Los desempleados primero
Nuestros Gobiernos deberían velar porque las políticas activas sean efectivas y se pongan en práctica a través de servicios públicos y servicios privados de empleo eficientes, idóneos, modernos y respetuosos con las políticas nacionales, que combinen el pago de prestaciones con unos servicios eficaces de búsqueda personalizada de empleo, así como con otras formas de ayuda relativa al mercado de trabajo para quienes lo necesiten".
æpermil;sta es una de las principales conclusiones recogidas en el documento Las personas primero: Afrontando juntos la dimensión humana de la crisis suscrito en la reunión del G-8, en marzo de 2009 en Roma, por los ministros de Trabajo de los ochos países participantes, el comisario de Empleo de la Unión Europea, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el secretario general de la OCDE y el primer subdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Permítame el atrevimiento de desear que también nos inviten a las próximas reuniones del G-8 de junio aunque sea para despedir nuestra presidencia de la Unión Europea.
Las cuentas públicas hasta ahora están muy alejadas de lo que esta línea de actuación internacional recomienda y son una nueva muestra de que la articulación y definición de las políticas de empleo en España se siguen planteando sobre una base errónea (y a los resultados me remito).
La dicotomía entre pagar el desempleo o pagar el empleo debería estar ya ampliamente superada, pues no se trata de elegir entre protección o activación sino en cómo combinar ambas políticas, las pasivas y las activas, para apoyar a los desempleados en su vuelta al mercado laboral, que debería ser el objetivo central.
Las cuentas del Estado para 2010 no tienen, ni han tenido, esa visión, y de nuevo enfrentan el pago de prestaciones a las políticas activas cuyos recursos, aunque se incrementan en un 2,2% con respecto a 2009, son hasta cuatro veces inferiores a los recursos asignados para políticas pasivas. Tal y como están planteadas, parece que se da por hecho que el gasto en prestaciones es más "social" que la inversión en políticas de apoyo al empleo, formación e inserción o reinserción al mercado de trabajo de los desempleados. Si es una cuestión de escasez de fondos, quizás habría que contar con otro tipo de alternativas capaces de aumentar la eficacia de la inversión en políticas activas, sin aumentar por ello el coste. Y no hay fórmula que todavía no se haya inventado, sobre todo si ya la han aplicado prácticamente todos los países de nuestro entorno europeo.
La cooperación abierta y leal entre los Servicios Públicos de Empleo y las Agencias Privadas de Empleo (aún ETT en España) es, en casi todos los Estados miembro de la Unión Europea, una forma establecida de política del mercado laboral la cual aporta mayor fluidez, coordinación y apertura a dicho mercado.
Lógicamente nuestros vecinos europeos, ante la fuerte presión que ha ejercido sobre las instituciones laborales el brutal incremento de demandantes de empleo, han optado por reforzar dicha colaboración como medida para luchar contra el desempleo y su carácter estructural en esta crisis. Dicha iniciativa se ha considerado como una vía rápida de modernización y obtención de recursos, inmediatamente disponibles, para fortalecer la red pública de intermediación en el empleo.
España parte del punto cero y se erige así como la gran excepción en el Viejo Continente. No existe ni un solo país, a excepción del nuestro, en el que no se produzca colaboración entre servicios públicos y agencias privadas de empleo con ánimo de lucro y gratuitas para el trabajador.
En primer lugar, porque en nuestro país el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 16, prohíbe la existencia de estas agencias, a pesar de que España ratificó en 1999 el Convenio 181 de la OIT sobre la regulación de estas entidades y su colaboración con los Servicios Públicos de Empleo. Once años después este convenio no ha tenido incidencia en nuestro ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, porque la ley ciñe a las Empresas de Trabajo Temporal en exclusiva a la cesión temporal de trabajadores, no pudiendo actuar como agencias privadas de empleo, pese a que ya ejercen como tales cruzando cualquiera de nuestras fronteras.
En tercer lugar, persisten en España las restricciones sectoriales hacia estas empresas, que además de no poder trabajar en sectores de riesgo como la construcción, también su actuación está restringida en las Administraciones Públicas. En este sentido, el Gobierno fijaba, en el BOE del 31 de diciembre del pasado año, un plazo máximo de cuatro meses (ya han transcurrido casi tres desde entonces) para la transposición, con el acuerdo de los agentes sociales, de la Directiva europea de Empresas de Trabajo Temporal, que exige la revisión de dichas penalizaciones y limitaciones, a favor de los más de cuatro millones de parados.
Y por último, y lo que ha perpetuado en el tiempo este anacronismo con el resto de Europa, es que aún no ha habido la suficiente voluntad política para solventarlo. Sin embargo, ahora parece haber ciertas pistas que indican que por fin se van a poner de verdad a las personas sin empleo primero.
Francisco Aranda. Vicepresidente de la Confederación Europea de Agencias Privadas de Empleo