Más allá de las primas
El día 1 de julio se ha convertido en una fecha marcada con un círculo rojo en el calendario de todos aquellos que se dedican a la energía. Si nada cambia, ese día se publicará la revisión del precio del recibo de la luz y, junto a ella, la nueva normativa para el desarrollo de las energías renovables en España. Las empresas esperan una sustancial rebaja de las primas pero desconocen cómo se articularán los mecanismos para la reducción, si se revisarán además las retribuciones para las plantas ya en marcha o no, si se diferenciará entre tecnologías, si habrá que competir por un mercado limitado o si se establecerán mecanismos de flexibilidad que permitan trasladar la deseada reducción de costes en los proyectos al precio final. En resumen, manejan muy pocos datos sobre su futuro inmediato. Incertidumbre total.
Este desconocimiento no tiene graves impactos sólo en las energías renovables, que han visto como su actividad se paralizaba durante el último trimestre. También remueve los negocios de las eléctricas tradicionales, que se posicionan en contra de las renovables o a favor de unas sí y otras no. Les va en su negocio porque el verdadero debate está mucho más allá de las primas, está en el modelo energético que va a mover España en los próximos 10 años, como mínimo. Sin embargo, aunque en el fondo de la cuestión ambos objetivos tienen que ir en paralelo y ser complementarios, primas y modelo energético se plantean como dos debates paralelos y así se discuten: por un lado está el agujero del déficit de tarifa, una deuda de los consumidores con las eléctricas para que el recibo de la luz no suba como suben los costes de producción de la electricidad. El Real Decreto Ley 6/2009 establecía que la diferencia entre los costes de generación que tienen las empresas y los ingresos regulados, es decir, este déficit, no debía exceder los 3.500 millones el año pasado. Sin embargo, el desajuste del sistema se situó en 2009 en 4.615 millones. La cifra es un 20% menor a los 5.819 millones de 2008. Y estos montos se suman año tras año.
Aunque este sistema se creó hace más de 10 años, las primas a las renovables contribuyen a engordar este déficit porque incrementan estos costes que no se pagan en ninguna partida y en época de crisis, es muy difícil encontrar de dónde sacar dinero para respaldar esta deuda. Este es el problema a corto plazo, el que se está debatiendo durante la redacción de la nueva normativa, porque el compromiso es acabar con este pozo sin fondo antes de 2013, decreciendo en 1.000 millones cada año. Justo es que desaparezca porque no son los consumidores del futuro los que han de pagar la electricidad de hoy. Pero desde luego, el Gobierno no valora ni por asomo subir el recibo de la luz.
Por el otro lado, está el modelo energético. España debe cumplir con sus compromisos europeos referentes a las tecnologías verdes, que obligan a que un 20% de la energía final consumida en 2020 provenga de fuentes renovables. Como apenas se han llevado a cabo iniciativas relacionadas con el consumo de energía para producir calor, el grueso de este compromiso se cumple con la generación de electricidad. Es decir, que para alcanzar el 20%, al menos un 40% del mix energético se debe cubrir con energías renovables.
La propuesta inicial del Gobierno, presentada dentro de la propuesta de Acuerdos de Zurbano a los partidos políticos primero y después, a las empresas y patronales, identifica como pilares de la política energética la seguridad de suministro, la competitividad y el respeto al medio ambiente. En esta planificación, la participación de las renovables en la energía final es del 22,7%, lo que implica superar los objetivos y ha hecho saltar las alarmas.
Porque el incremento de las renovables saca a las tecnologías más caras del mercado e impide a los ciclos combinados, por ejemplo, producir a un ritmo de entre 4.000 y 5.000 horas anuales, como estaban presupuestados al acometer las inversiones. Los limita a una media de unas 2.200 horas, lo que los convierte en insostenibles. Y se habla de incentivos de respaldo, de pagar por mantener las instalaciones preparadas para entrar en funcionamiento cuando haya poco viento, por ejemplo. Se han instalado más megavatios renovables de lo que estaba previsto para 2010 pero también se han instalado ciclos combinados de más. Y no falta en el juego el decreto del Carbón, que obliga a consumir unas cantidades anuales de este carbón estatal aunque resulte más caro incluso que importarlo. El dibujo del mix ha de conjugar estas bazas y salir airoso, aunque aún no se sepa a cuál de todos los sectores va a dejar descontento.
La tensión y la incertidumbre no son buenas en ningún sector y menos en uno tan estratégico como el energético. Está claro que no se puede pagar todo. Y si ha habido errores de planificación, si las primas fueron altas en exceso, si se han cometido fraudes y algunos se han aprovechado de la buena coyuntura para lucrarse, es hora de limpiar, de hacerle frente pero con cuidado. No se puede comprometer el futuro en una apuesta política, se necesita un verdadero posicionamiento a largo plazo y es justo lo que falta. Cada año, cada dos años cambian las condiciones para todos, renovables y fósiles y hay una parte de confianza en el país que se mina cada vez. Y se verá más perjudicada si se demuestra que en España no hay la seguridad jurídica necesaria ni un marco estable para el desarrollo. Los inversores no querrán entrar y las empresas no podrán salir.
Si España tenía y tiene una magnífica carta de presentación en energías renovables en el extranjero, es precisamente porque el desarrollo en el mercado natural ha sido fuerte y ha generado unos retornos, unos empleos y una tecnología puntera que se ha exportado. Ese es el objetivo, desde luego, crecer fuera porque España no deja de ser un mercado limitado y hay que expandirse hacia Europa, Estados Unidos o Asia. Esto ha ocurrido en energía eólica y sigue ocurriendo. También se ha demostrado a nivel europeo que cada vez que se duplica el mercado fotovoltaico, sus costes caen un 20%. Además, España es el único país europeo con plantas solares termoeléctricas en funcionamiento comercial. Y esto, sin contar a las eléctricas tradicionales, grandes empresas con mucha fuerza en el tejido empresarial de España y de otros países.
Si la prioridad por las energías verdes desaparece de mala manera y la industria incipiente queda huérfana, si no confía en el sector ni su propio Estado, ¿qué otro país creerá en la tecnología española? Hay que hacer frente a los costes disparados, está claro, pero eso supone una reforma profunda y a largo plazo. Hay que reflexionar sobre el conjunto del sistema eléctrico. El tijeretazo a corto, necesario para seguir adelante, requiere la pericia de un bisturí para no destruir lo que será necesario en el futuro.
