Ese maldito déficit

Los consumidores adeudarán este año a las eléctricas más de 29.000 millones, una factura heredada de una decisión política con la que se hizo creer que las tarifas no suben.

La factura de la luz que pagan los 29 millones de consumidores que hay en España (más exactamente, los 29 millones de puntos de suministro) se compone de dos partes: el precio de la electricidad y el coste de los peajes de acceso a las redes, que suponen, respectivamente, la mitad de dicha factura. El precio de la energía se determina, en el caso de los clientes con derecho a tarifa de último recurso (TUR) -que son los domésticos con menos de 10 kW de potencia contratada- en subastas de energía trimestrales denominadas Cesur. Los clientes con potencia superior, en su mayoría empresas, contratan la energía de forma bilateral en el mercado libre.

Los peajes de acceso

Los peajes de acceso son la parte regulada del recibo, que determina periódicamente Industria (puede hacerlo cada trimestre, pero no es preceptivo) a través de una orden ministerial. Aunque se pudiera pensar que los peajes se fijan a discreción del Gobierno, nada más lejos de la realidad, ya que los costes incluidos en los mismos están reconocidos en la normativa eléctrica. Los Gobiernos pueden, eso sí, hacer trampas, pero estas terminan por salir caras.

A través de los peajes, los consumidores pagan los siguientes costes: el funcionamiento y mantenimiento de las redes de distribución (5.700 millones de euros previstos para este año); las de alta tensión o transporte (1.700 millones); los incentivos o primas para fomentar el desarrollo de las energías renovables (7.100 millones); las anualidades de los déficits de tarifa de años anteriores, que se pagan como una hipoteca, y otros costes del sistema (2.500 millones). Entre estos últimos figuran los pagos por capacidad (con los que se compensa a ciertas centrales por estar disponibles, aunque no funcionen); la interrumpibilidad, una suerte de seguro de la gran industria, que recibe una compensación a cambio de tener su potencia a disposición del operador para cubrir puntas de demanda, y el funcionamiento de los organismos del sistema (REE, Omel o la Comisión Nacional de Energía).

¿Qué es el déficit tarifario?

El déficit tarifario es un mecanismo (electoralista) que consiste en no cobrar a los consumidores todos los costes de producción y distribución de la electricidad (lo que puede hacer pensar que la tarifa no sube), pero, como tampoco se les perdonan, los pagan de forma aplazada con recargos. En tanto se va pagando, la deuda está en el balance de las cinco grandes eléctricas, que cobran intereses hasta que lo colocan en forma de títulos o bonos en el mercado. Después, los intereses los cobran las entidades que adquieren dicha deuda

El artífice de este engañoso sistema fue Rodrigo Rato, vicepresidente económico en los Gobiernos de José María Aznar, quien a partir de 2002 decidió poner un tope del 2% a las subidas de la luz. Pero, como era de esperar, los costes reales del sistema superaron ese porcentaje y se pasaron al cobro a los consumidores en cómodos plazos de 15 años.

Una bomba para Rajoy

En esos primeros años, el déficit fue coyuntural, pero ya con los Ejecutivos de Rodríguez Zapatero se convirtió en un problema estructural, una bomba que ha vuelto a otro Gobierno del PP y amenaza con estallar en las manos de Mariano Rajoy. En los primeros ejercicios, el desajuste se produjo porque la tarifa no recogía adecuadamente el coste de producción de las centrales tradicionales (hasta un 70% menos en 2005), pero, a partir de 2009, se ha debido al fuerte incremento de los costes de los peajes, especialmente de las primas de las energías renovables, que suponen un 40% del total, y el de las redes eléctricas, que se ha duplicado y suponen casi otro 40%. Según la CNE, entre 2006 y 2010, los ingresos medios por peajes de acceso aumentaron un 70%, mientras que los costes lo hicieron un 140%.

Teniendo en cuenta que la tarifa es como un presupuesto, con partidas de ingresos y de gastos (ver gráfico), también la crisis económica, con el consiguiente derrumbe de la demanda, ha contribuido lo suyo al desajuste tarifario. Por el lado de los ingresos, y debido al hundimiento del consumo, REE calcula que el sistema ha perdido unos mil millones al año desde 2007 (que se hubiesen recaudado de haberse mantenido el ritmo de crecimiento de la demanda). En resumen, si no se hubiese desencadenado la recesión, el déficit de tarifa se situaría hoy en la mitad, unos 14.000 millones de euros.

El reino del 'UR'

Para entender la situación es necesario tener en cuenta el cambio que se produjo en el sistema eléctrico en julio de 2009. Hasta esa fecha, la factura de la luz era toda regulada y tanto el componente de energía como los peajes formaban parte de la llamada tarifa integral: si el Gobierno se excedía en sus previsiones al fijar el precio de la energía, el excedente servía para compensar el déficit de tarifa, y si se quedaba corto, el desajuste lo cobraba en la siguiente revisión de la luz.

