COLUMNA

El informe de la CNE

El informe que acaba de publicar la Comisión Nacional de Energía (CNE), indebidamente al parecer, parte de varias premisas erróneas que restan validez al conjunto del mismo. Se resumen en dos:

l El objetivo de las medidas que proponen es reducir y acabar eliminando el llamado déficit tarifario, en cuya naturaleza no entran. Si reconocieran que ese déficit virtual es la diferencia entre los precios con los que se retribuye la venta de energía y unos costes estimados muy superiores al coste marginal de producirla (por la incorrecta imputación de los costes de producción de origen hidroeléctrico y nuclear), las propuestas para reducir el supuesto déficit tendrían que empezar por redefinirlo, lo que llevaría a una muy sustancial reducción del mismo.

l La apelación, para cargarse de razón, a que la energía eléctrica es más cara en España que en la UE y está atentando contra la competitividad del sistema no se corresponde con la realidad. España tiene un problema de intensidad energética excesiva (o, si se quiere, de ineficiencia energética relativa) y no de nivel relativo de precios y tarifas. Se podría argumentar incluso que el menor nivel relativo (considerablemente menor) de las tarifas hasta 2004 ha podido ser una de las causas de esa ineficiencia energética. Desde 2004 la diferencia en el nivel de las tarifas se ha reducido, pero no es cierto que en España sean más caras. También, por cierto, se han reducido algo las diferencias en eficiencia energética.

Para ilustrar el segundo punto, respecto del que se suele esgrimir una información parcial, utilicemos datos de Eurostat y consideremos por separado la tarifa de electricidad de uso industrial de la domestica. En ambos tipos los precios dependen del volumen de consumo. Para consumidores industriales grandes (un consumo entre 70.000 y 150.000 MWh al año), la tarifa española (sin IVA) está por debajo de la media de la UE-15, es el 70% de la alemana y menor, además, de la que se da en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Bélgica. En consumidores industriales pequeños, la tarifa española (sin IVA) está en la media de la UE-15, es el 82% de la alemana y menor además de la que hay en los países anteriores excepto Reino Unido. Con datos homogéneos (empiezan en 2007) ambas crecieron en España un poco más que en Europa hasta 2009, pero no desde entonces. Y con datos no estrictamente comparables, la impresión que se tiene es que entre 2004 y 2007 crecieron más en España que en la UE-15, pero en 2011 siguen estando en la media o por debajo.

En la tarifa doméstica, para consumidores grandes (un consumo mayor de 15.000 kWh anuales), el precio final (con IVA) es en España menor a la media de la UE-15 y es el 66% del de Alemania y menor además de los que se dan en Italia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Austria y Grecia. Si se tiene en cuenta la capacidad adquisitiva (precios PPP), para estos consumidores el precio español está en la media, es el 74% del de Alemania y es menor además que los de Italia, Dinamarca, Portugal y Grecia. Para consumidores pequeños, el precio final español está por encima de la media aunque es todavía el 92% del de Alemania. Pero si lo medimos en PPP, es un 3% mayor. Es en esta categoría de consumidores domésticos pequeños en la única en la que se puede defender que la electricidad española es más cara que en la mayoría de la UE. Pero no para consumidores domésticos grandes ni para consumidores industriales.

Por tanto, en ningún sentido se puede argumentar que el coste de la electricidad drena competitividad al sistema productivo español. Sí la drena la baja eficiencia energética (como lo hace la baja productividad de los factores productivos en general). Según datos de la AIE, en 2006 España era uno de los países de la UE-15 con mayor intensidad energética en su sistema productivo (excluido los transportes), solo superado por los fríos Finlandia y Suecia y el ineficiente Portugal. Y, además, en España es donde más aumentó esa ineficiencia entre 1991 y 2005. Y, para completar la imagen, el despilfarro energético del sistema de transportes español es bien conocido. Todo eso sí que drena competitividad y no las tarifas eléctricas a pequeños consumidores domésticos.

Manteniendo una definición muy discutible del déficit tarifario y manipulando las estadísticas europeas, la CNE hace una serie de propuestas, una de ellas contra la energía termosolar. Hay muchos argumentos contra ese ataque. Primero, la imagen de inseguridad jurídica al actuar, se vista como se vista, con carácter retroactivo, en un momento en el que España tiene un grave problema de imagen de país poco fiable; segundo, no habiendo ninguna duda de que la energía termosolar estará entre las apuestas del futuro y siendo así que las empresas españolas son hoy líderes tecnológicos en este sector (algo no muy frecuente en otros) se les ataca, reduciendo su capacidad de avanzar en el desarrollo de estas tecnologías; tercero, como pone de manifiesto un reciente informe realizado por Deloitte, los proyectos termosolares tienen efectos positivos a corto y medio plazo sobre el déficit público y sobre el empleo (dos graves restricciones globales en el corto y medio plazo).

Carlos Sebastián. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense