El Estado del bienestar depende del empleo
Una de las consecuencias directas de la crisis económica de los últimos tres largos años es el deterioro financiero de las Administraciones públicas, que tienen cada día que pasa más dificultades para financiarse en los mercados abiertos, tanto por la escasez de recursos como por la carestía que exigen los acreedores. Con tres pequeños países periféricos de la Unión Monetaria a merced de los mercados, que han precisado del rescate del dinero público de sus socios europeos, España soporta la sospecha de acercarse a parecido abismo, aunque las condiciones de su economía y su capacidad de repago no sean, ni de lejos, tan estrechas como las de Irlanda, Grecia o Portugal. Pero no debe olvidarse que España ha pasado con el cambio de ciclo de actividad de tener una deuda pública del 40% del PIB a acercarse al 80% cuando finalice la crisis y el ajuste fiscal (siempre que logre recuperar el crecimiento económico que sostenga el equilibrio presupuestario en el medio plazo), y que ni el coste de financiación ni el margen para estimular el resto de los proyectos de inversión son muy holgados.
Además, los pilares del Estado del bienestar, los instrumentos públicos de protección de los colectivos desfavorecidos, tienen su viabilidad en riesgo si no se recompone el crecimiento. Tres años de destrucción de empleo, que han supuesto, con números simples, que tres millones de personas hayan pasado de tener trabajo a militar en el paro, han deteriorado la ratio de dependencia sociofinanciera del país, y la han llevado a valores peligrosos. En concreto, si en 2006, cuando el desempleo se acercó a los mínimos históricos, en España había dos ocupados por cada pasivo (pensionista o desempleado, tuviese prestación o no), ahora solo hay 1,32. La ratio de dependencia se está acercando a los valores que ya registró en la crisis de los primeros años noventa, y que precisó de una revisión profunda tanto de los mecanismos de protección por desempleo como del sistema de acceso a las pensiones de jubilación.
El salto cuantitativo de la economía española ha sido muy importante en el último ciclo alcista de la actividad, tanto en población como en empleo, y solo con ello ha sido posible soportar el avance paulatino pero firme del número de pensionistas y la embestida destructiva de la crisis. Pero para mantener los niveles de protección como los que actualmente recogen las leyes en España, y pese a los ajustes ya introducidos en las condiciones de acceso a las pensiones de retiro, parece inevitable un nuevo ajuste de los niveles del bienestar. Por alejados que nos sigan pareciendo de los estándares europeos, la economía española no dispone hoy de mecanismos para financiarlos sin riesgo de asfixia para los contribuyentes y para el propio crecimiento económico.
æscaron;nicamente una recomposición significativa de los valores del crecimiento de la economía que devuelvan las tasas de empleo a avances acelerados puede poner a salvo el nivel de protección del Estado del bienestar en España. Y tal recomposición se antoja extremadamente complicada mientras no se produzca un desapalancamiento notable de los agentes económicos (empresas, familias y banca), que han acumulado volúmenes de deuda tales, y de tal naturaleza, que son ahora tan obstaculizadores de la actividad como dinamizadores del crecimiento fueron en el pasado reciente.
Tener tasas de desempleo por encima del 20% para la población en general y cercanas al 50% para los jóvenes no son circunstancias que se puedan soportar durante mucho tiempo. Además, es tarea capital evitar que tales situaciones fuercen lo que la ratio de dependencia sociofinanciera está adelantando: un recorte de los estándares de protección cuando todavía no han alcanzado los niveles de maduración que tienen en los países socios de la Unión Europea.
Por tanto, todos los esfuerzos políticos deben encaminarse a reconstruir el crecimiento, sin miedo a hacer reformas de profundidad inequívoca, tengan el coste electoral que tengan y pisen los callos corporativos que pisen, porque la labor primera de la función pública es poner los mejores instrumentos al servicio de los administrados. Es la única forma de que los esfuerzos de austeridad que se han exigido tengan el efecto multiplicador que se les supone.