La tarifa integral desapareció en 2009, con la mal llamada liberalización del sector y la instauración del suministro de último recurso (SUR), en el que solo los clientes domésticos, con menos de 10 kW, tienen derecho a acogerse a la tarifa de último recurso (TUR), la que, como se señalaba antes, se determina en la subasta Cesur. Los clientes domésticos, por su parte, son suministrados por cinco comercializadores de último recurso (CUR), propiedad de las grandes eléctricas, que acuden a la Cesur.

Pero la TUR, pese a su nombre, es un precio libre que se determina en dichas subastas a plazo (cada tres meses), en las que venden firmas energéticas y financieras para cubrir el riesgo de los CUR al comprar después la energía física en el mercado. Si este precio resulta menor (lo cual es habitual) la diferencia se la embolsan los que han cubierto el riesgo, pero no los consumidores que pagan la tarifa fijada inicialmente en la subasta. Tampoco se beneficia el sistema, que podría destinar dicho margen a financiar la deuda acumulada, tal como ocurría con el antiguo sistema de tarifa integral.

¿Cuánto deben los consumidores?

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de la Energía, el déficit de tarifa acumulado entre el año 2000 y este mismo mes asciende a 21.812 millones de euros o 23.312 millones si se suman los 1.500 millones de desviación que la ley permite de antemano para este año. Además, habría que contar los 6.200 millones de deuda que se ha ido amortizando año a año en el recibo de la luz durante la larga década desde que se instauró el infernal mecanismo: 29.500 millones de euros. El coste de financiar la bola de nieve acumulada será de 2.300 millones este año.

Descontado lo amortizado pero añadiendo los 4.800 millones de déficit extra (por encima del límite legal permitido este año), se puede concluir que el desfase a finales de 2012 superará también la cifra de 29.000 millones.

Los límites legales

Ante la imposibilidad de trasladar a la tarifa un déficit que los consumidores no habrían podido soportar, y con la intención de poner coto a la sangría, el anterior Gobierno socialista aprobó en 2009 un sistema de reconocimiento previo de deudas anuales (déficit ex ante), con un calendario que establecía su desaparición o prohibición total en 2013. Los déficits permitidos y susceptibles de titulizar en el mercado se fijaron en 3.500 millones en 2009; 3.000 millones en 2010; 1.500 millones en 2011; 1.000 millones en 2012, y cero euros en 2013. Los generados por encima de estos topes debían cobrarse directamente en la factura de la luz.

El sistema resultó un fiasco, pues coincidió con el desmadre de autorizaciones autonómicas para instalar plantas fotovoltaicas no planificadas por el Estado y con el inicio de la crisis económica. Así, desde el segundo año, los techos se rompieron y el Gobierno optó por ampliarlos cada vez que se superaban a través de alguna nueva ley.

Llegó el desenfreno

El límite inicial de déficit ex ante de 2010 se amplió hasta 5.500 millones; el de 2011, a 3.000 y el de este año, a los citados 1.500 millones. Pero también estos sobretechos se han superado echando por tierra el sistema de reconocimiento ex ante y sus plazos. Buena parte del desbordamiento responde al incumplimiento flagrante por parte del Gobierno de otro calendario: el del traspaso paulatino de los incentivos de los sistemas extrapeninsulares que se pagan en los peajes (unos 1.900 millones) a los Presupuestos del Estado, que los asumirían en su totalidad en 2013.

Pero al nuevo Gobierno le ha pillado el toro: al no haber elevado de nuevo los extradéficits de 2011 y de 2012 para darles cobertura legal (casi mil millones el año pasado), las eléctricas han logrado el apoyo del Supremo, que ha obligado a Industria de manera cautelar a refacturar desde el 1 de octubre los excesos del año pasado y parte de los de este año.

¿Qué empresas lo financian?

La ley señala que el déficit de tarifa lo es de "las actividades reguladas", esto es, de la distribución. Consciente de que las distribuidoras, que ingresaban en aquellos momentos unos 4.000 millones, no podrían soportar su financiación, el Gobierno llegó a un acuerdo con los cinco grandes grupos eléctricos que explotan estas redes para que fuesen sus generadoras las que asumieran unos desajustes que se creían coyunturales.

El reparto entre Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España (ver gráfico) tiene una relación directa con el cobro de los llamados CTC, incentivos que recibieron las antiguas plantas de generación como protección ante la apertura del mercado, que estableció la Ley Eléctrica de 1997. Con la dimensión que ha alcanzado el déficit, que implica un riesgo para la propia deuda soberana pues cuenta con el aval del Estado, las cinco de Unesa piden que la financiación se reparta entre todas las generadoras del sector.