COLUMNA

Reforma del euro y racionalidad económica

La Comisión Europea está avanzando en las propuestas de un nuevo orden del área del euro. Encima de la mesa hay un conjunto de reformas posibles, entre las que destaca la de incorporar, entre los indicadores de divergencia a controlar, aquellos que indiquen cambios en la competitividad o en los saldos por cuenta corriente. Esta preocupación deriva de constatar que el fuerte endeudamiento (privado o público) de Grecia, Italia, España, Portugal o Irlanda ha sido posible porque otros países del área han financiado los déficit exteriores de esos países. Así, tomado la media del período 2002-08, Alemania ha presentado un superávit externo en el entorno del 5% anual de su PIB (y un 3% Austria y más del 7% Holanda), frente a déficit del 7,1% para España, 12,5% para Grecia, 9,3% para Portugal o 5,1% para Irlanda.

De esta forma, en lugar de obligar a la convergencia, un diseño erróneo del área ha ampliado las divergencias iniciales. Pero sería un error centrar el debate de la reforma en la necesidad de una política fiscal común. Cierto que ello permitiría evitar algunos de los problemas actuales (los de Grecia, por ejemplo), pero de nada nos ha servido a nosotros. España es un ejemplo paradigmático de un país que, cumpliendo a pies juntillas el protocolo del Pacto por la Estabilidad, se encuentra hoy inmersa en una profunda crisis financiera. Y ello porque es perfectamente posible presentar unas finanzas públicas saneadas, con superávit públicos y un muy bajo nivel de deuda y, al mismo tiempo, unas finanzas privadas profundamente deficitarias y una deuda gigantesca. De hecho, desde un punto de vista agregado, poco importa quien genere el déficit exterior. En el caso español, entre 2002 y 2008, fue el sector privado el responsable: con un ahorro medio del 17,2% del PIB y una inversión interna del 24,4%, su déficit (del -6,5% del PIB) significó más del 100% del agujero exterior, ya que el sector público, en promedio de esos años, tuvo un ligero excedente financiero. Desde el inicio de la crisis, por el contrario, es el sector público el responsable del desaguisado: entre 2008 y 2011 (previsiones de primavera de 2010 de la Comisión Europea), de un déficit exterior medio del 5,5% del PIB, al sector público le corresponde más del 100% (unos 8,5 puntos del PIB), parcialmente contrarrestado por el mejor comportamiento privado (saldo superavitario del 3,0%).

Si algún problema de diseño del euro hay que corregir es el derivado de haber considerado, en nombre de un paradigma económico acientífico, que la suma de racionalidades individuales se traduce en un óptimo colectivo. Y que, por tanto, las decisiones de endeudamiento privado son, en su conjunto, siempre adecuadas. Esta presunción es, simplemente, falsa. Los ciudadanos españoles que se han endeudado actuaban racionalmente. Nadie lo discute. Si los tipos de interés son negativos y, además, el sector público recorta la presión fiscal, ¡ancha es Castilla! Lo racional es endeudarse. Pero de ese comportamiento individual, perfectamente lógico, no puede deducirse que no haya que controlar el endeudamiento conjunto del sector privado. Porque, en España, la suma de óptimos individuales se ha traducido en una catástrofe colectiva.

A la luz de lo sucedido, ¿teníamos posibilidades de hacer algo distinto? Por descontado. En ausencia de un mecanismo institucional del área que pusiera límites al endeudamiento exterior del país, la solución pasaba por generar superávit públicos mucho más elevados, limitando la capacidad de endeudamiento privado, bien con aumentos fiscales bien con reducciones de gasto. Pero esta solución no era, ciertamente, muy popular.

Por ello, si la reforma en curso del área no pone límites a la irracionalidad colectiva privada, lo que nos ha sucedido volverá a ocurrir. A fin de cuentas, lo que realmente importa, como nuestra crisis financiera demuestra, es el endeudamiento conjunto de un país, sea el sector privado o el público el causante. Control del comportamiento público, por descontado. Pero, también, de los resultados agregados de la conducta privada. Esperemos que la reforma vaya por ese sendero.

Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada de la UAB