El listado de contratistas de Fomento se aligeró un 30% en el crítico 2011
El derrumbe de la obra pública se está encargando de recortar la nómina de constructoras que contratan obra con Fomento. El ministerio repartió trabajo entre 309 empresas en 2010, cifra que cayó a 225 el pasado ejercicio.
Lo que está sucediendo en el negocio de la obra pública española se puede explicar con la teoría de la selección natural y lucha de las especies. A menos obra pública, menos empresas contratando con la Administración. Pero también auténticas tortas entre compañías de todo volumen por los contratos, por muy pequeños que estos sean.
Un reciente concurso adjudicado en Almería se saldó con una baja sobre el presupuesto de licitación del 50% y con la participación de 90 empresas de todo tamaño. El trabajo ascendía a tres millones de euros. Meses antes, en verano, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana aplazaba, por colapso de ofertas, la adjudicación de las obras de tres centros de salud. En este caso se registró la afluencia de medio centenar de constructoras en busca de un encargo de siete millones.
Esta situación ha llevado al Gobierno a plantear seriamente que no hay trabajo para todos y que es necesaria una reestructuración del sector de la construcción, tal y como anticipó el anterior equipo de Fomento, liderado por José Blanco.
En todo caso, la sequía presupuestaria ha motivado que el listado de contratistas del ministerio más inversor del Gobierno, que ahora dirige Ana Pastor, haya mermado un 30% en el último ejercicio.
En 2010 Fomento repartió contratos de obra entre 309 empresas, prácticamente un 10% de las 3.600 empresas constructoras con más de 50 empleados que sobrevivían entonces en este país. La cifra se ha desinflado hasta en un 30% en 2011. Datos que maneja la patronal de grandes constructoras Seopan señalan que la reducida contratación del ministerio fue adjudicada entre 225 compañías. Desde el colectivo de empresas que preside Baldomero Falcones, como reciente sustituto de David Taguas, se sigue pensando que la cifra es insostenible en un contexto de poda presupuestaria como el actual.
Antecedentes
La obra pública que sacaba a licitación el Gobierno era cosa de 100 compañías especializadas en infraestructuras solo 15 años atrás. La inyección de fondos estructurales procedentes de Bruselas fue alimentando el interés de decenas de empresas, muchas de ellas procedentes del boom inmobiliario, y llevó el número de contratistas de Fomento hasta las 193 constructoras en el año 2000.
En la época más boyante para la economía española, en la primera parte de la pasada década, siguió acrecentando la competencia hasta situar el listado de adjudicatarias que comían de Fomento en las 426 constructoras de 2007.
De esa irrepetible cifra, que ha ido cayendo a golpe de quiebras, se pasó a los 310 contratistas en 2010 y a las citadas 225 firmas de obra civil que consiguieron alguna adjudicación el pasado ejercicio, marcado por duras restricciones presupuestarias.
La licitación de contratos (edificación y obra civil) de Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos ha ido retrocediendo desde los 40.300 millones de 2007 a los 39.000 millones registrados en 2008 y 2009, el tijeretazo se dejó sentir en 2010 con una bajada hasta los 26.200 millones de euros y, finalmente, 2011 se ha zanjado con la licitación de obras por 13.750 millones.
La citada Seopan calcula que en los dos últimos ejercicios se ha producido una regresión de la actividad en obra civil del 30%.
Ante el evidente agotamiento del negocio, desde Fomento avisan de que la construcción no volverá a ser la de 2007 y se ofrece para ayudar a las empresa a salir al exterior.
La inversión pública caerá al 2,7% sobre el PIB, según Seopan
En el sector de la construcción se da por descontado que la inversión pública seguirá despeñándose en 2013 y 2014. Esta supuso el 4,4% del PIB en el año 2009. Las estimaciones que maneja Seopan hablan de un 2,7% de peso sobre el PIB para este año y del 2,6% para los dos próximos ejercicios.En este contexto, las distintas organizaciones empresariales están demandando al Gobierno medidas recaudatorias que paguen la conservación de infraestructuras. La petición generalizada es el paso del peaje en sombra en carreteras de alta capacidad, por el que la Administración paga por el tráfico registrado, al peaje explícito. Una medida con la que se ahorrarían unos 2.000 millones de euros anuales.La tarificación de las autovías gratuitas, tanto para el tráfico pesado como ligero, es otra demanda que se ha hecho habitual entre las distintas patronales.