Una empresa andaluza viable
El autor ofrece argumentos económicos y financieros para justificar la reordenación del sector público empresarial andaluz. Mejorar la gestión, la privatización y la consolidación son sus propuestas.
El próximo Gobierno de la Junta de Andalucía se va a encontrar con un sector público empresarial cuya deuda total reconocida supera los 3.000 millones de euros. Aún es más preocupante el hecho de que el 71% del endeudamiento son obligaciones de pago que han de afrontarse a corto plazo y que con las cifras de negocio actual apenas se puede financiar el 35% del endeudamiento.
Otra cuestión que dificulta la viabilidad futura del sector empresarial de la Junta de Andalucía es que su actividad depende de las subvenciones que proceden del presupuesto del Gobierno autonómico: si al resultado bruto de explotación del sector le descontamos los ingresos procedentes de subvenciones, las pérdidas anuales se sitúan en torno a los 1.500 millones de euros.
Por otra parte, el sector empresarial público de la Junta de Andalucía presenta un grave problema de ineficiencia, que obligará al próximo Ejecutivo regional a reestructurar los costes salariales, ya que la ratio remuneración salarial/cifra de negocio supera el 73%.
Además de los argumentos económicos y financieros anteriores, existen otras razones que justifican la necesidad de reordenar el sector público empresarial andaluz. En primer lugar, el Gobierno regional está obligado a fortalecer la estructura industrial de la comunidad autónoma, mejorando la eficiencia y la competitividad de las empresas públicas. En segundo término, en un entorno económico como el actual, caracterizado por el elevado endeudamiento de las Administraciones públicas, es necesario realizar una mejor reasignación de los recursos.
Además de los dos argumentos anteriores, existe otra razón exógena que obliga al Gobierno autonómico a replantearse, inmediatamente, la reestructuración de este sector: la necesidad de reducir el endeudamiento de las empresas públicas, como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que suscribieron los países de la UE y el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas.
Para mejorar la eficiencia y rentabilidad del sector público empresarial de la Junta de Andalucía es necesario aplicar un plan de reordenación que se fundamente en tres grandes líneas de actuación estratégica: primero, mejorar la gestión de aquellas empresas públicas que acumulan el mayor porcentaje de las pérdidas del conjunto del sector, con el fin de hacerlas rentables; segundo, la privatización de aquellas sociedades con un objeto social que les lleva a rivalizar con la empresa privada o que podría realizar el sector privado mediante la concesión del servicio, y tercero, la consolidación de un proyecto empresarial competitivo y rentable.
Si se analizan los resultados de las empresas públicas de la Junta de Andalucía, se infiere que uno de los retos prioritarios es mejorar, a corto plazo, la gestión de las siguientes sociedades: Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), Agencia de la Obra Pública de Andalucía, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Agencia Andaluza de la Energía y Santana Motor. La situación actual de este grupo de empresas se podría caracterizar así: EPSA, Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos y Santana Motor se encuentran en quiebra técnica, ya que tienen problemas de liquidez, escasa solvencia, rentabilidad negativa y una productividad muy reducida; Egmasa y la Agencia de la Obra Pública de Andalucía tienen graves problemas de liquidez a corto plazo; la Agencia de la Obra Pública de Andalucía también presenta un grave problema de solvencia, además de EPSA y Santana Motor, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, la Agencia de la Obra Pública de Andalucía, IDEA, APPA y la Agencia Andaluza de Energía presentan ratios negativos de rentabilidad económica; las nueve empresas presentan ratios de productividad negativa, y la Agencia de la Obra Pública de Andalucía tiene un exceso de gastos de personal.
El criterio que ha de regir a la hora de decidir si una empresa pública debería privatizarse es su rivalidad con el sector privado. En base a esta regla, podemos distinguir dos grupos: aquellas sociedades que se privatizarán en su totalidad, ya que el objeto social le lleva a rivalizar con la empresa privada, y las que se privatizarán parcialmente, es decir, tan solo se deberían vender las divisiones que producen bienes y servicios que el sector privado provee. En ese sentido, el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía debería privatizar 17 empresas: Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, Apartahotel Trevenque, Promonevada, Hijos de Andrés Molina, Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi), Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), Fabricados para la Automoción del Sur (Fasur), Santana Militar, Sociedad Andaluza para el Desarrollo Energético de Andalucía (Sodean), Alfombras La Alpujarreña, Tecnobahía, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía (Aeropolis), Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.
Por otra parte, el próximo Ejecutivo regional también debería privatizar las siguientes divisiones del sector empresarial público de la Junta de Andalucía: el ensamblaje de vehículos de Santana Motor; el desarrollo de actividades de estudio, investigación y promoción en relación con la reutilización del recinto de La Cartuja de Cartuja 93; la división de adquisición, venta y comercialización de bienes muebles e inmuebles de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) y el mantenimiento y promoción del patrimonio de la agencia pública empresarial del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).
La viabilidad del sector público empresarial de la Junta de Andalucía también depende de la consolidación de un proyecto competitivo y rentable. Este proceso está estrechamente vinculado con la política de saneamiento y la propuesta de privatización. La consolidación también ha de fundamentarse en la integración de diferentes sociedades vinculadas por su objeto social, creando grupos industriales más eficientes y rentables. Con este objetivo, consideramos que se podrían impulsar dos procesos de integración: el grupo hospitales de Andalucía y el grupo marca Andalucía. El grupo hospitales de Andalucía integraría los cuatro hospitales que actualmente se gestionan como empresas públicas (Hospital Costa del Sol, Hospital del Poniente de Almería, Hospital del Alto Guadalquivir y Hospital del Bajo Guadalquivir) y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). El grupo marca Andalucía sería una empresa pública, con un objeto social orientado a la internacionalización de nuestras empresas y la promoción de las relaciones comerciales a nivel internacional. En dicho grupo se integrarían la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
José Luis Sáez Lozano. Profesor Titular de la Universidad de Granada