Cuando los árboles nos dejan ver la gran oportunidad del bosque

La nueva Ley de Montes, actualmente en tramitación, supone una gran oportunidad económica y medioambiental para un país como España, altamente deficitario en materias primas pero con una gran riqueza forestal en buena medida desaprovechada.

Según FAO, las mayores áreas forestales de Europa corresponden a Rusia, Suecia, Finlandia, España y Francia. Y en nuestro país los bosques crecen, pasando de ocupar 13,8 millones de hectáreas en 1990 a 17 millones de hectáreas en 2000 y 18,2 millones de hectáreas en 2010.

Actualmente, la economía del bosque supone en España casi 30.000 empresas, cerca de 200.000 trabajadores (selvicultura y repoblación, industria papelera, de la madera y el mueble, de la biomasa) y una cifra de negocio de más de 18.000 millones de euros. Somos el tercer país de la UE en superficie forestal arbolada, pero todavía desaprovechamos el 60% de nuestro potencial forestal.

En España no tenemos petróleo ni gas, pero sí madera y con ella una clara oportunidad para desarrollar nuestro sector forestal y las industrias derivadas. Los productos del bosque son cada vez más demandados y lo serán aún más en el futuro, sustituyendo en mayor medida a materiales no renovables e intensivos en carbono. Y para ello es esencial la certificación forestal, que garantiza al consumidor que esos productos forestales proceden de bosques gestionados de manera sostenible.

La apuesta por la gestión forestal sostenible y su certificación no es nueva en nuestra legislación, pero su efectiva implantación se ha visto siempre dificultada por cuellos de botella, que ahora debemos resolver de una vez por todas, si no queremos que nuestros bosques pierdan de nuevo su gran oportunidad. Un bosque gestionado sosteniblemente significa reducir el riesgo de incendios, mejorar la salud y vitalidad de las masas forestales, propiciar un desarrollo rural, impulsar el desarrollo industrial y crear empleo. Todo eso está en juego.

La ausencia de instrumentos de gestión ágiles y eficaces ha sido tradicionalmente el gran escollo. Aunque en los últimos años se ha avanzado considerablemente, nuestros bosques requieren un impulso decidido para situarlos en los niveles de las masas forestares europeas.

La idiosincrasia de las explotaciones, pequeñas, dispersas y sin modelos de gestión u ordenación, hace que no se disponga de madera nacional certificada y que la cadena de custodia no pueda completarse, pese al esfuerzo de las industrias forestales, que se ven obligados a importar madera certificada de otros países, mientras nuestras pequeñas explotaciones forestales languidecen.

Por ello, en primer lugar, la nueva legislación debe contemplar la obligatoriedad de los proyectos de ordenación, planes dasocráticos y modelos básicos de actuaciones forestales, que respondan al objetivo europeo de sostenibilidad. La normativa debe exigir que los montes públicos y privados estén documentados y cuenten con instrumentos que garanticen su planificación y su gestión conforme a los criterios que avalen su sostenibilidad y permitan su seguimiento. Es esencial además, para que esos proyectos de ordenación se cumplan, crear una ventanilla única en las Comunidades Autónomas para tramitación de solicitudes, tasas, comunicaciones y notificaciones de las actuaciones relativas a la planificación, gestión y actuación forestal, solicitudes y registros de corta, etc.

El proceso precisa de grandes inversiones y por ello debe concretarse una política de incentivos que impulse la gestión y planificación documentada, que permita generar productos forestales certificados para atender el mercado nacional y los mercados internacionales.

Resulta prioritario que la nueva normativa dote al bosque de una fiscalidad específica que permita e impulse la adaptación de las masas forestales españolas al cambio climático, consolidándolas como corazón de la economía verde en el marco de los objetivos de sostenibilidad 2020 de la UE. Es necesario promover actuaciones e inversiones para dinamizar el sector y poner de relieve su importancia y su potencial.

Por otra parte, las actuales figuras societarias no se adaptan a las peculiaridades de la actividad forestal ni a las necesidades de gestión que suponen los costes de administración, con cientos de socios propietarios de pequeñas parcelas. De modo que cada vez resulta más urgente una modificación de la legislación de sociedades, que incorpore una nueva figura societaria especialmente orientada a promover e incentivar la agrupación de las pequeñas propiedades forestales.

Asimismo, sería necesario que en cultivo de cosecha intensiva con especie forestal no se pierda la calificación de suelo agrícola. Para el objetivo comunitario 2020 de que el 20% de la energía y el 10% de los combustibles sean renovables, la biomasa resulta esencial, en el marco de la estrategia europea de diversificación de los productos forestales generados en bosques sostenibles, lo que implica disponer de suelos que propicien cosechas para esos objetivos, sin perder su calificación y sin causar perjuicio al agricultor.

Otro tema de interés es la gran superficie forestal desarbolada que existe en España, de más de nueve millones de hectáreas. La gradual puesta en valor con plantaciones de una parte de estos territorios permitiría acabar con el déficit estructural de madera, desarrollar cultivos biológicos y energéticos, incrementar la fijación de CO2 atmosférico y crear empleo rural. Con ese objetivo, se deben poner en marcha medidas de apoyo e impulslaar los contratos administrativos (antiguos consorcios forestales).

Con respecto a los incendios forestales, la creación de ayudas a la recuperación de las zonas afectadas y la puesta en valor o funcionamiento del seguro forestal que cubra las pérdidas de arbolado quemado en pie, son medidas que ayudarían a paliar sus consecuencias.

Desde el sector papelero, comprometido con la gestión forestal sostenible y su certificación, venimos trabajando desde hace años en la promoción de la oferta de madera nacional certificada, lo que permitirá que haya cada vez más papel certificado en el mercado, con etiqueta de garantía de procedencia de una plantación gestionada sosteniblemente. Actualmente, está certificada el 32% de la producción de celulosa de mercado y el 22% de la producción de papel, lo que supone un gran avance en muy pocos años, pero evidencia el déficit de madera nacional certificada, que lastra la competitividad de la industria forestal española.

Obligatoriedad de los proyectos de ordenación y los instrumentos de gestión, una política de incentivos y una fiscalidad específica para el bosque, sí como una nueva figura societaria para promover la agrupación de las pequeñas propiedades forestales son las claves para acabar con los cuellos de botella que, pese a las buenas intenciones de todos, han lastrado hasta ahora la implantación de la gestión forestal sostenible y su certificación.

La nueva Ley de Montes es la gran oportunidad para dar el impulso decisivo a la sostenibilidad de nuestros bosques y situar a nuestro sector forestal y sus industrias derivadas en la posición competitiva que haga de nuestro país la potencia forestal que puede y debe ser.

José Causí Rielo es director Forestal de Aspapel.