COLUMNA

Corrupción sin consecuencias

La corrupción siempre estará con nosotros y a nosotros nos corresponde mantenerla a raya, reducir al mínimo su coeficiente. Porque ya sabemos que no hay venenos, hay dosis. Estamos hechos de materiales biodegradables y lo que no es biodegradable es plástico. Nos encontramos, decía el catecismo, en estado de naturaleza caída desde el pecado original. Con nuestra expulsión del paraíso terrenal proliferaron intentos multiformes por librarnos de las consecuencias. Del dolor con el que las mujeres han de parir y del sudor con el que nos hemos de ganar el pan nuestro de cada día. Una liberación por lo menos a título individual. De ahí que se intenten sin cesar atajos para poner a nuestro servicio el sudor de los demás, es decir, para hacernos con los fondos del erario público mediante sistemas ingeniosísimos, que siempre son los mismos pero siempre se renuevan con el recurso a lo que se considera indetectable.

De manera que ninguna sorpresa porque aflore por doquier la corrupción. La sorpresa reside en su aceptación acrítica, en su impunidad, en su falta de consecuencias políticas. La cuestión a analizar es la de por qué la corrupción no se castiga. A desentrañarla se empeña Víctor Lapuente Giné, asociado a The Quality of Government Institute de la Universidad de Gothenburg. Su trabajo en el ámbito de la política comparada acaba de hacerlo público el laboratorio de la Fundación Alternativas que dirige Belén Barreiro. Su lectura nos permite saber que los estudios comparados colocan a España en unos niveles de corrupción intermedios (junto a Francia, Portugal, Bélgica, Estonia y Eslovenia); a cierta distancia de los países de corrupción mínima como los del norte de Europa y también de corrupción máxima como Grecia e Italia. Establecida nuestra situación en la tabla, se trata ahora de evaluar el efecto pernicioso que para una sociedad conlleva el hecho de que se tolere la corrupción.

Tolerancia que incluye la concurrencia a las elecciones de los políticos involucrados y que sean reelegidos. Entonces se habla de la sanción de las urnas, a las que se atribuye la capacidad de absolver a los candidatos con la misma fuerza que el sacramento de la confesión devuelve el estado de gracia al penitente. Recordemos la popularidad imbatible de Jesús Gil y Gil, alcalde perenne de Marbella; de Carlos Fabra, renovado una y otra vez al frente de la Diputación de Castellón; de Francisco Camps, alzado a la presidencia de la Generalitat Valenciana después del caso Gürtel, y por ahí adelante, una memoria que nos devuelve al interrogante de Rubén Darío en sus versos: "¿Cómo habrá en Oriente tierras y vasallos, mantos y coronas, tronos para tantos…".

El profesor Lapuente establece cómo se correlaciona la percepción de una corrupción elevada y el deterioro de los indicadores de calidad de vida y de ausencia de buen gobierno. También se pregunta qué explica los diferentes umbrales de tolerancia a la corrupción en democracias que teóricamente comparten muchas otras características. Y concluye que para reducir nuestra relativa tolerancia hacia la corrupción deberíamos, primero, aumentar la independencia de los medios de comunicación; segundo, despolitizar nuestras Administraciones públicas; tercero, actualizar nuestro sistema electoral, de forma que incluyera un mecanismo de sanción individualizada a los candidatos o bien aumentara las opciones de representación a las fuerzas políticas menores.

Nuestro autor subraya que los medios de comunicación españoles puntúan bajo en lo que se denomina "pluralismo interno". En su opinión, el sectarismo con que cada uno de ellos opta por sus afines políticos merma la credibilidad de sus denuncias de corrupción, que se perciben como resultado de campañas orquestadas por los adversarios. Enseguida comprobaremos en las elecciones del 20 de noviembre cómo la corrupción carece de consecuencias, habida cuenta de que los votantes no penalizan a los candidatos incursos en ella.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado las necesidades de capital de la banca europea en un importe aproximado de entre 100.000 y 200.000 millones de euros. En todo caso, sean cuales sean las medidas que finalmente se adopten, parece evidente que estas acabarán por acelerar la integración económica de todos los países integrantes de la eurozona.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista