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PP y Vox eliminarán Patrimonio en Comunidad Valenciana y ‘perdonarán’ más de 155 millones a 22.600 ricos

La pérdida recaudatoria por la supresión de Patrimonio e ISD sería de al menos 430 millones

Pablo Sempere
De izquierda a derecha: el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el director de su campaña electoral, Miguel Barrachina; el candidato de Vox, Carlos Flores y el extorero Vicente Barrera.
De izquierda a derecha: el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el director de su campaña electoral, Miguel Barrachina; el candidato de Vox, Carlos Flores y el extorero Vicente Barrera.Manuel Bruque (EFE)

El PP y Vox han alcanzado este jueves un acuerdo de Gobierno en la Comunidad Valenciana que, en el plano tributario, apuesta por eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) y el impuesto sobre el patrimonio en toda la región. También defiende una reducción “drástica” del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) “en todos sus tramos, especialmente a los salarios medios y bajos”. Tan solo la supresión de Patrimonio y del ISD supondrá una merma recaudatoria de al menos 430 millones de euros, a tenor de los datos registrados en los últimos años.

Estas medidas se unirían a otras de índole económica como la eliminación de la tasa turística, la reducción de las tasas de naturaleza autonómica, la aprobación de un plan estratégico para promocionar el turismo y la exigencia al Gobierno central de un nuevo marco de financiación autonómica “que garantice la justa financiación” del territorio.

Aunque hay excepciones por comunidades autónomas, por regla general están obligados a presentar el impuesto sobre el patrimonio aquellos contribuyentes con bienes superiores a los 700.000 euros, aunque hay una exención de 300.000 euros para la vivienda habitual. El tributo tiene naturaleza estatal y su gestión recae en las comunidades autónomas, por lo que la única forma de eliminar sus efectos desde un gobierno regional es establecer una bonificación del 100%, similar a la que lleva aplicando desde hace años Madrid y a la que se ha sumado recientemente Andalucía. En el caso de la Comunidad Valenciana, según muestran los últimos datos de la Agencia Tributaria (correspondientes al año 2020), una bonificación total llevaría a que 22.633 altos patrimonios dejasen de pagar en conjunto 156,4 millones de euros cada año. Es decir, un ahorro de casi 7.000 euros de media por contribuyente que tendría efectos sobre los ingresos públicos con los que cuenta la comunidad.

Hasta la fecha, en la Comunidad Valenciana tienen que abonar este impuesto aquellas personas cuya riqueza neta es superior al medio millón de euros, ya que la región tiene establecido el mínimo exento en esta cifra. En 2023 y 2024, según recoge el último Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), existen ocho tramos con sus respectivas tarifas. Entre los 167.000 y los 668.500 euros de base liquidable el tipo impositivo oscila entre el 0,25% y el 1,12%, si bien la mayoría de declarantes no están afectados por existir el citado mínimo exento de 500.000 euros. Hasta los 1,3 millones el tipo es del 1,87%, y a partir de este umbral las tasas ascienden hasta un máximo del 3,75% a partir de los 10 millones. Esos aumentos en los tramos más elevados se deben a la puesta en marcha desde el Gobierno central del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. Cuando Hacienda anunció el gravamen especial, que tiene una deducción total en los territorios en los que se paga Patrimonio, varias comunidades actualizaron sus tarifas para alinearse con la nueva figura.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones, por su parte, grava las adquisiciones realizadas por personas físicas, tales como herencias, legados o donaciones. Es también un tributo cedido a las regiones. En la Comunidad Valenciana, según muestra la Memoria de la Administración Tributaria del año 2020, los ingresos ascendieron a los 272,2 millones de euros, el 12,3% de todo lo que se recaudó en España gracias a esta figura. Su eliminación, que también debería llevarse a cabo mediante una exención total, supondría esa merma recaudatoria.

Por ahora, la Comunidad Valenciana cuenta con 16 tramos y tarifas impositivas que oscilan entre el 7,65% y el 34%. Sin embargo, la región cuenta con una amplia batería de reducciones y exenciones en función del tipo de adquisición, de los grupos de parentesco y de si la donación o sucesión se produce tras el fallecimiento o entre personas todavía vivas. Por ejemplo, en las adquisiciones mortis causa, hay una reducción de 100.000 euros en los grupos uno y dos de parentesco, que incluyen a hijos y nietos. También existe una reducción del 95% en las adquisiciones de la vivienda habitual del causante, con un límite de 150.000 euros, y bonificaciones de hasta el 75% de la cuota tributaria en transmisiones mortis causa para descendientes directos.

En el IRPF, el pacto no deja claras las posibles fórmulas que adoptará el futuro Gobierno, por lo que no puede cuantificarse el impacto en los ingresos públicos. Todo apunta a que PP y Vox se decantarían por recortar toda la tarifa autonómica del impuesto, que cuenta actualmente con 11 tramos y tipos impositivos que se mueven entre el 9% y el 29,5%. Todos los contribuyentes rebajarían su aportación, ya que el acuerdo se refiere explícitamente a una reducción de “todos sus tramos”. También se intuye que la rebaja sería más fuerte para los salarios medios y bajos, si bien esta fórmula beneficiaría en paralelo a las rentas altas debido a la estructura y funcionamiento del impuesto.

PP y Vox prometen también reducir las tasas autonómicas, que son los impuestos propios que tiene cada territorio. En 2023, la Comunidad Valenciana por ahora con tres de estas figuras: el canon de saneamiento, el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente y el impuesto sobre las viviendas vacías. Más adelante, en 2025, estaba previsto que entrasen en vigor otros como el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de vehículos de tracción mecánica o el impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero. En 2021, la región recaudó 220 millones con estas figuras.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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