Cómo privatizar las cajas poco a poco
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, parecen estar de acuerdo en recapitalizar las cajas de ahorro utilizando las cuotas participativas. Las cuotas participativas son, básicamente, acciones sin voto. Son capital y se remuneran en función de los excedentes que obtenga la caja de ahorros y la Ley trata de garantizar que no se producen traspasos patrimoniales ni a favor ni en contra de los titulares de las cuotas.
Teóricamente, podrían servir para privatizar las cajas si, como salieron diciendo Rodríguez Zapatero y Rajoy, se les atribuyen derechos de voto proporcionales a lo que tales aportaciones representen en relación con el patrimonio de la caja. Cuando las aportaciones de los titulares de las cuotas superen el 50 % del patrimonio de la entidad, los titulares de las cuotas tendrían el control.
No obstante, hay dos limitaciones legales para que tal cosa pueda ocurrir. La primera es que "el volumen de cuotas participativas en circulación, no podrá superar el 50 % del patrimonio de la caja", de modo que los que aporten nuevo capital no podrán hacerse con el control de la entidad financiera. El segundo es que "ninguna persona, natural o jurídica, o grupo económico, podrá ostentar, directa o indirectamente, cuotas participativas por importe superior al 5% de las cuotas totales vigentes". Ambos límites han de ser eliminados con carácter general como ya ocurre cuando el que suscribe las cuotas participativas es el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
Por otra parte, reducir la cuota de políticos en los órganos de las cajas -tal como ha propuesto la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado- no sirve de nada si los puestos sobrantes se dan a los impositores, porque los políticos controlan también a los elegidos de entre los impositores. Ignoro si Rajoy y Zapatero (o Isidro Fainé y la CECA, que tendría que tener un protagonismo mayor en este tema) tienen ya pensados los cambios en el gobierno de las cajas que van a acompañar a la atribución de derecho de voto a las cuotas participativas.
A mi juicio, la reforma debería orientarse por los siguientes principios:
-En primer lugar, debería reservarse a los titulares de las cuotas participativas con derecho de voto la participación en la Asamblea General. No tiene ningún sentido que los representantes de las entidades fundadoras y políticas estén presentes en dos órganos distintos (la Asamblea y el Consejo). De este modo, la Asamblea estaría formada por sujetos con intereses homogéneos (maximizar el valor de sus cuotas) y, por lo tanto, podrían tomar acuerdos fácilmente. Las competencias de la Asamblea podrían revisarse.
-La participación de las instituciones fundadoras y los entes políticos (parlamentos regionales, ayuntamientos, etc.) debería articularse a través del consejo de administración designando consejeros no ejecutivos o dividiendo este órgano en consejo de administración y consejo de vigilancia y articulando la participación de los entes políticos a través del consejo de vigilancia.
-Los consejos ejecutivos deberían ser elegidos en la Asamblea a propuesta de los consejos de administración/de vigilancia de manera que, si los políticos proponen a ejecutivos impotables, se arriesgan al rechazo.
-La participación de las entidades fundadoras y las Administraciones públicas en el consejo de la caja se mantendría proporcional a la parte del patrimonio de la caja que no estuviera representado por cuotas participativas. En el momento en el que las cuotas participativas representen más del 50% del patrimonio de la caja, debería preverse la transformación de la entidad en sociedad anónima y la atribución de las correspondientes acciones a las entidades públicas repartiéndose entre éstas de acuerdo con su participación en la designación de consejeros. La ley podría prever, igualmente, una obligación de las comunidades autónomas y ayuntamientos correspondientes de enajenar las acciones (a favor de los empleados de la caja, por ejemplo) o de destinar los dividendos a fines determinados.
Este nuevo esquema de gobierno corporativo debería ofrecerse a las cajas, no imponerse (opt-in). Aquellas cajas que necesiten/soliciten ayudas públicas para su recapitalización quedan ya sometidas a la regulación del FROB. Por tanto, estas nuevas cuotas participativas con derecho de voto ofrecidas al mercado, serían una alternativa para que las cajas sanas puedan fortalecer su capital sin necesidad de acudir al FROB.
Recuerdo que un economista contestaba a mi sugerencia de privatizar las cajas hace unos seis u ocho años con el dicho inglés: "Si algo no está roto, no lo arregles". Bueno, ahora parece que esto está roto y que hay que arreglarlo. Si hubiésemos privatizado entonces, tendríamos hoy varias decenas de miles de millones de euros más en el Fondo de Garantía de las Pensiones y, probablemente, bastantes menos en el FROB.
Jesús Alfaro Águila-Real. Catedrático de Derecho Mercantil. Socio de CMS-Albiñana & Suárez de Lezo