Empleo público y mercado laboral
Los últimos datos de coyuntura económica nos han suministrado datos referentes al mercado laboral. Así, en julio el desempleo registrado descendió en 27.814 personas con un aumento interanual del 12,4%, según los Servicios Públicos de Empleo.
Por otra parte, la encuesta de población activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre también nos ofrecía datos, pero esta vez negativos. A pesar del efecto estival, el paro aumenta en 53.500 personas, con un crecimiento interanual del 17,78%.
Sobre el mercado de trabajo se manifiestan tanto los efectos más perjudiciales de la crisis como la aplicación de las medidas de ajuste económico. El paro no es cualquier agregado macroeconómico, es un indicador de la tensión del mercado de trabajo y de la sociedad en su conjunto.
La preocupación por la economía conduce a una obsesión por la prima de riesgo. Su seguimiento permanente parece como si fuese lo único importante en nuestras vidas. Tanto es así que ello nos hace olvidar cuál es la mayor preocupación de los españoles: el drama del paro, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los parados son las verdaderas víctimas de la crisis económica que padecemos en nuestro país sean parados procedentes del sector público o privado. En definitiva, unos y otros pasan a engrosar las filas del desempleo. El paro destruye el proyecto personal.
Determinados expertos se empeñan en demostrar que el empleo, en el segundo trimestre del año en curso, ha evolucionado positivamente debido a que se han perdido 63.000 (-2%) empleos en el sector público y en el sector privado se han creado 47.100, dejando un saldo negativo de 15.900 puestos de trabajos perdidos. Es decir, como el sector mercado ha creado empleo aunque se destruya empleo público y dé como resultado que se destruya el empleo global, el mercado laboral funciona.
Es necesario tener en cuenta que cuando se recortan las plantillas en el sector público con el único objetivo corto placista de hacer caja, y sin haber realizado previamente el diseño de un plan de eficiencia en la gestión de recursos humanos, se produce una pérdida de conocimiento y habilidades en dichos recursos. En este sentido, mejorar la eficiencia de las Administraciones públicas tiene que ser siempre un objetivo prioritario y no solo porque se tenga falta de liquidez.
Un ejemplo concreto nos lo proporciona Canadá donde la implantación de sus medidas de rigor presupuestario para eliminar el déficit público fueron de tal magnitud (eliminación de un tercio de la plantilla de funcionarios públicos) que dos años después, como consecuencia de la pérdida de conocimiento y de saber hacer, se vieron obligados nuevamente a contratar a la mayoría de los despedidos. No se puede destruir en un corto periodo de tiempo lo que tanto ha costado construir. Se necesita un periodo de largo plazo para construir know how.
Además el ahorro económico que se intenta conseguir no lo es tal. El despido de un funcionario público, en términos monetarios, no es equivalente al que se produce en la empresa privada. En esta última el ahorro en costes laborales es del 100%, ya que los gastos por prestaciones por desempleo los paga la Administración mientras que en la función pública no sucede lo mismo. Al salario que se ahorra la Administración hay que descontarle el coste en gastos de prestación por desempleo que paga la propia Administración. Sería interesante realizar estudios adicionales para comprobar el ahorro real que se produce ajustando las plantillas de la Administración pública tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
En un contexto de crisis aguda del empleo, en el diseño de las políticas de lucha contra el paro no son útiles las respuestas tradicionales de la acción pública. El trabajo no es una mercancía. El juego simple del mercado de trabajo no nos asegura disminuir la tasa de desempleo, Las políticas de empleo y su articulación con las políticas macroeconómicas son hoy más que nunca totalmente indispensables. Y deben ser una prioridad para luchar contra el desempleo masivo y la precariedad laboral. Una sociedad democrática no puede ser justa si no es capaz de reintegrar a los parados de larga duración (casi 3 millones) y de integrar a los jóvenes y a las personas poco cualificadas. La justicia social es un valor que es necesario reafirmar permanentemente.
Vicente Castelló Roselló. Profesor de la Universidad Jaume I