TRIBUNA

Acuerdo para evitar la quiebra del gigante

Tras meses de arduas negociaciones, el presidente Obama y los líderes demócratas y republicanos del Congreso acaban de anunciar un acuerdo que evita in extremis que Estados Unidos se declare en suspensión de pagos.

El compromiso alcanzado permite al gobierno aumentar el límite de la deuda, que actualmente asciende a 14,3 billones de dólares, a cambio de una reducción en gastos, y contempla la posibilidad de subir impuestos, pero esta queda condicionada en futuras negociaciones. El acuerdo establece que el recorte del gastos ascenderá aproximadamente a tres billones de dólares en diez años y afectará a los programas sociales, incluido el Medicaid, que es un programa que proporciona asistencia sanitaria a los más pobres.

De acuerdo con los términos acordados, los republicanos consiguen que el levantamiento del límite de deuda se haga de forma escalonada y que sea por una cantidad idéntica al volumen de recortes públicos que se aprueben, y que en una primera fase no se apliquen subidas de impuestos a los contribuyentes más pudientes. Al mismo tiempo los demócratas consiguen, tal y como quería el presidente Obama, que se puedan aumentar los impuestos en el futuro para conseguir más ingresos, así como que la extensión de la deuda no tenga que ser de nuevo votada en el Congreso en enero del 2012 en plena campaña electoral, como querían los republicanos, sino que se hará de forma automática hasta comienzos de 2013, pasadas las elecciones presidenciales del año próximo, con lo cual se garantiza que su Gobierno siga funcionando y que tenga los fondos necesarios hasta el final de su mandato.

Con el fin de evitar el impacto contractivo que el recorte de gastos tendría en el crecimiento económico (en un momento en que la economía sigue en la cuerda floja) el acuerdo diseña un proceso que se divide en dos etapas. De forma inmediata se aplicarían recortes presupuestarios por un valor de un billón de dólares, pero se establece que estos recortes no afecten a los programas sociales. Simultáneamente, se establece que el límite de deuda se ampliaría por una cantidad idéntica a los recortes, lo cual permitiría al Gobierno pagar sus facturas por lo que queda de año.

Al mismo tiempo, se pondría en marcha una comisión bipartita con representantes de ambos partidos que tendría plenos poderes para decidir los recortes suplementarios que tendrían que llegar a los dos billones de dólares. Los recortes que decida esa comisión tendrían que ser aceptados sin enmiendas por ambas cámaras legislativas este mismo año y, una vez que fuesen aprobados, se elevaría de nuevo la deuda de forma automática por la misma cantidad que los recortes que se acuerden. Esta comisión bipartidista también puede considerar una reforma fiscal, el gran caballo de batalla de los demócratas, e incluso proponer subidas de impuestos o la eliminación de exenciones fiscales a las grandes fortunas y a las empresas.

Pese al suspiro de alivio que se oye por todo el país (y por todo el mundo), este apaño de última hora no satisface a nadie: los republicanos más conservadores, liderados por el Tea Party, se quejan de la que los recortes no son suficientes y se siguen oponiendo vehementemente a cualquier subida de impuestos para aumentar los ingresos; y los demócratas más progresistas se quejan de los recortes en los programas sociales y que no se suban los impuestos a las familias más ricas. El mismo Obama ha reconocido que este no es el compromiso que él hubiese preferido, pero ha reconocido que "es un acuerdo que permite afrontar seriamente el problema del déficit y termina una crisis que hubiera tenido efectos devastadores."

EE UU queda como el gran perdedor de una crisis que no ha beneficiado a nadie. La imagen de confrontación que ha dado el país en las últimas semanas ha perjudicado su prestigio y credibilidad, y ha dañado aún más su imagen internacional y su solvencia como modelo para otros países, en un momento en que ya estaba por los suelos tras la crisis financiera global. El comportamiento egoísta y cainita de los actores políticos durante la crisis, en un tema de vital trascendencia para sus propios intereses, plantea serias dudas sobre su capacidad de afrontar y liderar otras decisiones cruciales para la estabilidad global.

Sebastián Royo. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Suffolk en Boston