El refuerzo de los bancos puede pasar factura a la economía

¿Cómo afecta la reforma financiera al ciudadano de a pie?

Los bancos han preparado gabinetes de crisis para estudiar hasta el más pequeño detalle de la nueva reforma financiera del Gobierno y determinar cuanto antes sus repercusiones. Pero la banca no es la única afectada. Los ciudadanos también la sufrirán o se beneficiarán de ella en más aspectos de lo que parece.

Una persona saca dinero de un cajero de Banco Popular
Una persona saca dinero de un cajero de Banco Popular

Ninguna reforma de calado es neutra para el ciudadano y menos si la banca es la protagonista. El crédito, las hipotecas, los instrumentos de inversión, los ahorros e incluso la obra social de las cajas se verán afectados por las medidas que prepara el Ministerio de Economía. Es ya la tercera reforma financiera del Ejecutivo de Mariano Rajoy y viene marcada por las exigencias que ha puesto Bruselas en el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que ha firmado el Gobierno conseguir el crédito de 100.000 millones para rescatar a la banca en apuros. El real decreto donde se concretará el nuevo escenario se aprobará este viernes, pero Economía ya ha redactado un borrador donde constan todos los detalles, aunque puede haber cambios tras la negociación que se está produciendo estos días con Bruselas.

¿Qué pasa con el crédito?

Uno de los requerimientos incluidos en el borrador del Gobierno que más alejados parecen del día a día de cualquier persona es el que exigirá una solvencia del 9% a todos los bancos. Esta decisión supone endurecer un punto los requisitos a la mayoría del sector, aunque los bancos más grandes (Santander, BBVA, La Caixa y Popular) ya debían cumplirlo por exigencia europea.

En teoría, el objetivo del Gobierno y de Bruselas es reforzar la solvencia de la banca, hacerla más fuerte para que pueda asumir sin caer en el abismo las pérdidas adicionales que puedan aflorar de la crisis que se vive en España.

Pero proteger a la banca de la crisis tiene una cara oculta: puede agudizarla. No se trata de una paradoja, sino de una elección. Se ha optado por defender el sector financiero (aunque sea a costa de abocar a casi todas las entidades salvo las más grandes a la petición de ayudas públicas) frente a estimular la economía y tender puentes hacia la recuperación.

Y es que una exigencia de más capital a la banca tendrá una consecuencia directa en la concesión de crédito, por ejemplo. La ratio de capital se calcula sobre las exposiciones totales de cada entidad ponderadas por riesgo, así que, sea cual sea la calidad del crédito futuro, aumentarlo hace que cueste más llegar al 9%.

Y si los bancos se lo van a pensar dos veces para dar crédito sea lo seguro que sea, mucho menos para una hipoteca, sobre la que pende la amenaza de una futura provisión (siempre para defender la solvencia de la banca, por supuesto). La provisión va directamente contra resultados (salvo excepciones, que también penalizan aunque de otra forma), lo que vuelve a hacer más difícil todavía conseguir la ratio de capital exigida.

Varios analistas han alertado en el pasado de esta realidad. Pero es algo que ni siquiera la banca intenta maquillar. El más contundente ha sido el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola. "Si se exige más capital, se traduce en presión en el crédito", aseguró ya hace unos meses en rueda de prensa. También añadió algo que quizá es peor: "Se ha elegido un camino más de equilibrios políticos que de análisis de lo que había que hacer para volver al crecimiento".

Ahí está otra clave de la reforma financiera. Sin crédito no hay reactivación ni apuesta por la actividad, personal o empresarial, y eso poco puede ayudar a la recuperación de la economía o del empleo.

¿Caerá el precio de la vivienda?

La respuesta basada en la experiencia tendería a decir que no. La primera reforma financiera que presentó el ministro de Economía, Luis de Guindos, tenía expresamente ese objetivo. No funcionó. Tampoco la siguiente. Esta vez parece que algo más se hará, pero ya hay muchos escépticos.

La teoría dice que los bancos son reacios a vender viviendas a precios más bajos a como los tienen valorados porque eso les implica asumir pérdidas. Y las pérdidas hacen más difícil conseguir la ratio de capital exigida, así que las evitan como a una enfermedad contagiosa. De ahí la esperanza de que las distintas reformas que obligaban a aumentar las provisiones sobre los activos inmobiliarios ayudaran a rebajar los precios. Eso supone reducir el valor del activo en sus libros, así que podían venderlo más barato sin penalizar sus resultados.

