La batalla de Europa por un sistema sostenible
La mayoría de países ha puesto en marcha reformas para reducir la financiación pública de las pensiones
El fin último de todo sistema de pensiones es ayudar a las personas a mantener su nivel de vida, proporcionándoles rentas que compensen los ingresos dejados de percibir por el cese de la actividad laboral.
Por eso, la mejor forma de medir si el sistema de un país cumple su cometido es comparar los ingresos disponibles tras el retiro (pensión) con los percibidos antes de la jubilación (último sueldo).
A esta fórmula se le conoce como tasa de sustitución y según datos de Inverco, en 2013 se situó en España en el 74%, por encima de la media de la OCDE –el grupo de los 34 países más industrializados–, que se ubicó en el 68%. En otras palabras, si un trabajador español gana 100 euros, recibirá 74 cuando se jubile.
Si bien esto es bueno para el cotizante, esconde un problema para el sistema. Y es que mientras en la OCDE, el 41% de la tasa corresponde al sistema público de pensiones y el 27% restante al sistema privado, la tasa de España es absorbida íntegramente por el sistema de reparto.
De hecho, es el país de la OCDE con la tasa más alta cubierta exclusivamente por el sistema público, con la excepción de Austria (76,6%). ¿Por qué esto es malo? La razón es demográfica. La población envejece: en España, el número de nacimientos bajó un 6% en 2013 y no para de caer desde 2009, mientras que la esperanza de vida apunta en la dirección contraria y se sitúa en los 82 años.
El sistema que administra el Estado financia las pensiones de los jubilados con el dinero que recauda de los trabajadores activos. Si cada vez nacen menos niños y vivimos más años, la base de cotizantes se reduce, pero aumenta la de beneficiarios.
Alemania subvenciona planes individuales a personas sin capacidad de ahorro
“En el futuro tendremos más jubilados que trabajadores. Es una situación difícil de remediar que hace insostenible el sistema público de pensiones”, comenta Ángel Martínez-Aldama, director general de Inverco.
La alternativa es el sistema privado, pero si el Estado garantiza unos ingresos parecidos a los que se tenían antes de la jubilación, el trabajador no tiene motivos para buscar un complemento en el ahorro previsión a largo plazo.
“Toda pensión tiene un doble componente: público y privado. Pero si el primero es excesivamente alto y el segundo casi testimonial, como en el caso de España, el incentivo para contratar planes de capitalización es considerablemente bajo”, explica Martínez-Aldama.
El problema, en realidad, no es que la tasa de sustitución sea alta, sino que sus cimientos sean precarios. “En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa del conjunto del sistema es ligeramente superior a la española (76%), pero la Seguridad Social estadounidense es muy sostenible porque solo reemplaza la mitad de los salarios de los pensionistas”, afirma José Antonio Herce, socio director de AFI (Analistas Financieros Internacionales).
En España, en cambio, “esa promesa se basa en un sistema de reparto cuyos ingresos futuros no están garantizados”, añade.
¿Cómo arreglarlo? María José Hernández, consejera delegada de la consultora Novaster, sostiene que dado que aumentar las contribuciones de los trabajadores activos parece difícil y la edad de jubilación solo se ha retrasado hasta los 67 años, “mantener tasas por encima del 70% va a ser prácticamente imposible, a menos que se desarrollen los sistemas complementarios”.
A manera de ejemplo, cita el caso de Alemania, que ha introducido planes de pensiones individuales con incentivos fiscales y financieros, por los cuales el Estado subvenciona a personas sin capacidad de ahorro.
La experta, que es miembro de la junta de Ocopen, destaca también el caso de Reino Unido, que ha establecido la semiobligatoriedad en los sistemas de empleo.
Así, toda empresa tiene la obligación de incorporar a un plan de pensiones una aportación mínima global del 8% (4% a cargo del empleador, 3% del trabajador y 1% del Estado a través de bonificaciones fiscales) a todos los empleados de más de 22 años, pero estos pueden optar por salirse.
El ejemplo nórdico y británico
En Europa coexisten varios modelos que buscan hacer sostenibles las tasas de sustitución. A José Antonio Herce, de AFI, le gusta situarse en los dos extremos. Por un lado está el modelo de Suecia, que en los últimos 10 años ha reducido a la mitad el aporte del sistema público a su tasa de reemplazo (actualmente en el 56%), adoptando un sistema mixto por el cual el trabajador dispone de una cuenta individual. En ella se van acumulando las cotizaciones que realiza durante toda su vida laboral.
El día que se jubile, la cantidad ahorrada se convertirá en un derecho que se irá devengando durante el resto de su vida. Además, la pensión se calculará teniendo en cuenta un factor de revalorización y la esperanza de vida al momento de la jubilación.
Por otro lado está Reino Unido, que ha bajado mucho la pensión pública y compensado esa rebaja con la creación de muchos sistemas complementarios, tanto en el ámbito de la empresa como en el individual.
“El trabajador dispone de muchas opciones para que los ingresos que la Seguridad Social no pueda reemplazar lo haga un sistema de capitalización”, explica.
Parecido es también el modelo de Noruega, que ha obligado a las empresas a constituir planes de empleo para todos los trabajadores, con una aportación del 2% del salario.
“Cualquiera de estas reformas, las nórdicas o la británica, que incorporan obligatoriedad total o parcial, podrían adaptarse a las circunstancias españolas”, dice María José Hernández, de Novaster.
A Herce le agrada en particular la británica por su enfoque integral. “No se trata solo de reformar las pensiones públicas, sino también de incentivar las privadas tratándolas fiscalmente mejor que a ninguna otra forma de ahorro, incluida la vivienda”, concluye.