La banca pide ayuda al Gobierno para limitar el impacto de Basilea III
El sector se siente agraviado frente a sus homólogos europeos La banca pide al Gobierno que suavice el efecto por no poder computar como recursos propios sus activos fiscales.
El sistema financiero español no gana para sustos. El efecto de la supresión de la claúsula del suelo en las hipotecas, la nueva reclasificación de las refinanciaciones, los test de estrés por los que tiene que pasar otra vez el sector, la imparable subida de la morosidad, unido a un negocio en declive ante la falta de demanda de créditos –la principal actividad de la banca–, tienen en los últimos días un espacio destacado en todas sus reuniones con el Banco de España, sus asociaciones, el Gobierno y en foros financieros internacionales.
El informe que presentó ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española, y en el que se abordó también algunas recomendaciones sobre el sistema financiero, contó con un punto que fue aplaudido por la banca, el artículo 12. En él el FMI exige “una vigilancia proactiva para salvaguardar la solvencia del sistema y apoyar el crédito”.
El Fondo, así pide, entre otras medidas, acciones que incentiven el “intercambio de activos de impuestos diferidos por créditos fiscales”.
La búsqueda de soluciones para remitir al Gobierno para suavizar el impacto de la nueva regulación sobre los activos fiscales, y que restarán al capital del sistema financiero alrededor de 50.000 millones de euros, se ha convertido, de hecho, en el protagonista de las reuniones de la banca. Solo las entidades cotizadas perderán 46.000 millones de euros en capital de máxima calidad en 10 años tras aplicar la nueva directiva de Basilea III, como adelantó CincoDías el pasado 20 de mayo.
La nueva normativa que entra en vigor el próximo año y que impedirá por primera vez computar como recursos propios de primera categoría, más conocido en el sector como core capital, sus activos fiscales diferidos se ha convertido en un dolor de cabeza para el sector, y así se lo han trasladado al Gobierno en diversas ocasiones.
“El efecto discriminatorio que esta situación provocaría en la banca española en términos de competitividad es enorme”, explican fuentes jurídicas del sector. Su opinión se basa en que según los análisis realizados por consultores y bancos de negocios el impacto medio en el capital de las entidades de crédito españolas ascendería a más de 300 puntos básicos. Para los grandes bancos europeos sólo sufrirían un impacto medio en su core capital de 60 puntos básicos.
Según estos mismos análisis las entidades financieras que sufren un menor impacto serían las italianas, que han logrado que el Gobierno suavice su efecto a través de una normativa fiscal.
Otras fuentes financieras afirman que la búsqueda en España de una solución es “un aspecto crucial para las entidades de crédito españolas, puesto que la cuantía de los créditos fiscales que mantienen es realmente muy significativa en comparación con las entidades de crédito competidoras de países de nuestro entorno”.
Ello se debe, según fuentes jurídicas, a que en la normativa española existen más causas de generación de activos fiscales diferidos que en otros países europeos, por un lado. Y por otro, a que la norma fiscal española no permite la compensación retroactiva de las bases imponibles negativas o carry-back, que sí se realiza en otros países como Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda.
Además, la banca española no puede monetizar estos activos fiscales, solución que se adoptó en Italia ya en 2011, ante un problema muy similar al español, explican las mismas fuentes.
El progresivo incremento de los créditos fiscales en la banca española proviene de lejos, de hace más de 20 años, cuando el Banco de España impuso la necesidad de dotar provisiones genéricas de insolvencia que no eran deducibles fiscalmente, y que han generado importantes cifras de activos fiscales diferidos.
En los últimos años, con el incremento de la morosidad, estas provisiones genéricas se han aplicado a activos concretos en mora, y con ello las provisiones se han convertido en deducibles. Pero en esos momentos las entidades no tenían suficientes beneficios, lo que les ha provocado bases imponibles negativas (pérdidas fiscales) que son compensables en 18 años, y generan a su vez otros activos fiscales que restarían de recursos propios.
La nueva regulación no se aplicará por completo el primer año, pero ya cotiza en los mercados financieros.
Una solución como la italiana o la brasileña
La banca española lleva meses intentando buscar con el Gobierno una solución al impacto de Basilea III, recogida en el reglamento de la CRD4-CRR. Una de las alternativas que cuenta con un mayor consenso en el sector es amortiguar su efecto con una norma fiscal, como ya han hecho Italia en 2011 y Brasil este año. En este caso, se permite que el crédito fiscal reúna las condiciones que exige Basilea III. El sector así tantea a Hacienda, una vez fracasado su intento de que Basilea III flexibilizase estas exigencias. La normativa que entrará en vigor en 2014 exige la deducción del capital de los activos fiscales diferidos originados por pérdidas fiscales, salvo que sean compensables con beneficios de años anteriores, o los originados por gastos contables que no son fiscalmente deducibles. El régimen de aplicación de la norma será paulatino durante 10 años desde 2014, con incrementos del 10% cada año.
