Las operadoras pierden el litigio del 'espectrazo' en Bruselas
Las operadoras de móvil han perdido la batalla en la UE contra la subida del impuesto por el uso del espectro, bautizada como espectrazo, que aprobó el Gobierno de Aznar en 2001. El Tribunal de Justicia Europeo considera legal la subida y así se lo ha dicho al Tribunal Supremo español.
En juego están 1.000 millones de euros, que el Estado español recaudó de las operadoras en 2001 por uso del espectro del móvil y que llevan en cuestión desde ese momento. La sentencia del Tribunal de la UE que declara la legalidad de este cobro es una buena noticia para el Gobierno, porque supone que el Estado no tendrá que devolver ese dinero, como las compañías piden.
La decisión del más alto tribunal comunitario llega después de 10 años de espera y a petición del Tribunal Supremo español, que en febrero de 2010 remitió una petición de decisión prejudicial a Luxemburgo. Lo hizo porque las operadoras denunciantes cuestionaban la legalidad de la tasa por contravenir normas comunitarias.
El Tribunal declara que las exigencias establecidas en la directiva europea, según las cuales los gravámenes impuestos a los operadores por el uso de recursos escasos "deben perseguir el objetivo de garantizar el uso óptimo de dichos recursos y tener en cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, no se oponen a una norma nacional que impone un gravamen por el uso de radiofrecuencias a los operadores titulares de licencias individuales sin asignar una finalidad específica a los ingresos obtenidos de ese gravamen, y que eleva significativamente el importe del gravamen para una determinada tecnología sin cambiarlo para una tecnología distinta".
El Tribunal concreta que la legislación comunitaria que regula la forma en la que deben imponerse las tasas y la finalidad de estos pagos "no obliga a los Estados a asignar una finalidad específica a dicho gravamen ni a utilizar de determinada manera el rendimiento del mismo".
El Tribunal pone fin a las esperanzas de Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo, y a otras compañías que usan el espectro, que en 2001 pagaron en conjunto 961 millones al Estado por la citada tasa. Aún queda la sentencia del Tribunal Supremo español, porque hay argumentos de algunas operadoras que atacan el impuesto desde la ley española, pero la baza de Luxemburgo era la más fuerte.
Una batalla que ha durado una década
Con esta decisión termina el capítulo comunitario de un conflicto que empezó en 2001, cuando el Gobierno de Aznar y la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, fueron incapaces de resistir la presión por haber concedido las licencias de UMTS en concurso y no en una subasta multimillonaria, como hicieron Alemania o Reino Unido, y decidieron compensar con subidas de impuestos lo que no recaudaron en el proceso. En 2002 se firmó la paz entre Ejecutivo y compañías y el espectrazo se rebajó ampliamente, pero las operadoras siguieron luchando para recuperar lo pagado en 2001.Por ahora, las empresas han tenido un éxito nulo. Desde el Tribunal Económico-Administrativo Central hasta Luxemburgo, pasando por la Audiencia Nacional, todos han rechazado sus peticiones.