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Vale la pena que la UE lo intente

Las autoridades europeas han dado un paso decisivo en el tratamiento de sus crisis bancarias pasadas. Si su nuevo conjunto de reglas para golpear a los acreedores y depositantes de los bancos quebrados resolverá crisis futuras es otra cuestión.

El compromiso sobre un nuevo régimen de resolución marca un progreso –aunque solo sea porque se aplicará en toda la UE, da a los bancos y a los mercados la visibilidad que necesitan, y asegura que los fondos públicos solo serán el último recurso cuando ocurra un desastre–. Más allá de eso, la UE y sus bancos están entrando en territorio desconocido.

La norma básica de la propuesta inicial de la Comisión ha sobrevivido a meses de negociaciones entre los estados miembros: por lo menos el 8% de los activos de un banco tienen que eliminarse antes de que se pueda utilizar el dinero de los fondos de resolución bancaria financiados por las entidades.

Las autoridades nacionales podrían eximir a ciertos acreedores bajo el control de la CE

El acuerdo también da a las autoridades nacionales una cierta flexibilidad necesaria. Primero, podrían eximir a determinados acreedores –bajo el control de la Comisión Europea–. En segundo lugar, podrían utilizar el dinero público en forma de recapitalización de precaución, si los problemas se derivan de una crisis sistémica y no de la situación individual de algún banco. Eso también sería sometido a la aprobación de Bruselas.

El nuevo régimen de recapitalización se aplicará a partir de 2016, dos años antes de la fecha debatida en junio. No está claro cómo la zona euro pondrá en práctica las normas dentro de su incipiente unión bancaria..

Las nuevas normas de impacto en los costes de financiación de los bancos aún se desconocen. Poner a los depositantes –incluso los no asegurados– en la lista oficial de los que podrán sufrir pérdidas sentaría un precedente peligroso. Por último, en principio, si se debería pedir que la deuda absorba la incertidumbre macro es por lo menos discutible.

Uno de los objetivos de un nuevo régimen de resolución debe ser el de contribuir a la estabilidad financiera. En ese caso, el jurado aún está deliberando.

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