El Congreso fuerza al Ejecutivo a prorrogar la línea ICO a municipios
El Congreso aprobó ayer la reforma de la ley de morosidad, que finalmente incluyó una enmienda que obliga a prorrogar la línea ICO de 3.000 millones para que los municipios reduzcan su abultado nivel de deuda. El PSOE fue el único que votó en contra de la misma.
Tras un año de tramitación parlamentaria, la reforma de la ley de morosidad impulsada por CiU fue aprobada ayer en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Una unanimidad que no se produjo a la hora de introducir una enmienda, que contó con el voto en contra del PSOE y el favorable del resto de grupos, para que se prorrogue la línea ICO de 3.000 millones con la que los municipios pueden reducir su elevada deuda.
El rechazo del PSOE se debió al fracaso de esa línea, que apenas fue utilizada en 2009 ante las dificultades de los consistorios para poder acreditar documentalmente la deuda, requisito imprescindible para optar al crédito. Según los cálculos de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, el nivel de deuda local se eleva a 33.000 millones de euros.
El texto aprobado ayer suprime la posibilidad de pactar los plazos entre partes, establece que el periodo de pago se contabiliza desde la recepción de la mercancía, obliga a las empresas a reflejar en sus cuentas el periodo medio de pago a sus proveedores y fija un periodo transitorio hasta 2013 para que el plazo de pago entre empresas en ningún caso supere en esa fecha los 60 días. En el caso de las administraciones públicas lo limita a 30 días. El texto establece salvedades para el pago de productos frescos (no podrá exceder nunca los 30 días), para la distribución (podrán agrupar sus facturas en un máximo de quince días, siempre que la media de pago no supere los 60 días) y para las constructoras, que podrán pagar a más tiempo del fijado en la ley durante dos años ante el elevado retraso que acumulan (193 días). Ese plazo se amplía a 293 días para las diez mayores compañías.
"Habrá menos cierres y menos paro"
El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antonio Cañete, se congratuló por la aprobación del texto para reducir los elevados plazos de pago en España. "Con 98 días éramos en 2009 los subcampeones de Europa, sólo superados por Grecia", dijo.La reforma permitirá, a su juicio, que las empresas sean más competitivas y más viables. "El primer factor que condiciona la vida de una empresa es su capacidad de cobro. Con esta nueva ley habrá menos cierres de empresas y menos paro", aseguró Cañete.El nuevo texto provocó reacciones diferentes entre las organizaciones empresariales. Las cooperativas agrarias se mostraron satisfechas por la eliminación del pacto entre partes, muy utilizado por la distribución para diferir los pagos, mientras que la asociación de autónomos ATA alabó lo oportuno de la reforma "porque pone coto a los morosos". Sin embargo, la otra gran asociación de autónomos, UPTA, lamentó que se haga una excepción con las constructoras. "Esta perjudica a pymes y autónomos, que son siempre subcontratados en este tipo de obras", subrayó en un comunicado.