El dinero electrónico aumenta la transparencia
La información transparente sirve para tomar decisiones adecuadas. Esta lo es si es veraz -lo que no siempre es fácil por criterios contables-, oportuna y relevante. Ahora bien, el exceso de información puede generar un efecto contrario al buscado. Como es lógico, el partido político que tiene más posibilidades de ganar las elecciones (el PP) hace referencia permanente a este concepto en su programa electoral.
En el sistema de ingresos y pagos es necesario realizar también un gran esfuerzo. Pero ¿cómo gestionarlo? Pues como lo ha hecho el sector privado en todo el mundo: con recursos de mercado, ofreciendo la transparencia y el control al que responden los medios electrónicos, como son las tarjetas. Gracias a estos, inexistentes hace medio siglo, hoy se gestionan en Europa casi una cuarta parte de todas las transacciones monetarias. Incluso en España, donde su participación es algo menor, una quinta parte del negocio bancario procede de las tarjetas, que son también instrumentos fundamentales para comerciantes, consumidores y todo el sector del consumo privado.
Para consolidar la dinámica de transparencia y control que alienta la sustitución de dinero efectivo por electrónico, existen dos tipos de problemas, acrecentados en España por el uso de mucho más dinero en efectivo y menos tarjetas que en otros países: cómo aplicar, con menor coste, los nuevos objetivos en las Administraciones públicas y cómo resolver la regulación del mercado de los pagos.
Paradójicamente, son más fáciles los primeros. Sería suficiente con introducir en el sector público español prácticas ya consolidadas en otros países. Reducir el efectivo tendrá muchas ventajas en las relaciones entre los ciudadanos españoles y los diferentes Gobiernos (central y regionales): transparencia, control, mayor eficacia, menos coste al realizar y recibir pagos, más ingresos por IVA y otros impuestos, mayor crecimiento económico, descenso del paro, etc. Puede que, si se llegara a la sustitución total, aumentara un 3% el PIB y otro 2% el empleo. Si buscamos la austeridad, la evaluación y el control con la reforma de los instrumentos de control internos y externos de las Administraciones, una gestión de pago con tarjetas facilitaría la información online, resúmenes de importes gastados, etc., además de reducir la economía sumergida; podría poner filtros de uso a escala de país, actividad o comercio concreto, con herramientas como SDOL (Smart Data On Line) e InControl.
También disciplinaría los gastos procedentes del uso de tarjetas de crédito por cargos públicos, pues existen tarjetas prepago que funcionan como un monedero que se rellena solo en caso de necesidad. Por otro lado, todos los pagos con tarjeta impiden la existencia de gastos ocultos y reduciría los plazos en los procedimientos y en la gestión, como se aplica en Estados Unidos para el pago de la prestación de desempleo o, como en el Estado de Georgia, la tarjeta de apoyo a los niños.
Más complicado es regular el mercado de medios de pago, donde hay cuatro componentes diferenciados (consumidores, comercios, bancos emisores y/o aceptantes), que funcionan mediante fees o tasas de descuento e intercambio. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo intentó desde 2005 con una norma sometida al acuerdo entre las partes. Pero, al final, no ha sido eficaz, pues los españoles pagan más y los comerciantes menos, porque bajaron dichas tasas pero subieron las comisiones bancarias. Los beneficios netos totales distan de ser claros. Y es que nunca es fácil suplantar al mercado, ni siquiera para acelerar la sustitución del efectivo mediante incentivos del mercado.
En este sentido, algunos economistas, como Jesús Fernández-Villaverde, proponen reducir el efectivo (Expansión, 08-06-2011), como prácticamente ha logrado Suecia. Los beneficios serían enormes. De su percepción y de sus vínculos con la transparencia y el control, así como del consenso para su reparto entre agentes y mercados, dependerá el proyecto de sustitución por dinero electrónico, cuya tendencia es inexorable. El resultado dependerá, definitivamente, de dos factores: de una buena gestión pública y del mantenimiento de incentivos, prácticas y tendencias del mercado.
Juan E. Iranzo. Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid