La deuda eléctrica se tituliza con el aval del Estado
En los primeros años de la última década, el déficit de tarifa se produjo "por un error de previsión del coste de la energía". Después, fue por la decisión expresa del Gobierno de no trasladar a la tarifa integral los costes de la energía que se liquidaba a los distribuidores. Esta decisión acabó con la incipiente competencia que había surgido en el mercado eléctrico, ya que las nuevas comercializadoras no pudieron competir con las falseadas tarifas reducidas.
Aquellos primeros déficits se reconocieron a través de reales decretos y fueron las propias eléctricas las encargadas de titulizarlos en el mercado. De hecho, corrieron con los gastos de las colocaciones, algo que no ocurre ahora. Después se recuperaban en cuotas anuales en el recibo (hasta 2003, en 7 años y posteriormente, en 15).
Para tener un control de las emisiones, el Gobierno de Zapatero decidió que fuese la Comisión Nacional de Energía la encargada de subastar la deuda. Tras el fracaso de este sistema, que los inversores consideraban arriesgado (no se garantizaba la recuperación de cantidades fijas cada año), las eléctricas presionaron para lograr que la deuda eléctrica tuviese el aval del Estado.
Finalmente, lo consiguieron y se diseñó para ello un sistema similar al de las emisiones de deuda soberana. Se creó un fondo (FADE), que controla el Gobierno, al que las empresas acreedoras ceden su deuda para la posterior colocación bajo vigilancia del Tesoro.
Mediante este sistema se colocaron 9.900 millones de euros el año pasado y otros 3.200 millones este año, en un total de 22 emisiones. Desde el 27 de febrero, las titulizaciones se han parado y las eléctricas relacionan este freno con alguna de las medidas que incluirá la reforma del sistema anunciada por el Gobierno. ¿Una quita de la deuda?