¿Es el caso Wal-Mart la punta de un iceberg?
Wal-Mart, la mayor cadena minorista del mundo, se enfrenta a una larga investigación por posibles prácticas corruptas después de que The New York Times publicase recientemente que la empresa conocía denuncias de sobornos desde 2005 que habían sido ocultadas por altos ejecutivos. Según el diario neoyorquino, los sobornos sobrepasaron los 24 millones de dólares y se destinaban a lograr permisos de nuevos almacenes en México.
La compañía americana ha declarado que no tolerará ninguna violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero "en ningún lugar ni a ningún nivel" y ha abierto una investigación para determinar si algunos de sus empleados y ejecutivos sobornaron efectivamente a las autoridades mexicanas. Para evitar el incumplimiento de esta legislación, reforzará sus controles internos, pondrá en marcha políticas más eficaces, mejorará la formación de su personal y aumentará sus auditorías.
Pero el mal ya está hecho. Las acciones de Wal-Mart continúan bajando desde esta noticia y se estima que tardará entre dos y cuatro años en solucionar este problema. Las acusaciones contra Wal-Mart, además, han abierto la polémica sobre las prácticas de las compañías estadounidenses en el extranjero, que ya habían estado en entredicho por investigaciones similares en Alcoa, Hewlett-Packard o Avon. La mayoría de los analistas han apuntado que el escándalo podría dificultarle abrir nuevas tiendas tanto en EE UU como en el extranjero.
Un caso más cercano es el de la alemana Siemens, multinacional alemana con tradición y prestigio que avergonzó al mundo con su confesión en el año 2009: pagó sobornos millonarios a funcionarios en varios países, sobre todo en Argentina y Venezuela. Tres años después, el Gobierno de Estados Unidos presentó cargos criminales y una demanda civil contra ocho ex altos ejecutivos y colaboradores de la multinacional alemana por los más de 100 millones de dólares en sobornos que desembolsó para obtener, mantener y resucitar el cuestionado proyecto DNI.
¿Es Wal-Mart un caso aislado de corrupción en grandes empresas o es, acaso, la punta del iceberg? Me temo que la respuesta no es muy optimista. Por desgracia, y según los datos que publican diferentes organismos antifraude, la corrupción es un fenómeno directamente asociado al ámbito empresarial. Los delitos económicos afectan al 34% de las empresas en el mundo. En España, el 47% de las compañías declaran haber sido víctimas de algún tipo de fraude. Lo que resulta aún más perturbador en este tema es que este tipo de prácticas se asumen casi como un mal necesario por muchos ciudadanos: los empleados, mandos intermedios y directivos de nuestro país justifican en un 30% el pago de sobornos, regalos o pagos en metálico, para conseguir un negocio. Este porcentaje disminuye hasta el 19 % en Europa, a pesar de que el 73% de los ciudadanos europeos consideran que la corrupción ha aumentado por la crisis y que esta corrupción supone pérdidas de unos 120.000 millones de euros cada año, lo que equivale al 1% del PIB de los 27 países miembros, prácticamente el presupuesto anual de la UE.
Según un reciente estudio llevado a cabo por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda español, los ciudadanos de nuestro país opinan que los colectivos que más defraudan son los empresarios (40%), seguidos por los profesionales (19%) y los autónomos (11%) y los que menos defraudan son los asalariados (2%). Y esta opinión no se aleja de la realidad ya que, aunque el 42% de los fraudes cometidos en el seno de las empresas son realizados por empleados de bajo rango, el 41% por mandos intermedios y el 17% por altos directivos, estos últimos son los causantes de las mayores pérdidas económicas, siendo, además, el colectivo más difícil de vigilar: se tarda una media de dos años en descubrir una mala práctica de un alto cargo.
Estamos atravesando una profunda crisis y dejando que el dinero se escape por la puerta de atrás. Necesitamos iniciativas anticorrupción como las que recomienda el Pacto Mundial de Naciones Unidas (PACI), que propone medidas preventivas antes que paliativas, luchando contra las malas prácticas en tres ámbitos a la vez. PACI propone, en primer lugar, introducir programas dentro de las empresas y sus operaciones; en segundo lugar, publicar informes en los que se citen ejemplos y casos prácticos sobre las experiencias y buenas prácticas llevadas a cabo en las compañías y, por último, unir fuerzas en cada sector empresarial y sumarse a los diferentes grupos de interés para que la lucha contra el fraude, los delitos económicos y la corrupción sea una batalla de la sociedad en su conjunto. La corrupción no se evita con decretos, se batalla contra ella si la sociedad quiere extinguirla.
Gertrudis Alarcón. Directora general de i2 Integrity Iberia