_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La volatilidad de los precios de los alimentos

El aumento de los precios de los productos agrícolas en el trienio 2006-2008 fue uno de los más acusados y prolongados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La situación se revirtió en 2008, con cotizaciones a la baja en 2009, pero durante 2010 la cotización del trigo ha crecido como resultado de la sequía y las restricciones a la exportación en Rusia, situándose el mes de septiembre en 100 dólares/tonelada por encima de los niveles del año anterior.

Un tema preocupante en la actualidad es la volatilidad. Las reformas de la PAC han ido logrando una agricultura más orientada al mercado, pero al mismo tiempo sus productores se exponen a una creciente inestabilidad, que también afecta a transformadores y consumidores. Los mercados internacionales apuntan a un crecimiento de los precios a medio plazo, y a la necesidad de aumentar la producción en un 70% hasta 2050, según la FAO. Al mismo tiempo, la globalización comporta riesgos relacionados con un conjunto de factores como las fluctuaciones de los precios de la energía, la competencia de los agrocombustibles por el suelo cultivable, los riesgos climáticos y la crisis financiera. La escasa inversión pública en la agricultura en muchos países implica que cualquier shock de oferta pueda tener efectos amplificadores sobre las oscilaciones de precios.

La volatilidad provoca fallos en los mercados que justifican la acción gubernamental. Tras el chequeo médico, la PAC avanzó hacia un sistema de ayudas disociadas al productor. Este sistema de pagos representa un colchón para atenuar la inestabilidad de las rentas agrarias. Sin embargo, el sistema no está bien diseñado y conlleva que la capacidad de los agricultores para afrontar condiciones adversas varíe considerablemente entre países y territorios. Una hectárea promedio en Rumanía recibe apenas 100 euros, mientras en España la cifra aumenta a casi 200, en Países Bajos supera los 400 y en Grecia los 500. El sistema es esencial para los productores de cultivos herbáceos y bovino, pero inoperante para los de porcino y frutas. El pago único no parece, por tanto, un instrumento bien afinado para defender las rentas de los agricultores frente a la inestabilidad. Eliminar de golpe el sistema sería dramático ante la falta de alternativas, pero ¿por qué no buscarlas?

El debate sobre la PAC post-2013 ha reabierto la reflexión sobre los mecanismos de reducción de riesgos que sean compatibles con la Organización Mundial de Comercio, es decir, que no obliguen a aislar los mercados europeos del comercio mundial. Quedan posibilidades por explorar, entre las cuales se incluye un uso selectivo de mecanismos tradicionales como las ayudas al almacenamiento ante precios excepcionalmente bajos, o soluciones más modernas, como el desarrollo de los sistemas de seguros, en los que el sector privado debería desempeñar un papel relevante. A nivel más transversal, la Comisión Europea contempla también nuevas medidas de supervisión de los mercados de instrumentos financieros (Mifid) para evitar movimientos especulativos extremos.

Existe además preocupación por la posición de los productores en la cadena de valor. La falta de transparencia en el funcionamiento de la cadena hace que se desconozcan los márgenes comerciales de cada eslabón, lo que puede inducir a pensar que algunos son abusivos y que el poder de mercado de la gran distribución repercute negativamente tanto en el productor como en el consumidor. Son varios los países de la Unión que se oponen a flexibilizar las leyes de la competencia y el debate se promete intenso en los próximos meses. Pueden considerarse otras vías, como la mejora de los sistemas de información de mercado, la apuesta por una mayor concentración de la oferta por las organizaciones de productores o la búsqueda de canales cortos de comercialización como la venta directa. Todo ello requiere una PAC fuerte pero con nuevos instrumentos.

En cualquier caso, como ha quedado claro del debate público abierto por la Comisión el pasado verano, una reforma del sistema de pago único no se puede llevar a cabo de manera independiente de otro tema central de la PAC como es la regulación del mercado. No aportar vías de encarar el problema supondría un fracaso del debate actual sobre reforma de la PAC.

José María García Álvarez-Coque. Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia

Archivado En

_
_