TRIBUNA

Transparencia en los ayuntamientos

Qué difícil resulta armonizar los conceptos de transparencia, democracia y Administración pública. La transparencia es un valor deseable que cotiza al alza en lo privado pero que todavía encuentra resistencias en lo público. La cultura democrática es uno de los valores más consistentes en cualquier organización, pero la inercia sustitutoria de cargos acaba alimentando una espiral perversa donde la transparencia, y otros valores, suelen quedar postergados. Indudablemente, la Administración pública ha mejorado, pero sigue sin integrar la aportación de sus stakeholders y, en especial, la de sus ciudadanos, que son los que financian su actividad.

Sin embargo, el panorama está cambiando. Las sociedades avanzadas reclaman acceso a la información y mayor transparencia para reducir la incertidumbre frente a la toma de decisiones. Pero también, como afirma Innerarity (El País, 22-2-2011), para facilitar el control de la actividad pública y, fundamentalmente, para mejorar la confianza en las instituciones. Es una tendencia imparable que está afectando a todos los Gobiernos, cualquiera que sea su nivel.

Los ayuntamientos ofrecen una excelente oportunidad para profundizar sobre estas ideas. Porque son la Administración pública más cercana al ciudadano. Porque según Mitchell, se identifican dos stakeholders dominantes que poseen los atributos de poder, legitimidad y urgencia: los cargos políticos y los votantes. Porque ambos forman parte de un mercado político donde la confianza sustituye al precio y la transparencia podría explicar la confianza; y finalmente, por disponer del índice de transparencia de los ayuntamientos (ITA), elaborado por Transparencia Internacional España.

A tal fin analizamos en qué medida el perfil político del Gobierno local (ideología y carácter) podía explicar el nivel de transparencia alcanzado (ITA 2010), y hasta qué punto esta relación se moderaba por la presencia de otras características institucionales (gobernabilidad y estabilidad).

Elaboramos tres modelos de contraste y observamos un elemento común: los ayuntamientos son tanto más transparentes según aumenta su tamaño, posiblemente, para compensar el efecto distancia entre ciudadanos y representantes.

El primer modelo de regresión incluyó todas las variables consideradas y observamos que:

l El carácter nacional/regional no parece influir en los niveles de transparencia, posiblemente, por la elevada heterogeneidad de casos en el grupo de los partidos nacionales.

l La ideología está notablemente relacionada con el grado de transparencia municipal dado que los ayuntamientos con ideología de derecha reducen de forma significativa los niveles esperados de transparencia.

l La gobernabilidad (mayoría/no mayoría) y la estabilidad tiene escasa influencia en los niveles de transparencia.

En los restantes modelos de regresión, combinamos el perfil político con las variables moderadoras y observamos que:

l Los Gobiernos regionales/locales reducen de forma significativa los niveles de transparencia, posiblemente porque su estrategia dependa en menor medida de una disciplina organizativa impuesta.

l La ideología cede parte de su poder explicativo aunque se mantiene el sentido negativo en la relación ideología de derecha y nivel de transparencia.

l La mayor sensibilidad de la izquierda a la transparencia se pierde en parte cuando se gobierna en mayoría. La concentración de poder suele disminuir la necesidad de legitimarse frente a otros grupos de interés.

l La estabilidad no parece ofrecer ningún efecto moderador sobre la relación entre la ideología de derecha o izquierda.

l Los partidos regionales/locales aumentan su transparencia significativamente cuando son estables, es decir, cuando se han ganado la confianza de los electores. La necesidad de mantenerse en el poder obliga a fortalecer su legitimidad mediante una gestión transparente y eficiente.

Las principales conclusiones del estudio son:

l La gestión debería ganar fuerza explicativa frente a la ideología y la transparencia podría facilitar ese proceso.

l La mayoría de gobierno suele convertirse en un instrumento de poder excesivo, mientras que la estabilidad aporta mejoras sobre todo en los partidos independientes.

l Las Administraciones públicas deberían reforzar y garantizar estándares mínimos de información. La voluntariedad se ha demostrado lenta e insuficiente.

l La falta de transparencia debería de llevar aparejado algún tipo de penalización. El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, puede ser una vía.

Rafael Martín Martínez / Fernando García Muiña. Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos