Pacto y cambios en las pensiones
Hoy se cumple el plazo fijado para que el Gobierno anuncie el primer paso en la reforma del sistema de pensiones. A contrarreloj, ha conseguido el (vago) soporte de la Comisión del Pacto de Toledo y un principio de acuerdo con los agentes sociales que posiblemente, al menos los sindicatos, seguirán negociando ex-post con la pretensión de que la reforma sea algo más favorable o que se dilate algo más en el tiempo. Con el anteproyecto se conocerán, por fin, los ingredientes básicos de esta reforma: las edades anticipada y normal de retiro, los años en la base reguladora, la penalización por jubilación anticipada, las condiciones para jubilarse anticipadamente con y sin penalización y las compensaciones a determinados colectivos.
Pero, ¿por qué es la reforma necesaria? No es una cuestión menor ya que lo que estaba y está en cuestión es la propia sostenibilidad de la economía española, carente de perspectivas razonables de crecimiento futuro. Los recientes datos sobre la salud de las finanzas de la Seguridad Social deberían haber convencido definitivamente a quienes aún dudasen de la necesidad de emprender acciones decisivas para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
Por primera vez en mucho tiempo, en 2010, el balance entre prestaciones contributivas e ingreso por cotizaciones de ocupados ha resultado negativo en unos cientos de millones de euros. En términos relativos al PIB, el gasto en pensiones y prestaciones contributivas (es decir, incluyendo prestaciones por maternidad e ILT) ya supera el 10% del PIB, curiosamente una cifra no alejada de las previsiones de gasto hechas a finales de los noventa. En definitiva, el sistema de pensiones se benefició de un superávit transitorio en gran parte debido a la llegada masiva de inmigrantes y al crecimiento del empleo, que no la productividad, observados en los últimos 15 años. Han bastado dos años de crisis para que este superávit, como una neblina, se esfumase.
¿Qué pasará en los próximos años? La tasa de empleo se recuperará en el medio plazo, y, siendo bastante optimistas, podría llegar a converger en un futuro lejano con el nivel alcanzado por los países europeos más avanzados, pero no por ello comportará un aumento del número de total de ocupados (los paganos del sistema de pensiones) en el largo plazo. Más improbable aún es que nos beneficiemos de unos flujos inmigratorios similares a los alcanzados en la última década, al menos con las características que requiere nuestra pretensión de cambiar el modelo productivo. Lo único seguro es que el gasto en pensiones aumentará, cada año, entre el 6%-7% nominal (así lo ha hecho en los últimos 10 años), y de no mediar acciones decididas, seguirá incrementándose a tasas similares o incluso superiores en los años venideros.
En definitiva, es difícil que el sistema público de pensiones pueda seguir manteniendo las mismas prestaciones durante periodos bastante más largos de jubilación, a no ser que se dupliquen las cotizaciones sociales (aunque hay matices importantes, aumentos de otros impuestos tendrían las mismas consecuencias: pagar más para obtener la misma pensión). Optar por esta vía detraería recursos de otros destinos, poniendo en serio peligro la sostenibilidad de la economía española.
En consecuencia, la reforma de las pensiones debe ir dirigida a controlar el aumento previsto del gasto. Para lograrlo, existen varias alternativas, entre las cuales se incluyen las medidas contempladas por el Gobierno relativas a la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión y el alargamiento de la vida laboral. En línea con estas medidas, creo que el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones debería girar en torno a cuatro principios básicos (www.fedea.net/propuestas/pensiones): (i) ampliar la edad de jubilación a los 67 años (lo cual, contra lo que muchos piensan, no es el aspecto central de una eventual reforma), permitiendo excepciones para los trabajadores en aquellas ocupaciones que suponen alto riego o elevado esfuerzo físico; (ii) avanzar hacia la proporcionalidad entre las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral y la pensión a recibir, en línea con la recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo; (iii) facilitar la flexibilidad en la elección de la edad de jubilación, permitiendo compatibilizar el cobro de la pensión con la continuación de la vida laboral, y (iv) permitir ajustes automáticos de la pensión a recibir en el momento de la jubilación a la evolución de la esperanza de vida (corregida por la mayor participación de la mujer en el trabajo en el hogar).
Según la información que disponemos del anteproyecto de reforma de las pensiones, ésta abordará el primer principio y parcialmente el segundo y el tercero. Quedará pues aún un largo camino para que se desarrolle la reforma integral que garantice la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
Sergi Jiménez-Martín. Profesor de la Universitat Pompeu Fabra e investigador de Fedea