La reforma fiscal no debe ser un arma electoral

Reformar nuestro sistema fiscal (ingresos y gastos) es la más importante reforma estructural que necesitamos. Imprescindible para construir en España una estructura fiscal suficiente, justa, redistributiva, transparente y comprensible para todos. Rasgos necesarios para que esté socialmente legitimada.

Según el CIS el 60% entiende que los impuestos son necesarios para que el Estado preste servicios públicos o distribuya riqueza, sin embargo, el 72% opina que la sociedad se beneficia poco o nada de ellos. Un 89,6% se siente “bastante o muy” responsable para pagar impuestos; pero solo el 45% opina igual sobre los demás. Un 97,2% cree que padecemos demasiado fraude fiscal. Finalmente, un 52,5% cree que pagamos más impuestos que en la UE.

Es obvio que necesitamos más cultura fiscal, relacionar mejor los impuestos pagados y su retorno a la sociedad. También lo que no es justo es un sistema soportado mucho más por las rentas del trabajo que por las del ahorro o beneficios empresariales.

España sufre una paradoja fiscal. Con impuestos similares y tipos parecidos a los países de la zona euro, recaudamos mucho menos, 8,1 puntos del PIB (85.000 millones de euros anuales).

Podemos dividir las causas en tres grupos: elevado nivel de fraude fiscal; amplias posibilidades legales de elusión fiscal; por último, el impacto de la crisis ha hecho disminuir, anualmente, la recaudación 2,5 puntos porcentuales del PIB.

CCOO propone una reforma que lo aborda de forma integral, progresiva en el tiempo, compatible con atender necesidades básicas inmediatas, contribuye a la recuperación económica y nos dota de una estructura fiscal sólida, justa, sencilla y transparente con carácter permanente, menos sensible al ciclo económico y más robusta.

La propuesta pretende mejorar los ingresos públicos para atender, entre otros, varios objetivos:

No es justo un sistema soportado mucho más por las rentas del trabajo que por las de ahorro o beneficios

- Garantizar la prestación de servicios esenciales del estado del bienestar

- Equiparar la capacidad de actuación pública con la de los países de nuestro entorno.

- Completar la protección social cubriendo las deficiencias detectadas. Necesitamos una renta mínima estatal para 687.000 hogares (1.435.000 personas), sin ingresos.

- Contribuir a dinamizar la demanda interna rebajando el precio final de bienes y servicios básicos (alimentos y suministros del hogar: electricidad, gas, calefacción).

- El nuevo plazo para cumplir los objetivos de déficit tampoco se cumplirá y deberá ampliarse, mejorar ingresos fiscales permite evitar seguir reduciendo protección social y renunciando a inversión pública.

Para mejorar la recaudación no es necesario subir los tipos impositivos (de hecho proponemos bajar algunos como el IVA de productos básicos para las familias). Para recaudar más bastaría con eliminar o reducir bonificaciones y reducciones fiscales que benefician a una minoría y limitarlas a aquellas que tengan suficiente legitimación social.

Proponemos reordenar la estructura fiscal. Elevar la imposición directa (sobre riqueza e ingresos) incrementado su peso relativo, e incrementar en menor medida la indirecta (sobre consumo) reduciendo su peso relativo. Reducir la recaudación del IVA es compatible con más contribución de otros impuestos indirectos (especiales o medioambientales).

Con ello, apostamos por una estructura fiscal más progresiva y justa, a diferencia de las líneas inspiradoras del Informe encargado por el Gobierno a un grupo de expertos, que hemos conocido el pasado 14 de marzo.

En el IRPF, proponemos mantener inicialmente los tipos actuales, reduciendo la mayoría de beneficios fiscales, acercando los tipos efectivos a los nominales. Las ayudas a colectivos concretos (47 en el actual IRPF) deben revisarse y articularse, cuando corresponda, mediante ayudas directas, no a través de deducciones fiscales que solo afectan a quienes presentan declaración y tienen margen para beneficiarse de la deducción.

El incremento de recaudación global, posibilitará la reducción selectiva posterior de tipos en el IRPF, aunque no ligado al calendario electoral como parece pretenderse.

En el Impuesto de Sociedades proponemos mantener los tipos, que van del 15 al 30% según los casos, minorando las deducciones y reducciones para acercar el tipo efectivo al nominal y establecer un tipo mínimo.

En el IVA proponemos ampliar el tipo superreducido (4%), incluyendo los bienes y servicios relacionados con alimentación, Actualmente una parte pequeña de ellos está gravada con un 4%, el resto con el 10%, (8% medio en la cesta de la compra) y, gravas con un 10% la energía del hogar, frente al actual 21%. Esta propuesta mejorará el acceso a bienes y servicios básicos (alimentos, electricidad, gas, etc.) especialmente a las personas más afectadas por la crisis (desempleo, caída de salarios) que dedican mayor parte de su renta al consumo de estos productos, inyectando en las economías familiares 3.888 millones de euros anuales.

Hay que sustituir la estimación objetiva por la estimación directa de la renta percibida

Recuperar impuestos sobre la riqueza (patrimonio, sucesiones y donaciones) limitando sus reducciones, si bien eximiendo a la vivienda habitual, hasta un límite de valoración razonable. Poner en marcha Impuestos sobre transacciones financieras (ITF) y depósitos bancarios, o alternativamente sobre actividad financiera.

En impuestos especiales y medioambientales hay margen para mejorar los ingresos. Nuestra recaudación es inferior en 2,4% del PIB en media sobre la europea.

Hay que combatir el fraude (quien no paga) evitar también la elusión fiscal (quien paga menos de lo que le corresponde, utilizando para ello resortes legales que deben revisarse).

Limitar los pagos en efectivo a menos de 500 euros; extendiendo el pago electrónico, limitando comisiones asociadas a estos pagos. El objetivo es mejorar el control, no incrementar comisiones bancarias o de empresas de medios de pago.

Incrementar un 50% los efectivos de la Agencia Tributaria, inversión socialmente muy rentable en términos de coste beneficio, para perseguir el fraude y para mejorar la recaudación de la deuda tributaria establecida (26.000 millones de euros pendiente de cobro).

Sustituir la estimación objetiva por la estimación directa de la renta percibida, de forma compatible con el apoyo directo a autónomos dependientes, o PYMES, con ello mejoramos la equidad fiscal y contribuimos a eliminar otras formas de fraude (facturas falsas).

Estas medidas generarían ingresos adicionales de, al menos, 30.000 millones de euros al año (50% en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, 50% por mejorar la recaudación).

Este incremento neto de recaudación para todas las administraciones, adicional al que se derive de la recuperación del empleo y la actividad económica, a los que también contribuye la reforma fiscal, reducirían la brecha de ingreso y gasto público con la zona Euro y la UE 27.

En resumen proponemos lo que España necesita, instituciones sólidas, con financiación suficiente, obtenida de forma justa y distribuida de la misma forma. Con aceptación generalizada por la transparencia y la confianza en el destino y gestión rigurosa, austera y eficiente de los recursos públicos. Frente al riesgo de una nueva reforma regresiva, para la coyuntura, o ambas cosas, proponemos una reforma fiscal estructural para cambiar el país.

Carlos Bravo es secretario de Protección social y Políticas públicas de Comisiones Obreras.