Berlín y Fráncfort exigen mayor dureza en la reforma del pacto
Alemania y el Banco Central Europeo dejaron ayer claro que no se conforman con un ligero endurecimiento de las multas previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Berlín y Fráncfort exigen mucha mayor dureza que la recogida en las propuestas de la Comisión Europea.
La segunda reforma del Pacto de Estabilidad desde su nacimiento en 1997 entró ayer en una fase con aroma de revancha durante una nueva reunión del Grupo de Trabajo encargado de mejorar la gobernanza económica de la UE.
Tanto Alemania como el Banco Central Europeo (BCE) llegaron al encuentro presidido por Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, con una tajante demanda para que la tercera versión del Pacto de Estabilidad sea la más exigente de la historia. Berlín y Fráncfort se desquitarían así de supuestos agravios a lo largo de los 12 años de historia de la Unión Monetaria.
Alemania quiere que el nuevo Pacto incluya la suspensión del derecho de voto en el Consejo de Ministros de la UE de los países que incumplan por dos veces las recomendaciones comunitarias para corregir su déficit público. Berlín quiere retener, además, la liberación de fondos europeos destinados a países con déficit excesivo. Bruselas desea que el nuevo sistema esté en vigor ya en verano de 2011. Las dos normas suponen la venganza política del Gobierno alemán por haberse visto forzado a rescatar a Grecia y a crear un fondo de estabilización de la zona euro dotado con 500.000 millones de euros.
Para el BCE, los próximos cambios del Pacto también suponen la esperada oportunidad de acabar con la relajación que, a su juicio, supuso la reforma acometida en 2005 por el entonces comisario de Economía, Joaquín Almunia. Fráncfort mostró entonces su disgusto, pero acabó aceptando la nueva versión del Pacto. Ahora, el BCE parece dispuesto, según advirtió ayer su presidente, Jean-Claude Trichet, ante el Parlamento Europeo, "a dejar claro nuestra opinión" si la reforma resulta "demasiado tímida".
Trichet secundó la propuesta alemana de incluir sanciones "financieras y no financieras". Y como prueba de su alineamiento con Berlín, el francés insistió en la necesidad de crear un grupo independiente, "de sabios y sabias", que complete la vigilancia la disciplina presupuestaria. La Comisión Europea perdería así su exclusiva en la verificación de las cuentas públicas después de un periodo en el que, según Trichet, "la supervisión presupuestaria ha sido particularmente mediocre".
Salgado cuestiona las sanciones por falta de competitividad
La vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, valoró ayer con cautela la propuesta que la Comisión Europea presentará mañana para imponer sanciones anuales equivalentes al 0,1% del PIB (1.000 millones de euros en el caso de España) a los países que no acometan las reformas macroeconómicas exigidas por Bruselas. "Tenemos que discutirlo porque nos parece que la relación entre la actuación de un gobiernos y un desequilibrio macroeconómico (...) puede ser más lejana que en el caso del incumplimiento del objetivo de déficit", señaló Salgado antes de participar en Bruselas en una reunión del grupo de Trabajo encargado de la reforma de la gobernanza económica de la UE.