Lo que pasa es que las provisiones siempre se han quedado cortas con respecto a la realidad del mercado inmobiliario. Ahora, tanto la necesidad de traspasar activos al banco malo como las auditorías que se están realizando sobre la banca tienen como meta dar un valor más real a esos activos. Otra vez, los bancos tendrán que provisionar y así les dolerá menos vender más barato.

La clave está en la valoración que se haga, porque otra vez puede haber ahí trampa. Es perfectamente natural que la tasación incluya una perspectiva temporal que asuma una cierta recuperación de la economía española, pero eso puede dificultar que los precios finales se ajusten a la realidad que hay de verdad hoy en día.

El poder de la banca para enredar a los clientes, invalidado

Los bancos no podrán aprovecharse como antes de su poderosa red comercial. Hasta hace muy poco tiempo, las sucursales eran una suerte de bazar de productos financieros, en numerosas ocasiones que acarreaban riesgos significativos, que se colocaban entre particulares en avalancha.

El borrador de la tercera reforma financiera de Luis de Guindos incluye cláusulas específicas para la venta de preferentes. La mitad de la emisión deberá que dirigirse a inversores profesionales y el mínimo de suscripción será de 100.000 euros para las entidades que no coticen en Bolsa.

El real decreto no solo dificulta la venta de participaciones preferentes, sino de cualquier otro producto complejo. Los clientes quedarán advertidos por escrito y, prácticamente, se les mostrarán gigantescas señales de peligro antes de que estampen su firma. El objetivo es que les quede meridianamente claro que no contratan un depósito ni una cuenta corriente ni nada que se le parezca. La capacidad de las entidades financieras para capitalizarse con los ahorros de los pequeños inversores queda herida de muerte.

El poder de la banca para vender instrumentos complejos, incluidos los bonos necesariamente convertibles -un producto en el que el Santander fue el pionero en 2007 y le siguió la mayoría de sus competidores-, queda reducido a la mínima expresión. Banco Popular, de hecho, ha retrasado una emisión de convertibles para particulares por 700 millones de euros que anunció junto a la opa sobre el Pastor en octubre del año pasado.

También la renta fija, sea subordinada o no, ha quedado públicamente retratada como un producto de riesgo en mayor o menor medida. Sabadell, La Caixa y Popular, entre otras entidades, han empleado recientemente este tipo de emisiones para lograr dinero contante y sonante entre los particulares. Incluso los pagarés, un producto clásico de profesionales que ha sido reformulado para los pequeños ahorradores, se revela ahora como un activo expuesto a un cierto peligro ante una eventual "resolución ordenada" (una forma elegante de decir "liquidación") de la entidad.

Mejor prevenir que curar: depósitos de hasta 100.000 euros por entidad y titular

La puerta a liquidar bancos queda abierta de par en par, solo falta que alguien se atreva a pasar por ella; o, mejor dicho, que Bruselas obligue a algún banco a atravesarla. Así, en caso de una "resolución ordenada" -un proceso en el que se venden activos, se desguazan o se busca un comprador, como en el caso de CCM y Cajasur- y si esta termina en liquidación, el borrador de la reforma financiera es taxativo: el objetivo es "proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)". Es decir, se cubren única y exclusivamente 100.000 euros por entidad y titular.

No habrá mínimo en entidades con respaldo público que sean viables, pero la duda sobre este punto es de difícil de extinguir: el FROB se reserva el derecho a liquidar las entidades que considere que nunca van a ser rentables por sí mismas. La consecuencia es clara y el consejo, obvio: a partir de ahora cobra más importancia que nunca el importe mínimo que cubre el FGD, especialmente en los bancos no considerados sistémicos. Bankia, por ejemplo, estaría a salvo de una potencial liquidación, debido a los efectos colaterales que tendría en el resto del sistema financiero. Otras entidades de un tamaño tal que no pueden caer (too big to fall) son Santander y BBVA.

Soy dueño de preferentes, deuda subordinada o convertibles

De entrada, los inversores que tendrán problemas son los de Bankia, Novagalicia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa. Está claro que los compradores sufrirán pérdidas respecto a su inversión inicial, al menos de entrada. El borrador del real decreto, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del MoU, especifica que los híbridos (preferentes y convertibles) y los bonos subordinados deberán valorarse a precios de mercado; en el mejor de los casos, las entidades podrán pagar un 10% más que la cotización en el secundario.

Contabilizando bonos subordinados y preferentes, la cifra en circulación de los cuatro bancos nacionalizados supera los 11.200 millones de euros. De estos, unos 4.500 millones corresponden a participaciones preferentes y el resto, a deuda que se sitúa después de los acreedores VIP, como los propietarios de cédulas (hipotecarias o territoriales), de pagarés o de deuda sénior.

