Cámaras y cuotas
El presidente del Gobierno anunció por sorpresa el pasado 1 de diciembre en el transcurso del debate parlamentario una decisión esperada hace mucho tiempo desde diversos ámbitos empresariales, y en particular desde el colectivo de los trabajadores autónomos, se trataba de la eliminación de la obligatoriedad del pago de las denominadas cuotas camerales que, con carácter de deuda tributaria, pagan la gran mayoría de las empresas para el mantenimiento del sistema de Cámaras de Comercio.
Lo más sorprendente del anuncio fue que esta decisión abarcara a la totalidad de las empresas, más allá de su dimensión, puesto que lo esperado, aunque no confirmado, fuera que se eliminara esta obligación solo para autónomos y micropymes. De hecho, entre UPTA y el Consejo General de Cámaras ya mantuvimos conversaciones en este sentido, aunque no con el éxito esperado.
En condiciones normales, esta decisión debió de ser adoptada en el marco del debate parlamentario para transponer la directiva europea de liberalización de servicios, pero como entonces no se hizo, nunca es tarde para una buena noticia.
Es cierto que con este nuevo marco, y en el caso de que las grandes empresas no acepten ahora el pago voluntario, la decisión va a tener una mayor consecuencia que la razonablemente esperada. Entre las mayores empresas del país se sufraga casi el 70% del total de las cuotas recaudadas. Lo que parecía una decisión con trascendencia política, pero no económica, ahora derivará en una fuerte e inevitable reestructuración de todo el sistema cameral. Con ello se abre el debate de futuro sobre el papel que debe corresponder a estas instituciones y su financiación.
Este debate tiene al menos tres frentes, el ajuste estructural inevitable, la modificación del sistema jurídico que ordena el modelo de las Cámaras de Comercio y los procesos electorales en ellas contemplados y la continuidad de los servicios que venían prestando.
Con respecto al primero de los frentes, parece inevitable que también estas instituciones deban afrontar una fuerte reestructuración, a través de fusiones y mayor aprovechamiento de los recursos existentes, racionalizando los gastos y asumiendo una austeridad que a todos nos toca.
Por lo que se refiere al segundo de los temas planteados, parece evidente que el proceso electoral deberá quedar confinado a los socios activos de las Cámaras que queden después de la desafiliación obligatoria. Quien paga vota, este es un principio generalmente aceptado.
Por lo que respecta a los servicios, en especial el que se dirige hacia los nuevos emprendedores, y con el modelo actual de financiación, no tendría por qué conocer grandes modificaciones. Debemos tener en cuenta que estas acciones se desarrollan con cargo a presupuestos públicos aportados por el Estado, las comunidades autónomas o los fondos europeos, por lo que tienen carácter universal y no limitado a los nuevos socios privados de las Cámaras.
Sin embargo, en este terreno las Cámaras deberán aceptar el carácter de concurrencia competitiva que tiene el acceso a estas subvenciones y somos muchos los que pensamos que no son los programas gestionados por las Cámaras en materias como las ventanillas únicas, sociedad de la información o gestión de planes de empresas, los más eficaces precisamente, o al menos no más eficaces que los que otras instituciones tímidamente desarrollan.
Si se quiere realmente rentabilizar la infraestructura creada por estas instituciones, como resultado de las aportaciones de todos, existen fórmulas adecuadas, pero que pasan inevitablemente por la integración y la participación, acabando con los viejos exclusivismos.
Con un talante adecuado, autónomos y empresas, a través de sus organizaciones representativas, junto con ayuntamientos y comunidades autónomas, podemos acordar sistemas integrados de servicios, promover la afiliación incluso, o favorecer el pago de los servicios que realmente se quieran recibir por lo interesados. Pero para ello será imprescindible que la participación en los órganos de dirección, por la parte no reservada a la elección directa que debe corresponder a los socios voluntarios, es decir la designada por las comunidades autónomas, realmente responda a la composición del tejido empresarial y que los autónomos, por fin, tengan también el papel que les corresponde.
Solo así tendrá sentido el mantenimiento de estas instituciones como corporaciones de Derecho público y entre todos podremos mejorar el servicio que los ciudadanos en general, y los empresarios y autónomos en particular, necesitan.
Sebastián Reyna Fernández. Secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)