TRIBUNA

Las nuevas preferentes

El pasado 12 de septiembre, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó los principios básicos que regirán las nuevas normas de juego en cuanto a exigencias de solvencia y liquidez en el sector bancario durante los próximos años. Acuerdos que se han dado a conocer como Basilea III. Estos principios serán clave en la evolución y transformación que va a experimentar el sector financiero durante la próxima década, por lo que es importante que hayan sido elaborados por un grupo amplio de países (44 países representados), y que se presentan en la cumbre del G-20, que se celebra en Seúl, como un factor clave en el desarrollo de la agenda de reformas del sistema financiero internacional.

Pero más allá de la forma, el nuevo acuerdo contempla modificaciones de fondo muy relevantes. Como elementos clave en su configuración cabe destacar tres aspectos. En primer lugar, una mayor exigencia cuantitativa de capital. De la reciente crisis y de los estudios cuantitativos realizados, se desprende que el volumen de capital que hasta la fecha se exigía a las entidades financieras para desarrollar su actividad, no ha sido suficiente para hacer frente a escenarios adversos como los vividos durante los últimos tres años. Cuestión que resulta especialmente relevante dado el efecto sistémico que el sector bancario tiene sobre el resto de sectores productivos de la economía. Por ello, resulta lógico que se hayan establecido niveles mínimos de capital regulatorio superiores a los anteriores, así como colchones adicionales que sirvan de amortiguadores contracíclicos, que permitan suavizar el impacto del ciclo en el capital bancario, y con ello en el conjunto de la economía.

Pero las modificaciones establecidas en Basilea III no sólo hacen referencia al volumen de capital, sino también a su calidad. Con anterioridad a la nueva regulación, existían ciertos productos financieros que eran considerados capital pero que, en casos extremos, no actuaban como tal, sino que tenían características más próximas a instrumentos de deuda.

Junto a estos importantes cambios, cuantitativos y cualitativos, se establece un calendario bastante dilatado para su cumplimiento, pero que previsiblemente los mercados no respeten y comiencen a exigir su cumplimiento antes de que lo haga el propio supervisor.

En este contexto, cuando se analiza el posicionamiento de partida del sistema bancario español para cumplir las nuevas exigencias que emanan de Basilea III, el mayor escollo se encuentra precisamente en la calidad de los recursos propios, y más concretamente en aquellos instrumentos que actualmente computan como recursos propios a efectos de solvencia, y que en el nuevo marco dejarán de hacerlo. Entre éstos cabe mencionar, por un lado las obligaciones subordinadas y, por otro, las participaciones preferentes. Es en este segundo caso donde se encuentra el mayor problema para el sistema bancario español, no sólo por el elevado saldo vivo existente (más de 30.000 millones de euros), sino porque van a dejar de ser considerados Capital (core Tier 1). Exclusión que resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el volumen de core Tier 1 exigido se va a más que duplicar con respecto a la situación actual.

Pero los factores que justifican dicha pérdida de computabilidad lejos de ser arbitrarios responden a una clara racionalidad económica. El motivo principal descansa en que las preferentes actualmente vivas no tienen los elementos fundamentales que se les supone a los recursos propios básicos de cualquier empresa: una retribución vinculada a la evolución de la entidad emisora y una capacidad de absorción de pérdidas en caso de que éstas se materialicen. Frente a ello, las preferentes existentes han pagado una rentabilidad fija, sin reflejar la prima de riesgo que cualquier inversor pediría al estar sujeto a esos condicionantes, y no han tenido capacidad de absorción de pérdidas, en la medida en que tanto los cupones como la devolución del principal se han pagado en entidades con pérdidas.

Para que las preferentes sean aceptadas como recursos propios básicos en Basilea III deben cumplir con estos dos principios básicos: capacidad de absorción de pérdidas, de tal manera que los cupones se paguen sólo cuando el emisor disponga de capacidad para ello; y limitación de opciones de rescate anticipado por parte del emisor, de forma que se pueda considerar estable y evitar arbitrajes regulatorios. A cambio, y dadas las importantes consecuencias de estos dos aspectos, este nuevo instrumento ofrecerá al inversor, necesariamente, una retribución que incorpore una prima con respecto a otros instrumentos de renta fija.

Con esas características, parece evidente que las preferentes ya no se podrán vender como si fueran un plazo primado, como ha podido suceder ocasiones pasadas. Ahora se trata de instrumentos de inversión mucho más cercanos a las acciones, y por tanto con un esquema de retribución que -aun siendo fija, siempre y cuando haya beneficios- vinculará mucho más al inversor con la evolución de la entidad emisora. Y por ello, su emisión tendrá que ser necesariamente mucho más selectiva, pues sólo las podrán colocar entidades que ofrezcan a sus clientes o inversores una buena oportunidad de crecimiento y rentabilidad, siendo ésta además razonablemente sostenible.

Ángel Berges / Alfonso García Mora. Socios de Analistas Financieros Internacionales (AFI)