Editorial

Ahorro, capitalización económica y fiscalidad

Los españoles gastarán solamente en este año 116.000 millones de euros en pensiones públicas de la Seguridad Social (un 11% del PIB), mientras que acumulan un ahorro en los fondos privados de pensiones por valor de unos 90.000 millones de euros (un 8,8% del PIB), que es fruto de aportaciones de varios ejercicios. Cualquier comparación con un país que tenga similares niveles de población y riqueza en Europa convierte los datos españoles en alejados del óptimo. Alejado porque poco más de 100.000 millones de euros para financiar el retiro de 8,2 millones de personas que tienen pensión pública es una cantidad muy modesta, de la que participan con una media de 14.000 euros al año o 1.000 euros mensuales con dos pagas extraordinarias; ese saldo supone que el retorno actual de las pensiones públicas de jubilación sería aproximadamente de un 50% de la remuneración media de los asalariados. Aunque es evidente que las pensiones son hijas de los salarios y sus cotizaciones, comparativamente hablando, la retribución de los pensionistas españoles es manifiestamente mejorable respecto a la media europea.

Pero más alejado del óptimo está aún el ahorro destinado al retiro, al menos el articulado a través de los fondos de pensiones comercializados en España. Con las llamativas salvedades de Alemania o Francia, donde las pensiones públicas son mucho más generosas que aquí, el esfuerzo privado por capitalizar un retiro financiero es demasiado modesto, el más bajo de Europa. Países como Holanda, Suiza o Reino Unido disponen de mecanismos privados capitalizados hasta niveles tan elevados que soportan pagos anuales similares al sistema público, lo que proporciona un doble anclaje de seguridad en la ciudadanía y una relajación adicional nada despreciable en los costes que soporta el sistema productivo vía cotizaciones.

España promueve desde los noventa un reequilibrio voluntario de los esfuerzos en la financiación del retiro de los españoles. Ha reforzado el carácter contributivo del sistema público, con topes de cotización y topes de prestación, y ha estimulado el espacio de crecimiento para los sistemas privados. Pero el éxito de la operación ha sido relativo, por no decir abiertamente que muy limitado. El general de la ciudadanía sigue encontrando más certezas en el sistema de aseguramiento público, entre otras cosas porque da cobertura incluso sin aportar nada durante toda la etapa de actividad de los asegurados, que en el privado. Este, además de que no tiene aún una visibilidad histórica que refuerce su imagen y la proyecte sobre los asegurados porque es relativamente joven, ha pasado por episodios que restan más que suman, como una gestión a todas luces mejorable de una buena parte de las entidades financieras en el pasado que ha desembocado en una crisis bancaria cuyas dimensiones todo el mundo conoce.

Ahora, Administración y banca deberán hacer un esfuerzo adicional para recuperar el tiempo perdido y consolidar la alternativa privada como complemento de la pensión pública, que no como sustituto. Deberán explicar bien que el sistema público debe ser reformado y reforzado en las aportaciones para ser sostenible, y que solo será sostenible si proporciona retornos menos generosos que los actuales en función de las cotizaciones recibidas. Y deberán explicar que el mejor mecanismo para que tal circunstancia sea compatible con la seguridad financiera de la ciudadanía es abrir nuevos espacios a la capitalización y aseguramiento privado.

Y eso en España, país poco dado al ahorro, exige esfuerzos de educación financiera, de planificación familiar y dosificación de los esfuerzos y los gastos, y de estímulos tributarios sostenibles en el tiempo. Dado que el Estado tiene escaso margen de maniobra para rebajar la presión sobre los rendimientos del capital o del trabajo, debe concentrarse en los estímulos al ahorro, sobre todo en aquel destinado a la jubilación. Porque además de funcionar como un estabilizador de las rentas que dé consistencia a variables como el consumo o la inversión de los particulares, los fondos de pensiones deben convertirse también en un instrumento básico de capitalización de la economía, una circunstancia de la que España ha estado siempre huérfana, y que es uno de los mayores activos económicos en las sociedades avanzadas en cuyos espejos se mira.

 

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