TRIBUNA

Encajando el puzle de las cajas

Cuando la semana pasada se desvelaba el ultimátum dado por el Banco de España a Cajasur, todos teníamos claro que se trataba de algo más que un nuevo rumor interesado. Si íbamos a tener una nueva intervención de una caja de ahorros debía repetirse el guión de Caja Castilla La Mancha, y en esta ocasión con mayor razón: el fin de semana, con las sucursales y sobre todo los mercados financieros cerrados, es el único momento en que se puede afrontar una solución drástica como ésta con la esperanza de que el lunes, vista con una mínima perspectiva, las consecuencias a nivel global no sean fatales.

Y así parecía haber sido en parte, aunque aún no está clara la reacción de los mercados mundiales a lo que parece ser el despertar del Banco de España para poner orden en el peculiar entorno de las cajas. Un despertar difícil y que evidencia la gravedad de la situación de Cajasur y hace temer por la verdadera dimensión de los problemas del sector.

Parece que la huella de la intervención ha sido inmediatamente visible en el anuncio este lunes de la fusión fría, a través de la creación de un sistema de protección institucional (SIP), entre Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Si la cercanía del final del plazo para acudir al FROB no estaba siendo todo lo estimulante que sería deseable, con múltiples procesos de reestructuración perdidos en los recovecos de dificilísimas negociaciones, la amenaza más cercana de que el Banco de España y un FROB que se apaga, con sus legiones durmientes de prejubilados, tomen las riendas podría haber reactivado el baile de las integraciones.

Los SIP, cuya regulación contenida en la Circular 3/2008 ha tratado de ser clarificada recientemente por el Real Decreto-ley 6/2010, se articula como acuerdos contractuales entre entidades de crédito que pretenden garantizar de forma inmediata, en caso de ser necesario, su liquidez y solvencia. Para ello se crea una entidad de crédito central, a quien serán exigibles los requerimientos regulatorios del conjunto, cuyas instrucciones son vinculantes para las participantes, determinando de forma unificada sus políticas y estrategias de negocio, así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos. Además, supone la puesta en común de al menos el 40% de los resultados de las entidades integrantes, para su distribución proporcional entre ellas, y exige una permanencia mínima de diez años.

Aunque se permite con posterioridad abandonar el SIP, la decisión en este sentido ha de comunicarse con al menos dos años de antelación, y tanto la íntima integración que termina suponiendo en la práctica como la inclusión de un régimen de penalizaciones que refuerce la permanencia deberían hacer difícil dicha separación e incluso fomentar un mayor grado de compenetración que idealmente termine dando lugar a una única entidad.

A ello debería contribuir la siempre prometida reforma de la ley estatal de cajas de ahorros, que también se nos reclama de forma más o menos velada desde más allá de nuestras fronteras. Una reforma que podría quedarse en meros retoques cosméticos o afrontar de forma valiente la necesaria reordenación de las cajas de ahorros, que puede limitarse a dotar a las cuotas participativas de derechos políticos con carácter general o apostar por una desaparición a medio plazo de las cajas tal y como las conocemos.

Está claro que los SIP no pueden ser el final del camino. Son soluciones de emergencia, primeros pasos quizás hacia un sistema semejante al italiano en el que las cajas terminen abandonando el negocio bancario para ser fundaciones que participen en entidades de crédito, como ya se permite expresamente en Castilla-La Mancha.

Un camino que debe terminar con el lastre que sigue suponiendo su vinculación con las comunidades autónomas, como está demostrando el agónico proceso de reordenación del sector, que solo parece avanzar a golpe de amenaza y de intervención. Porque seguimos viendo que, aun ahora, en una coyuntura en la que, por desgracia, parece inevitable que politización y profesionalización sean antónimos, los intereses políticos siguen primando a la hora de elegir pareja.

Abraham Nájera Pascual. Socio CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Derecho Bancario y Financiero)