Un modelo de otro tiempo

Reforma fiscal. La caída del sector inmobiliario ha supuesto una merma de ingresos impositivos que ya no se recuperarán. Quizá ha llegado el momento de plantearse cuál es el modelo tributario que permitirá a las Administraciones financiar los servicios públicos de los años venideros

España es un país extraordinario. Cada día sale un político denunciando que la desproporcionada exposición de la economía al sector inmobiliario ha provocado que la virulencia de la crisis sea mayor en España que en otros países del entorno. Sin embargo, durante años, los mismos que hoy se lamentan no sólo permitieron sino que alentaron con sus decisiones la burbuja inmobiliaria, que originó aumentos exponenciales de la recaudación.

Las cuentas públicas están sufriendo hoy las consecuencias de mantener un modelo tributario dependiente del mundo inmobiliario y de la vivienda. Mientras el PIB cayó un 3,6%, las principales figuras tributarias, ya sean estatales, autonómicas o locales, registran correcciones mucho mayores. De la misma manera que cuando la economía española crecía, la recaudación fiscal aumentaba a un ritmo mucho más alto que el PIB. Y quizás porque en la caja de Hacienda no cesaba de entrar dinero nadie pensó en modificar el modelo fiscal para, por un lado, reducir la excesiva subordinación de los ingresos fiscales al sector inmobiliario y, por otro, para no engordar más el mundo del ladrillo con una política fiscal que incentivaba la compra de casas.

El Gobierno central no se ha atrevido a retirar parcialmente la deducción por vivienda hasta que el déficit ha alcanzado el 11,2% del PIB (120.000 millones de euros). En términos fiscales, no resulta exagerado decir que, hasta ahora, alquilar una vivienda en lugar de comprarla parecía una necedad. Un comprador aún puede deducirse un 15% de los gastos anuales ligados a la hipoteca, con un máximo de 9.000 euros al año. Es decir, un contribuyente del IRPF goza de un ahorro potencial de hasta 1.350 euros anuales durante toda la vida del préstamo hipotecario.

En términos fiscales, resultaba una necedad hasta ahora alquilar una vivienda en lugar de comprarla

En cambio, los beneficios ligados al alquiler resultan ridículos en la comparación, a la par que carecen de toda lógica. Así, un arrendatario puede deducirse un 10,05% de los gastos de alquiler con un máximo de 9.015 euros anuales. Sin embargo, solo las rentas inferiores a 12.000 euros pueden beneficiarse en su totalidad de la rebaja fiscal, mientras que quien gane más de 24.000 euros no tiene derecho a ella. Así, ¿quién puede alcanzar la deducción máxima que contempla la normativa? Pues un contribuyente mileurista que destina el 90% de su sueldo (900 euros) a pagar mensualmente el alquiler. Un sinsentido.

Con una legislación fiscal como esta sorprende que aún haya quien se extrañe de que España sea un país donde no existe una cultura del alquiler como en el resto de Europa y donde el delirio por comprar una casa ha provocado un endeudamiento excesivo de las familia.

Ahora, el Gobierno ha anunciado que suprimirá la deducción por vivienda para las rentas superiores a 24.000 euros y equiparará los beneficios por compra y alquiler. En enero ya no habrá diferencias en el IRPF entre adquirir y arrendar una casa. La medida llega tarde.

Si bien el Gobierno perdía ingresos en el IRPF por la deducción por vivienda, los beneficios que lograba con el boom inmobiliario superaban con creces el coste de la rebaja tributaria. Los ingresos por IVA pasaron de 33.389 millones en 2000 a 55.000 millones en 2007, un incremento del 64%. Desde Hacienda reconocen que la partida que más contribuyó a este incremento fue la del gasto en vivienda, que tributa al 7%. En los dos últimos años, la crisis inmobiliaria ha provocado que los ingresos tributarios por IVA cayeran un 38,5% y volvieran a niveles del año 2001.

Esta pérdida de recaudación afecta también a las comunidades autónomas, que a partir de este año reciben el 50% de la recaudación por IVA, porcentaje que era del 35% desde 2002. El modelo tributario autonómico no ha sido ajeno a los beneficios derivados de la vivienda. Las comunidades ingresan el 100% de la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava con un 7% la compraventa de casas usadas. Y también el de actos jurídicos documentados, que aplica un tipo del 1% sobre los préstamos hipotecarias. Ambos tributos se convirtieron en un maná precioso para las arcas autonómicas y permitieron ingresar en 2006 unos 18.150 millones de euros, un 220% más de lo que recaudaron en 2000. Sin embargo, en los tres años siguientes, los ingresos derivados de transmisiones y actos jurídicos documentados retrocedieron diez años.

Ante esta situación, las comunidades -además de subir impuestos- exploran la posibilidad de crear nuevos figuras impositivas. Así, Andalucía, siguiendo los pasos de Extremadura, ideó una tasa sobre la banca y estableció un nuevo impuesto sobre las bolsas de plástico. En cualquier caso, ni los aumentos fiscales en el IRPF o el impuesto de transmisiones patrimoniales ni la creación de nuevos tributos lograrán equiparar los ingresos a la época del boom inmobiliario.

Los ayuntamientos, por su parte, son las Administraciones que a día de hoy pasan más dificultades. Algunos, incluso, tienen problemas para abonar las nóminas de sus empleados. Sin embargo, como el resto de Administraciones, los alcaldes también vivieron antes de la crisis en la opulencia. Tres de los cinco tributos locales presentes en todos los municipios están ligados de una u otra forma a la vivienda y el sector inmobiliario. El IBI, el impuesto de plusvalías y el impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO) supone el 76% de los ingresos por impuestos locales.

Además, muchos ayuntamientos se hicieron de oro con la venta de suelo público a promotoras, lo que permitía a los alcaldes prometer más y más servicios a los ciudadanos. Así, no es extraño ver pueblos minúsculos que cuentan con, por ejemplo, una piscina municipal, polideportivo o campo de fútbol, de césped por supuesto. Sin embargo, perdidos los ingresos inmobiliarios y sin posibilidad de vender más terrenos, el problema de muchos alcaldes es cómo pagar el mantenimiento de las nuevas instalaciones. Como las comunidades, los ayuntamientos se afanan en buscar nuevos sectores a los gravar fiscalmente. En este sentido, la tendencia ahora es apuntarse a la fiscalidad verde -penalizar las actividades o productos contaminantes- bajo el pretexto de proteger el medio ambiente.

En cualquier caso, no hay modelo tributario que sea capaz de sustituir la gallina de los huevos de oro que suponía para la Administración pública el mercado de la vivienda y el sector inmobiliario. Los ingresos que originaba el ladrillo ya nunca volverán. Gravar nuevos sectores y elevar impuestos son medidas paliativas. Sólo con recortes del gasto es posible reducir al 3% el déficit como exigen las autoridades comunitarias.