Los pensionistas del futuro exigen seriedad
La decisión de los partidos políticos mayoritarios que forman el Pacto de Toledo de avalar un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones, prolongando el número de años que se consideran para determinar la cuantía de las prestaciones de vejez, es un acto de responsabilidad política inestimable, aunque siga pendiente un consenso más consistente en otras materias. Avanzar en esta controvertida reforma es especialmente valioso ahora que los mercados y los socios de la UE someten a España a una estrecha vigilancia para que despeje las dudas sobre su verdadera capacidad de repago de la deuda. No debe quedar duda alguna de que España no tendrá que echar mano nunca de emisiones de deuda adicionales para pagar pensiones. Con el acuerdo, se ha explicitado la necesidad de reformar el actual modelo, que la pirámide poblacional hace inviable a largo plazo.
Esto es algo evidente, pues al margen de estériles polémicas alrededor de las cifras, el marchamo demográfico arroja una proyección preocupante. Según Estadística, en 2008 había 22 millones de trabajadores ocupados que pagaban con su contribución la pensión de siete millones de jubilados, en una proporción de algo más de tres a uno. En 2050, el número de mayores de 65 años se duplicará hasta 15 millones. Si se mantuviese el modelo inalterado, sería preciso doblar el número de ocupados, hasta 44 millones, algo improbable demográficamente, pero sobre todo por la dificultad para generar tantos empleos si no se modifica el escenario productivo. Además, junto al demográfico hay otros elementos que encarecen el sistema. Por lógica, los nuevos pensionistas entran con pensiones más altas que las de los pasivos que fallecen, por el simple hecho de haber cotizado por bases más elevadas. Además, el efecto sustitución en los cotizantes va también contra la caja del sistema: los trabajadores jóvenes cotizan por bases inferiores a los que se jubilan, y reducen los ingresos.
La única solución, aunque sea muy impopular, es invertir el proceso, de tal forma que se generen más ingresos de los trabajadores en activo y se reduzca el coste relativo dedicado a pensiones. Para ello, los mecanismos están limitados. Por un lado, retrasar la edad de jubilación, como pretende el Gobierno al subir de 65 a 67 años, lo que reduciría el gasto (cada jubilado cobraría menos meses la pensión) y generaría más ingresos (cotizaría durante 24 meses más). El ahorro para el sistema no es baladí, pues no sería inferior a 15.000 millones de euros.
La otra medida es exigir más años de cotización para cobrar la jubilación. Actualmente, aquellos que no hayan contribuido al sistema al menos 15 años no reciben pensión contributiva y para obtener la máxima se precisa haber trabajado al menos 35 años. El arco parlamentario decidió ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los actuales 15 años, aunque sin precisar si cinco años más, o incluso diez, como planteó el Gobierno a principios de año. Es una medida acertada que implica un endurecimiento de las condiciones para la mayoría de los actuales trabajadores, aunque acaba también con la injusticia que se comete contra aquellos que no pueden cotizar en los últimos años de su vida laboral al perder su empleo.
Aun así, la medida no es suficiente para garantizar la salud futura del sistema. El Gobierno debe reducir la práctica generalizada del adelanto de la jubilación, un mal que afecta a la mayoría de las economías comunitarias. En España, aunque la edad legal está en 65 años la real se rebaja a los 63,5 por el uso indiscriminado de la jubilación anticipada y la prejubilación. Acercar la edad real de retiro a la legal es una prioridad, para lo cual es preciso establecer trabas a la jubilación anticipada y la prejubilación. No es aceptable que la reestructuración de las plantillas se acometa siempre arrojando a los mayores de 55 años fuera del mercado laboral, y demasiadas veces con dinero público. Es preciso abordar reformas en la legislación laboral para retener este capital humano en activo, lo que además supondría un ahorro para el sistema de pensiones.
La reforma de las pensiones no debe quedarse a medias, como ha sucedido con la laboral. Además, el Gobierno tiene que actuar con urgencia para acallar a los mercados: cumplir el plazo de antes de que acabe enero es inexcusable.