Regular las buenas intenciones
El Gobierno ultima dos planes con el fin de que las compañías cumplan con los compromisos internacionales en la materia
Desde sus inicios en los años noventa, la responsabilidad social corporativa ha crecido sin apenas regulación. De siete empresas que elaboraron su informe en 2002, siguiendo las directrices de la guía internacional más reconocida, la Global Reporting Initiative (GRI), se pasó a 186 en 2011 (últimos datos disponibles).
Actualmente España se apresta a regular lo que hasta ahora han sido buenas intenciones. Así, el Gobierno prepara dos planes para crear un marco de referencia que impulse y consolide estas políticas en el tejido productivo y las organizaciones públicas.
El primero de ellos es la Estrategia Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), cuyo borrador ha elaborado el Ministerio de Empleo. Nace con la misión de “contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, impulsando modelos de gestión responsables que velen tanto por la competitividad y el crecimiento de la economía como por el desarrollo de las personas y el respeto por el medio ambiente”, según reza textualmente su presentación.
Para tal fin, marca cinco objetivos, entre ellos, extender esta forma de gestión a las pymes. Establece 10 líneas de actuación y perfila 80 medidas que abordan desde el fomento de la RSE como impulsora de organizaciones más competitivas a su integración en la educación, pasando por el fortalecimiento de la Marca España, el fomento del empleo o la inversión socialmente responsable.
Los expertos achacan a los textos falta de concreción, de ambición y de plazos
“La vinculación que el borrador hace con la competitividad es uno de los puntos fuertes porque ser más responsables genera mayor acceso a los mercados y pone a nuestras empresas a la altura de la gestión internacional”, valora Germán Granda, director general de Forética y miembro del Consejo Estatal de RSE (CERSE).
Sin embargo, también achaca al texto “falta de ambición porque carece de medidas para atacar una de las dos grandes preocupaciones nacionales: la corrupción”, explica Granda. La otra, la alta tasa de paro, aparece reflejada con propuestas como crear empleo estable y de calidad, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral o favorecer la diversidad en las plantillas, “aunque habría que bajar más y establecer objetivos e indicadores para cada medida”, puntualiza Granda, para quien todo el borrador adolece de esa falta de concreción y plazos.
Es también la crítica que se le hace desde el mundo académico. “Son medidas que suenan más a música celestial que a un verdadero plan de cambio para fomentar la responsabilidad social”, diagnóstica Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación de ESADE. Más que en aspiraciones genéricas, en su opinión, “la estrategia debería poner el énfasis en seis u ocho medidas para los próximos tres años y demostrar que esos deseos tienen un cauce para salir adelante”.
El Gobierno ha enviado el borrador al CERSE que hará sus aportaciones y “lo interesante será ver si ha presentado su propuesta solo para que se conozca o porque tiene la intención real de incorporar las propuestas de los distintos actores sociales”, concluye Carreras.
Las empresas han de respetar los derechos humanos donde se asienten
El segundo texto en el que, en este caso, trabaja el Ministerio de Asuntos Exteriores, es el Plan de Empresas y Derechos Humanos, con el que se pretende aplicar los principios rectores de Naciones Unidas en la materia. Ese marco, en forma de trinomio, implica la obligación del Estado de proteger a las personas de potenciales abusos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y, finalmente, el deber de ambos de reparar las conculcaciones que se puedan producir.
Unos principios que ya están implantando algunas multinacionales como Mapfre, lo cual les está “permitiendo identificar áreas de mejora”, asegura Clara Bazán, directora de RSE de la compañía. En concreto, está revisando la lista de derechos humanos según la Declaración Universal e identificando aquellos que aplican directamente a la empresa y su protección actual en la firma.
Este plan del Gobierno se centra en las actividades de las empresas en el exterior, lo que “implica medidas voluntarias para las sociedades y ordena y pone en práctica las obligaciones de la Administración”, resume Jaime Hermida, director adjunto de la Oficina de Derechos Humanos de España. El programa no incluye modificaciones legislativas, aunque algunas de sus iniciativas sí pueden, en un futuro, provocar esos cambios normativos.
Es el caso de la medida que, según Hermida, constituye el núcleo duro del programa, según la cual, “todo proyecto empresarial que reciba una ayuda del Gobierno para salir al exterior tendrá que llevar aparejado un informe de que no va a afectar a los derechos humanos de las poblaciones en las que se va a desarrollar”. Algo así como la memoria de impacto ambiental, pero referida a los derechos humanos.
Es un avance que suena bien entre las organizaciones del tercer sector porque “condicionar el apoyo del Ejecutivo al respeto a los derechos humanos supone avanzar más allá de la consideración de esta cuestión dentro de la RSE”, analiza Marta Mendiola, responsable de derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.
Sin embargo, varias ONG, que han enviado una carta al presidente Rajoy para relanzar la redacción del plan, reclaman más concreción.
“Queremos que se detallen las medidas legislativas que el Gobierno va a promover para que tenga un enfoque de obligatoriedad y que haya mecanismos sancionadores para las empresas que no cumplan”, sentencia Mendiola, que reclama asimismo mecanismos jurídicos eficaces que permitan incluso que una víctima extranjera de un abuso cometido por una empresa española en el exterior tenga acceso a nuestros sistemas de reparación.
El texto del Ejecutivo solo contempla un estudio sobre normas procesales y estructuras judiciales para analizar si están adaptadas a la regulación internacional.
No obstante, y al margen de ello, “el plan ha de ser un instrumento de cambio de las herramientas de gestión de las empresas y un medio para hacerles ver que los derechos humanos son un buen negocio; que no son solo una parte de la acción social filantrópica, sino que generan un retorno para las compañías en forma de confianza, reputación y adhesión de sus clientes”, concluye Carmen Márquez Carrasco, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla.
Compromiso con el desarrollo
En paralelo a la elaboración de los dos planes españoles, Naciones Unidas está definiendo los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sustituirán en 2015 a los Objetivos del Milenio.
A diferencia de los anteriores, serán relevantes para todo el mundo y no solo para los países emergentes, y van a conllevar la necesidad de colaboración de empresas, sociedad civil, autoridades públicas y organismos multilaterales.
“Pueden ser una gran oportunidad para la responsabilidad social corporativa (RSC)”, asegura Manuel Escudero, director general de Deusto Business School y primer responsable en España del Pacto Mundial, la gran alianza entre Naciones Unidas y el mundo de los negocios.
“Hasta el momento, la RSC ha estado orientada a prevenir riesgos por actuaciones irresponsables de la empresa, pero ahora se entiende que debe perseguir la creación de valor sostenible, es decir, que la empresa genere valor para sí misma y, al mismo tiempo, impactos positivos para la sociedad; impactos que se van a poder identificar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, detalla Escudero.
Aún no están determinados los mismos, pero Naciones Unidas trabaja sobre la base de 12 objetivos universales que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta asegurar el buen gobierno pasando por la igualdad de género, la provisión de educación de calidad, la garantía de vidas saludables o la creación de trabajo, tipos de vida sostenible y crecimiento equitativo.