Industria recurrió al Supremo una cláusula abusiva por Castor

Se presentó antes de producirse los seísmos. Soria crea la confusión sobre la posible indemnización en caso de cierre

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.EFE

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró en el Congreso de los Diputados que antes de que se produjeran los seísmos atribuidos al almacenamiento de gas Castor, su departamento pidió al Tribunal Supremo que declarase lesiva una cláusula incluida en la autorización administrativa de dicha instalación, que establece las indemnizaciones en caso de que se paralice definitivamente el proyecto. Se trata de un recurso de lesividad, que es el que el Estado puede presentar contra sí mismo si aprecia que una decisión suya causa daños a terceros, en este caso, al interés general.

El ministro sembró la confusión al no especificar la fecha del recurso y al dar a entender que lo que se ha pedido al Supremo tiene como objetivo no pagar la indemnización correspondiente en caso de cierre definitivo de la instalación. El RD 855/2008 aprobado cuando dirigía el departamento de Industria Miguel Sebastián y por el que se otorgó la concesión a la sociedad Escal UGS (participada en un 66,7% por ACS y en un 33,3% por la canadiense CLP) , señala que en caso de suspensión de la concesión, la instalación pasaría a ser titularidad del Estado. En este circunstancia, el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto. Pero además, y es la cláusula supuestamente recurrida por Industria, en caso de que el cierre se debiera a “dolo o negligencia del operador”, también se le indemnizaría, en este caso por el valor residual de este. Al no haber entrado en operación aún, el valor residual y el contable coincidirían.

Sin embargo, aunque se trata efectivamente de una cláusula altamente lesiva (en el Código Civil, en caso de dolo o negligencia las indemnizaciones son cero) esta no parece ser la razón de un hipotético cierre de Castor. El almacenamiento se cerraría definitivamente a causa de los movimientos sísmicos que se han producido en la zona a raíz de la inyección de gas colchón y no por “dolo o negligencia del operador”, y dado que la Ley de Hidrocarburos establece que los riesgos sísmicos en estos proyectos los asume el Estado, la indemnización no dependerá de lo falle el Supremo en el recurso del que dio ayer cuenta Soria. No obstante, una vía de investigación de los expertos es si la inyección se ha hecho a una velocidad no adecuada para el antiguo yacimiento de hidrocarburos.

Fuentes del sector se sorprendieron de que el titular de Industria no haya informado antes de un recurso, del que también habló al final y no al comienzo de su intervención de ayer en la Comisión de Industria del Congreso.

Soria señaló  que el coste total del proyecto Castor asciende a unos 1.700 millones de euros frente a los 1.400 millones que se venían estimando hasta ahora y los 700 iniciales. Y recordó que la actividad de almacenamiento está regulada y, por tanto, tiene la consideración de coste del sistema y se retribuye mediante la tarifa, aunque solo una vez que entra en funcionamiento, en el marco del sistema. Escal UGS tiene reconocida una retribución por esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.