Tribuna

Una estrategia de industrialización

Han corrido malos tiempos para la industria. Es una afirmación pacífica que el modelo industrial tradicional acusa desde hace años evidentes signos de agotamiento. Ese modelo, que durante décadas funcionó con eficacia en Europa, está siendo aplicado de modo exitoso en países emergentes, que cuentan ya con tecnología razonable y tienen una mano de obra infinitamente más barata y flexible. Mientras tanto, en nuestro terreno, la pérdida de posiciones industriales desemboca en un crecimiento imparable del sector servicios que ha cabalgado sobre los lomos del industrial.

Contado así, parece no tener mucha importancia. Un desarrollo sectorial ha sustituido a otro y la vida continua. Pero no es verdad. Cuando se hipertrofia un órgano a costa de otro surgen problemas y desequilibrios. Los tozudos datos arrojan malos resultados, al menos en tres puntos: la destrucción del tejido industrial, de la red de pymes; la pérdida de empleo sostenible y, sobre todo, del empleo de más calidad, y la dependencia industrial de fuera.

La participación del segundo sector en el PIB no pasa del 17% frente al 28% que alcanzaba en los ochenta

El sector industrial en los ochenta llegó a participar con el 28% del PIB. Hoy día no pasa del 17%. Naturalmente, como la tabla ha de sumar 100, el reequilibrio se ha encontrado en los otros sectores: los servicios y la construcción, especialmente el turismo. Bienvenidas sean cuando las otras fuentes de riqueza funcionan peor, pero estas no son la solución de más calidad, ni la más definitiva. El carácter más cíclico y coyuntural de la construcción ha creado excesos, abusos e ineficiencias de las que todos somos culpables, si bien demonizar su desarrollo es un error. Habrá que colocarlo en su sitio, y, con la lección aprendida, facilitar su evolución. También el turismo es positivo y se han alcanzado cotas de éxito enorme que se apoyan hoy con fortuna. Pero ni uno ni otro pueden sustituir a largo plazo el fuerte gap de pérdida del peso industrial.

Las economías más industriales son de riqueza y empleo más durables. Basta con comprobar casos paradigmáticos. Alemania ofrece de largo la estructura más potente en Europa, conservando un 28% de participación de la industria en el PIB, y en consecuencia, arrojando un 5,2% de desempleo (fecha de abril de 2014) frente al 10,4% de la Unión Europea y más del doble de esa cifra en España. Y siendo el primero en Europa en PIB.

Con datos de la EPA de la misma fecha en España, el menor desempleo lo tienen País Vasco, Navarra y Madrid. El ejemplo del País Vasco es significativo. Su fuerte tradición industrial, con un peso que llega al 24%, arroja la mejor renta per cápita, y mientras en España se pierde el 21% de la mano de obra en el sector, en el País Vasco solo el 10%. La traducción hacia el sector exterior es potente. La exportación alcanza el 30% de su PIB, frente al 20% de media en España. Los ejemplos de Navarra y Rioja, con una participación industrial en el PIB del 29% y el 26%, están en la misma línea.

Solo derivan bondades de una sana política de industrialización. Es clásica la exposición del Grupo de Toledo, en pleno siglo XVII, argumentando que la industria es la actividad económica que mantiene más población, que arrastra a otros sectores, que no te hace depender de otras naciones y que fuerza a una mayor educación y formación de las gentes. En su traducción actual, un interesante estudio de PwC llama la atención sobre otras ventajas de un desarrollo industrial decidido: es el sector que crea más valor añadido por empleado, el primero en inversión en I+D, el que aporta más conocimiento tecnológico y sirve de locomotora a los servicios de mayor potencial de arrastre.

El tema ahora hay que verlo en la perspectiva de la salida de la crisis. Los periodos de gran auge producen excesos de todo orden, endeudamiento excesivo, estructuras corporativas sobrecargadas, de desarrollo sin inversión tecnológica y un largo etcétera. Un tema muy negativo ha sido el déficit tecnológico. El informe Cotec de junio de 2014 continúa destacando por otro año más cómo los indicadores básicos de las actividades de I+D muestran que sigue la caída de los recursos invertidos en innovación y del gasto en I+D respecto del PIB, tanto en el sector público como en el privado. De los 12 países analizados en el informe, España ocupa el puesto 11. Nuestro gasto es del 0,69% del PIB y la media de la OCDE es de 1,62%, dos veces y media más. No se corresponde, en consecuencia, la posición española en la economía de la UE o de la OCDE con el desarrollo tecnológico medido en patentes y exportaciones.

Una estrategia de industrialización ampliar foto

Todos los males se agolpan cuando se desinfla el globo. Como dice graciosamente Warren Buffett, cuando baja la marea todos se percatan de quién se bañaba desnudo. Ahora, tras muchos años de dureza, y habiendo acometido con razonable fortuna las políticas de ajuste, la apuesta por la industria parece oportuna. España cuenta con una trama industrial fuerte, mano de obra especializada y muchas empresas de tamaño importante ganando posiciones en los mercados internacionales. O sea, que soplar en la buena línea tendrá efectos significados en tamaño y calidad y que no requieren siglos para notarse.

Naturalmente, la política industrial tiene que apoyarse en las políticas económicas globales. Es un trozo de la tarta. No es una pieza aislada. En consecuencia, el mejor impulso a la industria está en un marco de relaciones laborales flexible, en una energía que no sea más cara que la de los competidores, en apoyos fiscales y financieros para la tecnología y la exportación, en un sistema de seguridad jurídica que no ahuyente a los inversores…

Pero, además de ese clima, o gracias a él, caben actuaciones que producen un efecto multiplicador. Se me ocurre recordar algunas de signos diferentes, y que ya han sido implementadas, algunas con éxito.

