La financiación regional actual, un colchón contra la crisis
El sistema anterior habría dejado a las comunidades 29.000 millones menos.
Si alguna lección hay que sacar del actual modelo de financiación autonómica, acordado hace ahora justo un año en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es que está sirviendo a las comunidades autónomas como colchón financiero para soportar la actual crisis económica. Es la opinión mayoritaria de un conjunto de expertos del mundo académico, aglutinados bajo el Instituto de Economía de Barcelona. El organismo acaba de hacer público su "Informe sobre el Federalismo Fiscal en España", el primero que se realiza desde que entró en vigor el sistema de financiación regional, y en el que se repasa lo andado hasta ahora. Existe unanimidad entre ellos en que el modelo anterior, aprobado en 2001, comportaba "insuficiencia financiera, escaso poder tributario y un deficiente sistema de nivelación fiscal entre comunidades".
En cambio, el nuevo modelo incorpora un incremento del poder tributario (la cesta de impuestos estatales cedidos se amplía y se da mayor capacidad normativa sobre ellos) y, en consecuencia, fomenta la autonomía financiera de las comunidades.
Además, la aportación extra de 11.200 millones de euros por parte del Gobierno central viene a reforzar las necesidades básicas de las comunidades autónomas.
Tanto es así que "de no contar con las modificaciones mencionadas, incluidas las mayores transferencias del Estado de carácter condicionado para 2010, la disminución de los anticipos a cuenta para este año recibidos por las comunidades habría ascendido a 28.955 millones de euros en vez de los 8.285 millones previstos". Son los cálculos (ver gráfico) que realizan el ex director del Instituto de Estudios Fiscales Jesús Ruiz-Huerta y el jefe del gabinete económico de CC OO y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García.
Del mismo modo, Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, valora que el actual modelo refuerza la visibilidad de los tributos al aumentar sus porcentajes de cesión hasta el 50% en el IRPF e IVA, y al 58% en el caso de los impuestos especiales.
Objeciones
Sin embargo, no todo son parabienes. Laborda recalca que en materia tributaria sigue pendiente la cesión de capacidad normativa sobre el IVA, apuntado como posibilidad en el modelo. "La cesión del IVA en fase minorista en técnicamente posible, pese a estar condicionada a lo que diga Bruselas", señala a CincoDías Nuria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. Además, la proliferación de fondos de compensación surgidos en el actual sistema "otorga una gran complejidad" en la aplicación del mismo, admite Bosch quien, no obstante elogia la "corrección de los desequilibrios" que, a su juicio, mantenían el modelo anterior en materia de solidaridad interregional.
Por su parte, Santiago Lañas, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, recalca que no parece razonable dar tanta importancia a las necesidades de gasto regional "si no se dedica más tiempo y recursos a estimarlas mejor". De igual forma, sugiere que el fondo de compensación interterritorial, instrumento presupuestario que quedó al margen del sistema de financiación autonómico, debería reformarse antes de que acabe el quinquenio.
También queda pendiente la reducción de las diferencias actuales entre el modelo de financiación foral, que se aplica en Navarra y País Vasco, y el de régimen común, según plantea a este diario el director del Instituto, Martí Parellada. "Mantener tales divergencias supone un agravio comparativo", añade.
Claves del modelo
El actual sistema está constituido por una cesta de impuestos estatales, los recursos adicionales que aporta el Gobierno central (11.173 millones), un fondo de nivelación de servicios esenciales (al 75%) y otros tres fondos de redistribución de la renta y de competitividad.
Conflicto abierto por los anticipos a cuenta
Mientras el mundo académico aplaude las ventajas del actual modelo de financiación autonómica, sobre todo por haber elevado los recursos, las comunidades han iniciado una lucha contra el Gobierno para que les permita alargar hasta el máximo posible el plazo de pago de sus deudas.El origen del problema se encuentra en unos anticipos a cuenta recibidos en los dos últimos años muy por encima de la recaudación real. En 2008, este dinero cobrado de más llega a 5.000 millones y para la liquidación de 2009 (a realizar el próximo año) se estima que podría llegar a 20.000 millones. Ahora, en plena crisis las comunidades no disponen de caja para devolver ese dinero ni siquiera en los cinco años que permite la ley. Por eso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado martes, gran parte de ellas solicitaron fraccionar el pago hasta en diez años, algo que rechazó la vicepresidenta Elena Salgado, consciente de que todo aplazamiento de deudas reduce el presupuesto estatal tan necesitado de ingresos adicionales. La batalla se plantea dura ya que, según admiten varios gobiernos regionales, ellos no podrán hacer frente al reintegro de lo cobrado de más en los plazos previstos. "Triste ironía es que los mayores recursos prometidos con el nuevo modelo de financiación no se lleguen a hacer efectivos ya que se estimó mal la recaudación real", admiten.