Trabajar con menos dinero
España ha modificado su modelo cameral. En defensa del papel de estas instituciones están los 125 años de historia dando servicio al tejido industrial de nuestro país. Pero el nuevo marco es visto también como una oportunidad para mejorar el servicio que empresarios y autónomos necesitan
En el último paquete de medidas liberalizadoras, el Ejecutivo incluyó la supresión de la obligatoriedad de pagar las cuotas a las Cámaras de Comercio. Este mecanismo, que aportaba 300 millones de euros al año a estos organismos de Derecho público, ha pasado a ser voluntario, lo que desde las Cámaras ha sido interpretado como una concesión a las grandes empresas. Estas eran las que financiaban una gran parte de esa partida (Telefónica era la que más aportaba, con 700.000 euros al año), ya que más de dos terceras partes de los ingresos de las Cámaras provienen del 2,6% del conjunto de empresas españolas (3,2 millones).
De ese dinero se beneficiaban especialmente las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría no pagaban o solo aportaban 20 euros al año y a cambio recibían servicios de internacionalización, formación, innovación e incluso ayudas directas no reembolsables, como las que concede anualmente la Cámara de Comercio de Madrid a 1.100 establecimientos por un importe medio de 4.000 euros.
En ese nuevo escenario, ¿cuál es el futuro, si es que lo tiene, de las Cámaras de Comercio? El primer efecto que parece evidente que se va a producir con la merma en la financiación es el del redimensionamiento. Una gran parte de los gastos de las Cámaras se financiaba con cargo al recurso cameral permanente. Desaparecida esta vía, muchas deberán desaparecer, reducir su estructura o despedir empleados para ajustar los costes. Pero esta decisión del Ejecutivo también pone sobre la mesa el excesivo tamaño de estos organismos que, al igual que otros privados y públicos, crecieron en exceso durante los 15 años de boom de la economía española (1993-2008). Solo de ese modo se puede entender que haya en la actualidad 88 sedes centrales de las Cámaras, 79 delegaciones, 126 puntos de información y 88 viveros de empresas.
¿Es necesario que haya una Cámara de Comercio en Ayamonte, una localidad onubense de apenas 20.000 habitantes, o en Briviesca, municipio burgalés de 8.000 habitantes? ¿Es imprescindible que la Cámara de La Rioja tenga tres oficinas comerciales en Pekín, Nueva York o Moscú? Parece que la respuesta es que no y más aún teniendo en cuenta que existen un gran número de organismos estatales, municipales o autonómicos que tienen competencias similares.
Una disputa parecida surgió hace ya más de 10 años entre las Cámaras y la CEOE, que ya por aquella época porfiaba por la supresión del recurso cameral. Desde la patronal acusaban a las Cámaras de hacer lo mismo con el dinero de las empresas. Desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, sin embargo, argumentan que pese a las duplicidades que hayan existido o puedan existir, todo el apoyo a las pequeñas y medianas empresas se hace desde las Cámaras de Comercio y que si se suprime el recurso cameral, ese dinero tendrá que ser asumido ahora por las Administraciones autonómicas.
Ese es uno de los principales ejes sobre el que está apoyándose la batalla de las Cámaras de Comercio para intentar reducir el impacto de la medida. El objetivo es intentar concienciar al Ejecutivo sobre el gran número de cursos de formación, de misiones comerciales al extranjero o de consultas que se dejarán de atender si se suprime ese principal recurso. Así, en materia internacional, calculan que 17.000 empresas dejarán de participar en misiones comerciales, 19.000 empresarios dejarán de formarse en comercio exterior y más de 500.00 consultas dejarán de ser atendidas. En lo tocante a formación estiman que más de 140.000 alumnos dejarán de formarse en los 154 centros de formación de la red de Cámaras y el efecto en materia de emprendimiento sería todavía mayor por el impacto que tendría en las 35 ventanillas empresariales y los 86 viveros para empresas.
De este modo, el futuro que les espera a todas estas actividades pasan por su desaparición o por su mantenimiento, pero siempre con cargo a las cuentas autonómicas. Algo difícilmente creíble en un escenario en el que todas las miradas, y en especial las de los mercados y las agencias de calificación de deuda, están centradas en las comunidades autónomas y en el incumplimiento de las medidas para reducir el déficit.
Sin embargo, el impacto no será igual en todos los territorios. El presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, ya ha dejado claro que las fuertes diferencias en la cultura asociativa harán que el impacto sea desigual. "Hay regiones como Cataluña, Navarra y País Vasco donde sí hay cultura asociativa y otras donde no se asocia ni Dios", ha declarado en alusión a las dificultades que augura que puede haber si el pago de las cuotas es voluntario en un gran número de comunidades del sur y de la cornisa mediterránea.
Otro factor que determinará qué Cámaras pueden subsistir será el de la dependencia del recurso cameral. Las más pequeñas dependen en gran medida de esa vía, por lo que su supresión las aboca a la desaparición. Otras, sin embargo, obtienen parte de sus recursos a través de la gestión o la participación en organismos públicos o privados. Sin embargo, la merma en la financiación puede poner en peligro el gran número de empresas, fundaciones y conglomerados en los que participan las Cámaras de Comercio, con lo que ello puede implicar en pérdida de actividad económica o empleo. Es el caso de la Cámara de Zaragoza, que tiene una participación del 33% en la Feria de Zaragoza y que ya ha manifestado las dificultades existentes para sacar adelante el proyecto de ampliación del recinto ferial, que tiene un presupuesto de 80 millones de euros, sin un recurso cameral obligatorio.
En la misma tesitura se encuentra la Cámara de Comercio de Barcelona, que aporta anualmente más de un millón de euros al año a Turismo de Barcelona, una organización público-privada que se encarga de promocionar el turismo en Barcelona. La falta de financiación puede provocar que esa entidad saque adelante un proyecto, que decidió aparcar hace unos meses por el fuerte rechazo que levantó. Se trataba de la instauración de una tasa por pernoctación, de tal manera que cualquier turista que visite Barcelona deberá pagar un euro por cada noche que se aloje. Un impuesto al turismo cuya recaudación iría íntegra para costear la promoción turística.
Entre las Cámaras de Reus y Gerona aportan 152.000 euros al año a un consorcio para incentivar la permanencia de Ryanair en la zona. La supresión del recurso cameral les impedirá hacer esa aportación y obligará a la Diputación de Gerona o a la Generalitat de Cataluña, los otros dos miembros del consorcio, a hacerse cargo de la misma.