Una buena iniciativa que se debe aplicar con tacto
El brutal deterioro económico que han experimentado muchas familias españolas desde el comienzo de la crisis ha provocado un alarmante aumento en el número de ciudadanos que han perdido su vivienda por impago de hipotecas. Los desahucios por este motivo se han disparado en los últimos tiempos hasta situarse ya en más de 150.000, un dato dramático y preocupante, pero también coherente con la radiografía de un país con 5,3 millones de personas condenadas al desempleo. Además de un verdadero drama personal, que en algunas ocasiones desemboca en tragedia, el aumento de familias que sufren desalojos puede convertirse en un grave problema social y supone ya un considerable desafío para los servicios de asistencia públicos y privados que palían estas situaciones.
A modo de cortafuegos para taponar esta creciente sangría, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció ayer una batería de medidas con la que se pretende salvar del desahucio a aquellos colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión. De Guindos adelantó que su departamento impulsará un código de buenas prácticas para el sector financiero que promoverá la dación en pago para familias sin ingresos, la aplicación de una moratoria de dos años en la ejecución de los desahucios y la asunción por parte de la entidad financiera de una parte de la devaluación de los inmuebles ejecutados. Como no puede ser de otra forma, la medida estará restringida a un perfil muy determinado de afectados: grupos familiares con todos sus miembros en paro, que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca de su primera residencia. Esa limitación se incorporará a la normativa que elaborará el Gobierno, pero la decisión de aplicar las medidas dependerá de las entidades. Como medida de estímulo, De Guindos ha anunciado beneficios fiscales en caso de pérdidas.
Desde un punto de vista social, la medida anunciada por el Gobierno resulta oportuna y necesaria en un momento en que muchas familias españolas carecen de ingresos y, lo que es peor, de perspectivas de poder obtenerlos a corto plazo. Es tarea del Ejecutivo no solo amortiguar en lo posible el impacto de la crisis en los colectivos más débiles -en muchos casos familias que provienen de una clase media que se ha empobrecido vertiginosamente-, sino también prevenir situaciones que puedan generar futuros problemas de convivencia y conflictividad social. Pese a que todo ello es cierto, la iniciativa aprobada ayer nace con un hándicap y un riesgo. El primero es la falta de eficacia que puede suponer el hecho de que su cumplimiento sea voluntario. Los códigos de buenas prácticas constituyen una técnica legislativa mucho más adecuada para épocas de bonanza que para coyunturas de dificultad económica extrema. Es por ello por lo que el Gobierno ha decidido acompañar la iniciativa de un paquete de incentivos fiscales, pero en último término será cada entidad la que deberá decidir si se suma o no a la propuesta.
A nadie se le escapa que estimular la dación en pago en un momento en que el sector financiero está inmerso en un profundo proceso de reestructuración y saneamiento de balances y en el que el grifo del crédito está cerrado es una decisión que debe adoptarse con cautela. Y con cautela debe medirse toda iniciativa que pueda erosionar el garantismo jurídico en el cumplimiento de los contratos hipotecarios. Abrir espitas de alivio generalizadas, aunque sea en épocas críticas, puede socavar la seguridad jurídica y, con ella, la solvencia bancaria y la confianza de inversores y clientes. La recuperación de la economía está relacionada con la normalización del crédito y, en ese sentido, toda medida que pueda desviar ese objetivo o desincentivarlo debe gestionarse con extraordinaria prudencia. El Gobierno ha tomado una decisión acertada al rechazar la iniciativa que pretendía normalizar la dación en pago en el tráfico mercantil español y al restringirla a un colectivo muy concreto. Pero abrir la puerta a la aplicación de este mecanismo, extraño a nuestro sistema financiero y jurídico, no deja de ser un riesgo en un momento en el que el sector bancario requiere certezas, no experimentos.