Un ejemplo sectorial muy positivo ha sido la continuidad en la política de apoyo a la compra de automóviles. Es un sector estratégico en nuestra economía, los grandes productores han apostado por tener fábricas en España, la competitividad ha mejorado con la contención salarial, se ha creado una red espectacular de industria auxiliar. Razones sobran para objetivar y razonar el apoyo. El mercado había bajado de 1,5 millones de coches a menos de la tercera parte, y una ayuda, que el Estado recupera con creces, ha permitido aumentar las ventas, mantener el empleo, que es el 10% de la mano de obra industrial, y seguir desarrollando tecnologías en un sector que está a nivel mundial en lo más alto del desarrollo de la innovación.

La posición española en la economía de la UE no casa con su desarrollo tecnológico en patentes

Las últimas noticias proporcionadas por Anfac sobre la exportación de coches son que el saldo comercial ha crecido de un modo enorme. En 2005 fue de 1.489 millones de euros y en el 2014 llegará a 16.000 millones, lo que convierte al sector del automóvil en el principal contribuyente al saldo positivo de la balanza comercial española. Las exportaciones están incrementando el trabajo en las fábricas españolas que el año pasado aumentaron el 9% en actividad.

Según Anfac, cada 100 euros que se invierten en producción de coches se ganarán otros 100 en otros sectores de la economía, y por cada 100 euros de valor de un coche vendido se generan 24 en sectores de distribución y seguros y las Administraciones recaudan fiscalmente otros 24.

Un segundo ejemplo, en otra línea muy diferente, que ha puesto en marcha otras medidas que apoyan decididamente a la empresa industrial. Me refiero a la preocupación por el mantenimiento de empresas que muestra la reforma de la Ley Concursal (dos reales decretos-leyes de 2014). La reforma apunta una diligente preocupación política por el principio de conservación de las empresas, al regular los institutos preconcursales y las alternativas al concurso y extender las medidas luego al concurso mismo. Vale la pena dedicarle un momento de atención porque es una medida dirigida a evitar la destrucción de empresas con dificultades de financiación. En definitiva, las medidas legales tienden a evitar las ejecuciones de activos y las liquidaciones de empresas cuando aún existe una fundada esperanza de que, llegando a un acuerdo con los acreedores, las empresas tienen posibilidad de continuar vivas en el mercado. Las técnicas ofrecidas al respecto son variadas.

Una es la capitalización de créditos, y para facilitarla se dice que los acreedores que capitalicen no tendrán la consideración de “persona especialmente interesada”, por lo que los créditos no capitalizados no pasan en ningún caso a ser subordinados. Lógicamente, una de cal y otra de arena, el deudor, el accionista antiguo, que se niegue a la capitalización incurrirá en dolo o en falta grave. Lo que importa es sacar adelante la empresa, sus contratos, su personal, su organización, forzando a que los accionistas y los bancos apoyen su continuidad en el mercado y no su liquidación.

La participación del segundo sector en el PIB no pasa del 17% frente al 28% que alcanzaba en los ochenta

Otra medida en la misma línea es la paralización de ejecuciones de garantías hasta que se apruebe un nuevo convenio, retocando el famoso artículo 5bis que exonera al deudor de la obligación de solicitar concurso cuando comunique al juzgado el inicio de negociación para la refinanciación o para obtener adhesiones a la propuesta de convenio. También, en las refinanciaciones se contempla la homologación, el arrastre de los acreedores disidentes extendiendo las quitas, las cesiones en pago o las capitalizaciones suscritas por el 75% de los acreedores, evitando que una institución financiera, menos comprometida en el proceso, eche abajo la posible continuidad del convenio y de la empresa.

Hace poco se publicó en la prensa otro tercer tipo de actuación pública sobre el que vale la pena meditar. Se trataba de un plan para reindustrializar una zona del Henares, especialmente sufridora en la crisis. Sin entrar en la bondad concreta del plan, lo que sí es cierto es que ofrece una conjunción de acciones concertadas, de colaboración público-privada, en materia de infraestructuras, compromisos de inversión, facilidades administrativas de instalación… que pueden ser un vehículo adecuado.

Más ejemplos caben. La loable lucha por no incrementar los precios de la energía o el aprovechamiento de la devaluación de activos para ganar competitividad están en la misma línea.

Estos recordatorios son ejemplos de medidas singulares. Pero ahora lo que hace falta es elaborar la partitura completa, considerando todos los instrumentos.

Los últimos años, la economía española ha estado presidida por las medidas anticrisis para evitar una intervención, y eso está bien, y por una actuación muy decidida de saneamiento del sistema financiero. Es evidente que había que hacerlo aunque muchas medidas puedan ser controvertidas. Pues ahora debe llegar el turno de volcar la atención pública en las economías subyacentes, principalmente en el aparato industrial. No se trata de crear una economía subvencionada, sino de orientar hacia ello la preocupación pública, con una reforma tributaria razonable, un apoyo a la tecnología y a la exportación, un marco de seguridad jurídica y flexibilidad laboral. Ejemplos hemos citado, y lo que hay que hacer ya se sabe. Hay que ponerlo en marcha con voluntad decidida.

Al amparo de la devaluación de activos sufrida desde el 2007 existe liquidez en el mercado con apetencia para invertir en España en distintos sectores. Orquestar una estrategia para que una parte de esa inversión se canalice a la industria es tarea de hoy. Aún hay tiempo, pues. Como decía Goethe, “el último minuto de cada hora es el más rico”.

Ignacio Bayón es presidente de Realia y exministro de Industria y Energía.