Basilea III despeja incertidumbres
El acuerdo de reforma de las reglas financieras internacionales alcanzado el domingo por los principales supervisores bancarios del mundo, conocido como Basilea III, aporta un doble efecto positivo. El principal es que fortalece el sistema financiero mundial al exigir a las entidades unos niveles de capital mucho más solventes, lo que contribuirá a evitar futuras crisis financieras como la vivida estos dos últimos años. La globalización ha demostrado que el quebranto de un solo banco puede contagiar al sistema mundial como si de un castillo de naipes se tratase y a una velocidad de vértigo, lo cual exige que las medidas de control sean igualmente globales. Sean pues, bienvenidas, las nuevas normas concretadas este fin de semana.
En la teoría, se triplicarán los niveles de core capital (ratio de capital de máxima calidad -acciones y reservas- sobre activos totales) desde el actual 2% al 4,5% en 2015 y al 7% el 1 de enero de 2019. En la práctica, no supone tanto, pues la crisis provocada tras la quiebra de Lehman Brothers había dejado obsoleto el ratio del 2% e impuesto, de facto, ratios muy superiores. Eso explica que tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como fuentes de las cajas de ahorros se apresuraran ayer a recordar que la gran mayoría de las entidades españolas cumplen de sobra con los nuevos requisitos. Sólo algunas cajas, inmersas en su mayoría en procesos de fusiones, se quedan cortas, aunque es de suponer que en breve avancen en su capital hasta cumplir con las nuevas exigencias de Basilea.
El desenlace del domingo tiene una segunda virtud, al despejar la incertidumbre sobre el futuro de un sector bancario cuya cotización bursátil estaba pasando factura. Los mercados de todo el mundo acogieron ayer con alzas generalizadas en los valores financieros la decisión de mantener un periodo de transición de ocho años para cumplir con los nuevos ratios, superior al que se temían las patronales bancarias. Al final los reguladores se decantaron por un punto intermedio entre los cinco años que pedían EE UU, Reino Unido y Suiza y los diez que demandaba Alemania, temerosa de que sus entidades tuviesen demasiadas dificultades para cumplir. De hecho, el mayor banco germano, Deutsche Bank, anunció el mismo domingo una ampliación de capital de 9.800 millones de euros. Hubieran sido preferibles plazos más cortos, pero mejor un acuerdo con calendario más flexible que falta de acuerdo.
Además, las penalizaciones establecidas en el pacto para aquellas entidades que no cumplan con el 7% de core capital el 1 de enero de 2019 son razonables y muy pragmáticas: no podrán repartir dividendo hasta no alcanzar dicho ratio. Lo cierto es que parecen medidas acertadas. Otras, como obligar a los incumplidores a deshacerse de unidades de negocio o de algún tipo de activo para obtener capital suficiente o, incluso, exigir nuevas ampliaciones cuando los mercados pueden estar en momentos bajos parecen menos inteligentes en estos momentos.
La Unión Europea anunció ayer, acertadamente, que en el primer trimestre del próximo año presentará el proyecto legislativo para adaptar las nuevas normas de Basilea III. Previamente, en noviembre, han de ser ratificadas por el G-20 en su próxima reunión, que se celebrará en Corea del Sur. Será el espaldarazo definitivo para que el resto de países, en especial EE UU, ratifiquen los acuerdos y los hagan cumplir a sus entidades nacionales.
Una vez cubiertos estos trámites cabe esperar, pero también demandar, que ninguna entidad financiera mundial caiga en la tentación de aprovechar las nuevas reglas para repercutir mayores precios a sus clientes. Desde Basilea III se asegura que las nuevas condiciones no implicarán en ningún caso un coste adicional para la banca, y se rechaza que suponga una merma en los beneficios del sector. En cualquier caso, no sería ni deseable ni ético que las nuevas reglas acaben pagándolas las empresas y las familias, es decir, los principales soportes del negocio financiero. Como también tienen razón los bancos españoles cuando denuncian que se deben establecer criterios más rígidos para la salida del capital público de la banca intervenida en esta crisis. De no ser así, los menos aventajados jugarán otra vez con las cartas marcadas.