¿Una Europa al fin alemana?
El creciente populismo antieuropeo achaca la austeridad impuesta por Bruselas a Alemania, que tiene realmente el poder económico y financiero en la UE, pero no está obligada a cargar con los desaguisados de políticos irresponsables que realizaron, gracias al euro, inversiones mayormente partidistas y escasamente rentables de las que hay sobrados ejemplos en España.
Hay una serie de motivos que explican la baja participación en las recientes elecciones europeas a pesar de que se refuerza el poder del Parlamento Europeo para el nombramiento del presidente de la Comisión. Se cree que el Parlamento Europeo es mayormente un cementerio de elefantes políticos poco activos y sin embargo excesivamente remunerados. Es decir, algo parecido al ineficaz y costoso Senado que España no se puede permitir y que habría que modificar sustancialmente, al igual que, por los mismos motivos, habría que hacer con las superestructuras políticas creadas con la Constitución.
No se espera que un nuevo presidente de la Comisión pueda influir decisivamente en los comisarios nombrados por los Estados miembros, que son los que proponen la política de la Unión. Tampoco se cree que Europa encarne y aplique el poder político que le corresponde, que supere el bajo crecimiento y su corolario la germanofobia, pues es Alemania la que gracias al euro y a su mal empleo por los demás países tuvo el poder sin proponérselo, y probablemente lo seguirá teniendo.
El falso crecimiento basado en el mal empleo del euro tuvo consecuencias desastrosas”
Pero no fue Alemania la que creó el euro, sino Francia, que no podía consentir que una vez recobrado su potencial económico, Alemania fijase la política monetaria a partir de 1985. El presidente François Mitterrand consiguió que el Tratado de Maastricht en 1992 crease un moneda única y un Banco Central Europeo.
Al poner la carreta (el euro) delante de los bueyes (la unión fiscal europea) le salió a Francia el tiro por la culata. Alemania tiene hoy mayor poder político, económico y financiero en Europa que nunca y no como consecuencia del euro, sino porque la opinión pública creyó firmemente en la prosperidad que con el euro prometían los políticos en el poder que no supieron emplear correctamente.
Quizás el ejemplo más claro de las consecuencias de esta credibilidad ciudadana fue la declaración por la ministra de Trabajo de una ganancia del poder adquisitivo de los siete millones de pensionistas del 0,8% en 2013, cuando en realidad sufrieron una pérdida del 0,6% si se mide correctamente la variación de los precios a lo largo del año y no entre 12 meses.
Con una caída del empleo en el primer trimestre de 2014 del 0,4% en tasa anual, según la EPA, y una aportación negativa significativa del sector exterior es improbable que el crecimiento supere el 0,2% y el INE debería dar a conocer cómo llega a estimar una variación superior. De continuar el efecto negativo del sector exterior, no es probable que la expansión de la demanda interna lleve a un crecimiento en 2015 superior a Alemania, según preveía el ministro de Economía influido quizás por una euforia electoral.
El periodo de fuerte pero falso crecimiento basado en el mal empleo de euro creó un sentimiento de riqueza que tuvo consecuencias desastrosas. Incitó, por un lado, una corrupción casi general en las Administraciones públicas y entidades sociopolíticas; también estimuló a estas mismas Administraciones y otros entes públicos a un tren de vida superior al que correspondería por la renta per cápita de España y su crítica situación económica; por último, el funcionamiento político de las comunidades autónomas y el de los numerosos entes de todo tipo creados en su apoyo añadieron su cuantioso gasto a los anteriores.
Si hay algo que se ha aprendido en los últimos cuatro años es la lentitud de las decisiones de la UE
Parece que la clase política en el poder nunca tuvo interés en estimar el total de estos mal empleados recursos de la economía temiendo que alcance un nivel tan elevado que obligase a reducirlos para salir de la crisis. A esto hay que añadir las medidas restrictivas a que obligan las reglas de oro del Fiscal Compact que se aceptó en 2012, pero del que no se quiere hablar porque, entre otras cosas, obliga a tomar las medidas restrictivas para reducir la deuda soberana actual del 100% del PIB al 60% en 20 años.
Pero para ello sería indispensable un concierto de los partidos mayoritarios pues al ser sus millares de afiliados y adláteres los que más se beneficiaron de esta situación con empleos seguros y bien remunerados, deberían ser los más afectados por el ajuste. Otros países con problemas mucho menores, Alemania e Italia, lo han hecho. El PSOE se ha opuesto, pero no dice con qué medidas intentaría resolver esta grave situación.
No se sabe de dónde vendría la demanda interna ni la aportación del sector exterior para alcanzar el crecimiento que resolvería este problema. Pensar, por otra parte, en la ayuda proveniente de Europa es pensar en lo excusado, como diría el ilustre manchego.
Si hay algo que se ha aprendido en los últimos cuatro años es la lentitud de las decisiones de la UE. La montaña del BCE ha dado luz a un ratón que además de llegar con excesivo retraso no va a ser el estímulo que se precise.
El FMI, en sus recientes recomendaciones a España, hizo, siguiendo su habitual visión cortoplacista bancaria, unas propuestas inaceptables, como el aumento de los impuestos indirectos y una mayor moderación de salarios, ya relativamente bajos. No quiso ver, sin embargo, que a menos que se reordenen hacia el crecimiento los cuantiosos recursos económicos mal empleados la economía española no saldrá de la crisis.
Anselmo Calleja es economista y estadista.