La deuda -por muy subordinada que sea- que haya sido emitida por entidades que no necesiten capital público no tienen por qué asumir pérdidas. BBVA, Santander y Popular, por ejemplo, han dado la oportunidad a los que compraron sus preferentes de obtener liquidez sin sufrir minusvalías.

Soy dueño de pagarés, cédulas o deuda sénior

Los dueños de este tipo de deuda, considerada de primera categoría, no tienen que temer ante posibles canjes o actuaciones con el objetivo de reducir el coste de los rescates. La trasposición del MoU ni siquiera los menciona, de manera que el pago de los intereses y la recuperación del principal están, en principio, garantizados. La situación cambia, claro está, si se produce la "resolución ordenada" de la entidad.

Tengo el dinero en una entidad intervenida

Con el borrador de real decreto y el MoU en la mano, las entidades que no tengan futuro económico viable alguno serán liquidadas (con algún matiz dependiendo de su tamaño). Eso quiere decir que si un banco ha sido ayudado o incluso intervenido totalmente por el Estado, pero no tiene encima una orden de desahucio, es que se ha determinado que puede sobrevivir.

Y eso quiere decir que su negocio se mantiene y sus depósitos también (incluso por encima de los 100.000 euros respaldados por el Fondo de Garantía de Depósito). Eso sí, quienes tienen que agarrarse son sus accionistas y los dueños de preferentes o bonos subordinados de la entidad en cuestión. Para ellos, vienen curvas.

La legislación va encaminada en todo momento a minimizar el coste al contribuyente (un dogma al que Bruselas se aferra), así que todo el que haya asumido un riesgo en su inversión debe pagar por él antes que el ciudadano de a pie. Las participaciones preferentes y los bonos subordinados sufrirán pérdidas para reducir el pasivo de la entidad. No habrá miramientos a la hora de diluir a los accionistas ni de dejarles sin dividendo.

Tengo el dinero en una entidad que será "resuelta de manera ordenada"

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, señaló el pasado mes de junio que el objetivo del Gobierno es liquidar una de las tres entidades pequeñas nacionalizadas. Puso por tanto nombre y apellidos a los bancos que pueden ser desguazados: Banco de Valencia, Novagalicia o Catalunya Caixa. Entonces, el FROB desmintió su intención de liquidar ninguna entidad, si bien ahora el real decreto vuelve a dejar en evidencia al fondo de rescate de la banca española y al propio Gobierno, ya que abre completamente la puerta a esta posibilidad.

Los depósitos -ya sea en forma de cuentas de ahorro o de imposiciones a plazo fijo- están asegurados en hasta 100.000 euros por persona y entidad; más allá de este límite, no existe garantía del Estado. Es decir, una cuenta con tres titulares en un mismo banco garantizaría como máximo 300.000 euros... Pero no más.

La "resolución ordenada" sin final feliz -es decir, que termine en liquidación- de una entidad será similar a la liquidación de cualquier empresa. Venderá sus activos y en la medida de sus posibilidades, y atendiendo al orden de prelación de los distintos acreedores, tratará de saldar sus deudas. El borrador especifica que "ningún acreedor soportará pérdidas superiores a las que habría soportado si la entidad es liquidada en el marco de un proceso concursal".

En este caso, todos los acreedores, incluidos los premium (trabajadores, Hacienda, Seguridad Social, dueños de cédulas, de pagarés y de deuda sénior), se verán afectados por eventuales quitas. Claro está, los primeros en sufrir serán los accionistas, después los que compraron bonos necesariamente convertibles en acciones; a continuación los que invirtieron en preferentes; y, por último, los que compraron deuda subordinada.

¿Adiós a la obra social?

No es exactamente una consecuencia de la enésima reforma financiera ni del rescate pedido a Bruselas, realmente, sino el resultado del declive y los problemas económicos de las cajas. Pero está claro que la obra social depende de los beneficios y que eso es algo cada vez más difícil de conseguir, sobre todo cuando la regulación tiende a exprimirlos con más requerimientos de capital y provisiones. Y también está claro que para cobrar dividendo hay que ser accionista, así que la entrada del Gobierno en el capital de varias cajas en apuros extremos las ha dejado fuera de juego y pendientes solo de lo que hubieran ahorrado en el pasado.

A futuro, los fondos disponibles por las cajas que reciban alguna ayuda pública, incluso aunque no sean intervenidas totalmente, tienen un destino muy claro en el borrador de real decreto: reforzar su solvencia y devolver el auxilio. La obra social no está en la lista de prioridades ni de Bruselas ni del Gobierno.