Desapalancamiento empresarial e impuesto de sociedades
El pasado viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció lo que hacía tiempo veníamos escuchando en los medios de comunicación: la reforma fiscal. Desde entonces, la atención se ha focalizado, sobre todo, en la disminución del número de tramos (de siete a cinco), en la reducción generalizada de los tipos impositivos para el conjunto de contribuyentes y en el coste que podría tener para las arcas públicas. Sin embargo, poca atención se le ha prestado, bajo mi punto de vista, al impuesto de sociedades. A lo que las empresas tendrán que pagar.
Lo anunciado por el Ministro, en relación a este aspecto, ha sido una reducción del tipo impositivo desde el 30% actual hasta alcanzar el 25% en dos años (y el 28% en 2015) para las grandes empresas, igualando así los tipos con las pymes y teniendo, de esta forma, un tipo único. Bien es cierto que, en el caso de las pequeñas empresas, ofrece reducciones que podrían situar su tipo en el 20%. Además, en el caso de las grandes empresas se amplía la base imponible, lo cual, a efectos prácticos supone que las grandes empresas pagarán más por sus beneficios de lo que lo venían haciendo hasta el momento. Este hito supone, en mi opinión, la culminación de un cambio en la tributación empresarial que se ha gestionado desde el año 2012. Permítanme algunas reflexiones con números y echemos una mirada atrás para entender el calado y la importancia de todo esto.
Los gastos financieros eran deducibles lo cual permitía reducir mucho los tipos impositivos
Durante más de una década hemos vivido un crecimiento económico que ha mejorado nuestro bienestar de forma notable. Conseguimos reducir la tasa de paro hasta el 8% (1,7 millones de parados) desde los casi 4 millones de desempleados que suponían tasas de desempleo superiores al 20%. El empleo aumentó desde los 12 millones de personas de la primera mitad de los noventa, hasta los casi 21 de 2007. Todo ello generó un extraordinario crecimiento del PIB per cápita que, desde los poco más de 11.354 euros de 1995, llegó hasta los 23.866 euros de 2008. En 13 años doblamos nuestro PIB por persona. Desafortunadamente, desde el año 2007 vivimos una profunda crisis económica que ha provocado un crecimiento del desempleo hasta niveles similares (e incluso superiores) a los del inicio de la anterior etapa expansiva: 27% de paro.
Uno de los muchos efectos que ha tenido la crisis ha sido el racionamiento del crédito. Especialmente en el caso de las familias, hemos visto como, de la noche a la mañana, pasábamos de una gran facilidad de crédito, a un corte absoluto para acceder al mismo. Esto ha provocado que las elevadas cifras de endeudamiento privado hayan caído paulatinamente en estos años. Sin embargo, las empresas no han experimentado esta misma evolución. Al menos, no desde el mismo momento. De hecho, el nivel de endeudamiento máximo de las empresas no financieras se alcanzó en abril de 2009. Desde esa fecha y hasta marzo de 2012 el saldo vivo de préstamos a este tipo de empresas apenas cayó un 5%.
La causa ha sido, principalmente, la introducción de beneficios fiscales en los primeros años de la crisis en favor del crédito a empresas. Es decir, los gastos financieros de las empresas eran deducibles en el impuesto de sociedades, lo cual permitía a las grandes empresas reducir sus tipos impositivos hasta niveles muy bajos. En 2011, el tipo que soportaron las grandes empresas fue cercano al 3%.
Desde 2012 y hasta febrero de este mismo año la reducción del saldo vivo de los préstamos a empresas no financieras ha sido del 15,6%. Al mismo tiempo, los pagos a cuenta por el impuesto de sociedades de las grandes empresas han subido casi un 100% en 2013 respecto a 2011. En ese mismo tiempo, las pymes han pagado, por este mismo concepto, un 20% menos. La razón de esta evolución reciente está directamente relacionada con las medidas fiscales puestas en marcha por el Gobierno actual en materia del impuesto de sociedades mediante los reales decretos 12/2012 y 20/2012 que, entre otras cosas, limitaban la deducibilidad de los créditos en el impuesto.
En un estudio conjunto con el profesor José Luis Montes, hemos analizado mediante modelos econométricos el impacto de estas dos medidas en la evolución de los préstamos a empresas no financieras. Los resultados son claros. La reducción de los mimos en las empresas entre 2012 y 2014 se ha debido en un 40% a tales medidas. En euros esto supone una reducción de, aproximadamente, 78.000 millones. No hay que olvidar que tanto el FMI como el Banco Central Europeo han advertido en diversas ocasiones del peligro del elevado endeudamiento de las empresas, especialmente en el caso español.
La reforma acerca el tipo que efectivamente pagan las grandes empresas a su tipo nominal
En este sentido, la reforma fiscal que ahora acabamos de conocer aborda la culminación de un intento del Gobierno de acercar el tipo que efectivamente pagan las grandes empresas a su tipo nominal. Para entendernos, el problema es que sobre los beneficios declarados por las empresas existen ciertas partidas que permiten reducirlos. En el caso que nos ocupa, los intereses de las deudas de las empresas, entre otras partidas, permitían reducir la cuantía de los beneficios a los que aplicar el tipo impositivo vigente. Esto hace que el porcentaje de impuestos pagados sobre los beneficios declarados sea muy distinto del 30% que aún tenemos en vigor.
Tomándolo en perspectiva, entiendo que el objetivo de permitir a las empresas deducir sus créditos era impulsar la actividad económica. El problema, como se puede ver ahora, tal vez con más facilidad, es que las grandes empresas lo han podido canalizar para centralizar en España sus créditos y reducir el pago de impuestos, lo cual no ha favorecido el saneamiento del sector empresarial.
Con todo, la ampliación de la base imponible propuesta en la reforma fiscal anunciada, junto con la eliminación de las deducciones que se han llevado a cabo en los últimos años acercan este tipo efectivo al nominal al tiempo que han permitido la reducción de la deuda empresarial desde los más de 1,3 billones de 2009 hasta el billón actual. Una cifra que, no obstante, continúa siendo elevada para la economía española.
Ángel Diaz Chao es profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos.