen que ser tan negativos. Un propietario lo que en condiciones normales menos quiere es tener un local vacío. Por todo ello, esta nueva oferta de inmuebles puede llevar a que se equilibren los precios e incluso en el medio plazo a dinamizar zonas comerciales tradicionales.