Quién le pone el cascabel a Castor
Por razones ya olvidadas, los pequeños yacimientos de petróleo del Cantábrico y el Mediterráneo se bautizaron con nombres de aves, peces y otros animales. Uno de ellos, Castor, ubicado frente a la costa de Vinaros, llegó a producir durante su vida útil 55 millones de barriles. Castor fue descubierto en 1970; en 1972 entró en producción y en 1989 fue clausurada por agotamiento.
En los años en que fue explotado por Shell no se produjo ningún incidente sísmico reseñable, como confirman fuentes que trabajaron en el yacimiento, reconvertido ahora en un almacén subterráneo de gas natural. El que está copando la atención de la opinión pública desde que comenzaran a detectarse hace varias semanas insistentes movimientos sísmicos en las costas de Castellón y Tarragona. Una sismicidad inducida (la que no se produce de forma natural) por las primeras inyecciones de gas colchón en una instalación propiedad de Escal UGS, sociedad participada por ACS en un 66,7% y por la canadiense CLP, en un 33,3%. La correlación en el tiempo entre ambos hechos resulta indiscutible. Así lo apreció el Ministerio de Industria, que, a través de una resolución de la Dirección General de Energía y Minas, decidió el cese temporal de la actividad de Castor el pasado 26 de septiembre.
Más extraño resultó el seísmo de 4,2 grados en la escala de Richter que tuvo lugar el 28 de septiembre, el más grave de todos y del que los expertos del Instituto Geográfico Nacional deben determinar si ha sido producido por el llenado del almacén. Un movimiento inferior a 3 grados no es perceptible por el hombre y a partir de 5 causa daños en los edificios. El último gran terremoto en la falla de Amposta, que limita el campo de Castor, tuvo lugar en el año 1840 alcanzando los 5 grados Richter.
La anomalía del día 28 es la clave de la investigación y, a falta del informe geológico, no se descarta que la inyección de gas haya producido “la liberación de la tensión acumulada durante años en la falla y haya desencadenado un temblor que, de lo contrario, se habría producido pasadas varias décadas”.
Pero la polémica de Castor tiene otras vertientes:si la declaración de impacto ambiental se hizo correctamente; cuál es el futuro de la planta y, de ser clausurada, quién pagará la factura. Todo indica que la declaración cumplía la normativa comunitaria, como así ha reconocido la CE, pese a no incluir un informe sísmico. Las exigencias dependen de la catalogación de las zonas y la del Mediterráneo no se considera “activa” sísmicamente.
Todo apunta a que el Gobierno mantendrá el cese temporal sine die, la solución menos costosa económica y políticamente
Otra cuestión discutible es si por razones de prudencia, se debería haber incidido más en los riesgos sísmicos. Lo cierto es que nadie alertó en su día de un riesgo “de gran calado” y menos aún los ayuntamientos de la zona, hoy en pie de guerra, que defendieron en su día a capa y espada a Castor. Sí le se puso como condición, y así lo ha cumplido la empresa, la instalación de una red de seguimiento sísmico, que ha contribuido a mejorar las detecciones.
Respecto al futuro del almacénamiento, todo apunta a que la situación va camino de empantanarse. Tres son las opciones, según los expertos: que se reanude la actividad de Castor, siempre que los expertos oficiales garanticen que no habrá peligro (algo de por sí espinoso);que se clausure definitivamente la instalación, lo cual obligaría al rescate de una concesión otorgada en 2008 y a restituir una inversión de 1.400 millones y, ni una cosa ni la otra, sino mantener sine die el cierre provisional, incluso hasta dos años para que el problema lo herede el próximo Gobierno.
La tentación de la reapertura se percibe en las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, que ya no habla en general de garantizar la seguridad, sino de la “seguridad de las personas”. La empresa que explota el proyecto, que solo reconoce una sismicidad inducida de hasta 3 grados, también empieza a confiar en volver a la actividad.
Una solución perfecta, ya que el cierre definitivo, además de costoso económicamente, pondría en entredicho los proyectos de fracking en marcha, que tanto gustan al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero, incluso con el plácet de los geólogos, la reapertura tendría otro coste político que quizás no está dispuesto a pagar. Menos aún cuando se encuentra en el ecuador de su mandato.
Por tanto, dar una patada hacia adelante al problema manteniendo el cese temporal de Castor le resultaría lo menos costoso electoral y económicamente. El proyecto no cuenta aún con el acta de puesta en marcha, que solo obtendrá cuando se aprueben las auditorías de coste que determinarán su valor y, por tanto, su retribución. Si el cese temporal no se levanta, la propietaria del proyecto solo recuperaría, entre tanto, los costes financieros.
Enagás, que mantiene un acuerdo para comprar un tercio del capital de Castor a ACS, se ha librado del conflicto por la campana. El operador del sistema ha condicionado su entrada en Castor a que se cumplan esas dos condiciones, algo que va para largo.
En cuanto al cierre definitivo, este implicaría responsabilidad patrimonial. Escal ha afirmado que, en este supuesto, el Estado le devolverá la inversión. La vía más fácil es cargársela a los consumidores en la tarifa del gas y la que resulta más legal, es que la sufraguen los Presupuestos, pues la concesión la ha otorgado el Estado y el sistema gasístico no es responsable.
En esta hipótesis, hay quien considera que para pagar menos, el Gobierno podría revisar los sobrecostes de una infraestructura, cuyo presupuesto inicial era de 300 millones, que denunció en varias ocasiones la CNE. O apelar al riesgo empresarial del negocio.
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