Editorial

Ahorro, rentabilidad, impuestos e inversión

No es España un país con la suficiente madurez económica como para depositar la confianza de la previsión social de la vejez en el ahorro privado; su incorporación retrasada a las economías de mercado europeas, junto con las desconfianza natural hacia la aspereza financiera y la fe ciega en la magnanimidad protectora del Estado, no han permitido generar todavía ni una demanda mayoritaria de productos de previsión ni una industria arraigada que los proporcione. Pese a que se ha incorporado progresivamente una generación de ahorradores, los capitales puestos a trabajar siguen siendo muy modestos, ya se comparen con los habituales en economías como la británica o la holandesa, ya se contrasten con el gasto en pensiones públicas en España. Si los españoles tienen capitalizados hoy unos 85.000 millones de euros, los holandeses, cuantitativamente menos, disponen de diez veces más de fondos dispuestos para su retiro. A todas luces, la cantidad depositada en fondos de pensiones en España son insuficientes como para decir que tal flanco está cubierto, si tenemos en cuenta que solo la Seguridad Social gastará este año 115.000 millones de euros en prestaciones públicas, mayoritariamente de vejez.

Una partida y la otra hasta ahora se han pesado en la misma balanza. A medida que la prestación pública se generalizaba y alcanzaba niveles de cobertura económica aceptables, restaba capacidad a la capitalización privada, como si todo el mundo considerase que la salud financiera del sistema público iba a ser de hierro; como si la marcha de la economía fuese a ser siempre provechosa o la demografía no experimentase envejecimiento alguno. Pero ni una cosa ni la otra son variables fijas, y muy poca gente debe considerar ahora aquí que la prestación pública tendrá en el medio plazo suficiente entidad como para solventar las necesidades de pensionistas cada vez más longevos, sobre todo si el crecimiento económico se aplana y no hay flujos inmigratorios crecientes en las próximas décadas.

La Seguridad Social solo puede mantener el ritmo de gasto creciente, con unas pensiones nuevas muy superiores a las que se amortizan, si sus gestores deciden ya subir las aportaciones o reducir las prestaciones, o ambas cosas a la vez. La primera opción es de complicada ejecución porque atenta directamente contra el coste laboral y puede dañar la generación de empleo, y la segunda tiene recorrido limitado dada la magnitud modesta de la cuantía de la mayoría de prestaciones de vejez.

La mejor manera de preservar financieramente el sistema público es una combinación moderada de ambas variables, de los ingresos y de los pagos, y estimular el ahorro privado en pensiones. Admitir que la mutualización del retiro solo puede soportar una parte de la renta necesaria, sea el 50% o el 60%, y siempre en función de las aportaciones de los cotizantes, y que cada cual debe hacer, con luces largas en el tiempo, un diseño de la renta estimada y de cómo proveérsela.

No es el mejor momento para estimularlo. El Estado carece de los recursos para incentivar fiscalmente el ahorro a largo plazo (algo que sí ha hecho en el pasado con otros activos, como los inmobiliarios), y la industria financiera tiene dificultades para presentar una tarjeta de servicios lo suficientemente honorable como para hacer llegar el dinero. El estímulo debe llegar de la necesidad que supone la dificultad citada del sistema público para mantenerse con los actuales niveles de protección, pero debe contar también con algún tipo de anclaje fiscal que permita tanto consolidar ahorro privado como recapitalizar la economía.

El ahorro de hoy es la inversión de mañana. Una economía sin ahorro consistente tiene muchas dificultades para desarrollar con eficiencia los ciclos inversores y crecer, puesto que la dependencia continua del dinero exterior no es alternativa atractiva. Por tanto, es tarea de los gobernantes adoquinar el camino para estimular el ahorro a largo plazo, y es tarea de la industria financiera una gestión prudente de los ahorros confiados, tanto en las comisiones como en las inversiones, para ganar solvencia y reputación. Cada ahorrador tiene un tempo distinto, y a él debe aplicar un criterio diferente de inversión, tanto de plazo como de riesgo, acudiendo siempre, eso sí, al asesoramiento profesional.