Editorial

Los límites de la financiación autonómica

El mapa de España que dibujan las balanzas fiscales presentadas ayer en el Ministerio de Hacienda no solo refleja las esperadas diferencias entre el saldo de unas y otras regiones, sino que arroja algunas conclusiones de especial trascendencia en la actual coyuntura política y económica española. El informe, encargado por el Gobierno a un grupo de tres expertos universitarios, concluye que Madrid es la comunidad con mayor déficit fiscal de España, esto es, la que más recursos aporta a la caja común del Estado y la que menos recibe. Los madrileños contribuyeron en 2011 –año al que corresponden los datos– con 16.723 millones de euros más de los que recibieron, una cifra que duplica la mostrada por Cataluña, cuyo saldo fiscal también es negativo, pero mucho menor: 8.455 millones. Baleares y la Comunidad Valenciana completan el grupo de regiones cuyas balanzas arrojan déficit fiscal. Todas las demás reciben más recursos de los que aportan, incluidas dos de las comunidades más ricas y prósperas de España: País Vasco y Navarra.

Este último dato, al igual que la magnitud de la brecha que separa a Madrid y Cataluña en términos de solidaridad interregional, constituyen algunas de las conclusiones más destacadas del informe. Respecto a la primera, los propios autores señalaban ayer que las balanzas vasca y navarra revelan anomalías del sistema de financiación autonómica que sería aconsejable corregir de forma paulatina. Respecto a la segunda, la airada reacción del Gobierno catalán, que ha tildado de “político” el informe, da una idea del potencial incendiario de esta materia en el escenario del órdago soberanista lanzado por Cataluña al Gobierno central y de sus reivindicaciones de financiación.

Más allá de esa marejada política, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dejado claro que la reforma del sistema de financiación autonómica no está ahora mismo en agenda. La cercanía de las elecciones autonómicas y la tensión generada por el desafío soberanista catalán explican el retraso de una debate que es necesario afrontar con grandes dosis de racionalidad y prudencia. Las ineficiencias del actual sistema de financiación, derivadas de la lógica evolución de las variables socio económicas de España, deben ser solventadas, pero sin olvidar que existen unos límites constitucionales y unos principios básicos –suficiencia, autonomía y solidaridad– que ninguna reforma debe quebrar. A todo ello hay que sumar la necesidad de que ese futuro modelo –o en su caso, los ajustes llevados a cabo sobre el actual– se diseñe con vocación de permanencia y no constituya una materia de debate y tensión política continua. Pero esa reforma debe abordarse a partir de datos concretos y bajo criterios objetivos, no en el fragor de una batalla de poderes autonómicos en la que los intereses políticos y territoriales primen sobre el bien común del conjunto del país.