Fórmulas para aumentar los recursos del Estado
Los expertos prefieren el copago y nuevas tasas por servicios antes que subir impuestos
España tiene un problema. En 2009, la Administración pública gastó 120.000 millones de euros más de los que ingresó. Un nivel nunca visto y que ha elevado la desconfianza de los inversores internacionales. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de austeridad para recortar en 50.000 millones el gasto hasta 2013. Sin embargo, desde Hacienda también estudian nuevas fórmulas para elevar los ingresos. Entre las múltiples posibilidades, los expertos se decantan por introducir tasas por servicios y elevar la colaboración público-privada antes que subir impuestos.
Nuevas tasas
Con la caída del sector inmobiliario, las Administraciones públicas han perdido una importante fuente de ingresos. Los ayuntamientos son los más afectados, ya que más del 70% de la recaudación de los tributos locales está ligado de una u otra forma al sector inmobiliario y constructor. Por ello, en el último año han proliferado nuevas tasas. La más sonada, la polémica tasa de basuras de Madrid. Sin embargo, muchos otros ayuntamientos han seguido el mismo camino. Esta tasa existe en 42 capitales de provincia. Y ante el fin del boom inmobiliario los alcaldes buscan nuevos sectores que gravar. Alberto Ruiz-Gallardón estableció una tasa a las compañías de telefonía móvil por la colocación de antenas. Sin embargo, Telefónica, Vodafone y Orange recurrieron a la justicia y, de momento, los jueces han dado la razón al sector privado.
Más del 70% de la recaudación de tributos locales está ligado al sector inmobiliario y constructor
El Gobierno, por su parte, no descarta incorporar nuevas tasas finalistas como la euroviñeta, vigente en distintos países de la UE y que grava la utilización de las carreteras por parte de los vehículos de gran tonelaje. Además, algunos ejecutivos autonómicos, como el catalán y madrileño han planteado establecer el copago sanitario, es decir, cobrar a los contribuyentes por cada visita al médico o receta prescrita. Sin embargo, el Congreso de los Diputados aprobó el año pasado por unanimidad una enmienda que rechazaba introducir el copago. Gregorio Izquierdo, jefe del Servicio de Estudios del IEE, defiende este mecanismo para financiar ciertas prestaciones y para "sensibilizar a los usuarios de los costes de los servicios públicos".
Privatizaciones
Los expertos advierten que las privatizaciones nunca deben realizarse con el objetivo de ingresar dinero, sino con el fin de ofrecer de forma más eficiente un servicio. En cualquier caso, la época de las grandes privatizaciones ya ha pasado. Fue en la década de los noventa, cuando el Estado salió de grandes empresas como Telefónica, Endesa, Repsol o Tabacalera. Desde 1985, el Estado ha ingresado más de 40.000 millones por ventas de participaciones privadas. Actualmente, el Gobierno indica que "son pocas las empresas de Servicio Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que por su actividad pudieran se objeto de venta". La mayoría son pequeñas empresas. En 2008, los ingresos de la SEPI ascendieron a 4.080 millones. Más del 70% corresponde a Navantia -una naviera estatal- y Tragsa -sociedad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Xavier Segura, jefe del Servicio de Estudios de Caixa Catalunya, indica que la cifra de negocio del conjunto de empresas públicas alcanza los 27.373 millones de euros, un 2,6% del PIB. Actualmente, el Gobierno prevé vender un 30% de AENA al capital privado. En cualquier caso, hay sectores que son más propicios a la privatización que otros. El profesor de Esade Josep Maria Sayeras recuerda que en el Reino Unido el proceso de privatización de la red ferroviaria no ha funcionado. Gregorio Izquierdo indica que donde más margen existe para privatizar es en las comunidades autónomas.
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, es la dirigente territorial que más apuesta por dejar en manos privadas los servicios públicos. El año pasado planteó la posibilidad de sacar a Bolsa el 49% del Canal de Isabel II, que hubiera reportado 4.000 millones de euros. Aunque, finalmente, desistió por la crisis financiera.
Colaboración público-privada
"La única salida que le queda a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente en un entorno como el actual de duro ajuste presupuestario es generar inversión a través de las concesiones", aseguran fuentes del sector de la construcción. Esa falta de recursos públicos es lo que está provocando que sí exista más receptividad de las administraciones a esta fórmula por la que las empresas adjudicatarias asumen el coste de construcción y explotación de la obra a cambio de un canon público en función de distintos parámetros.
De esta manera, no se requiere que los Gobiernos adelanten el dinero de proyectos habitualmente muy costosos y los ciudadanos disponen antes de los nuevos equipamientos. "Gracias a ese sistema, se divide la responsabilidad de los riesgos y cada uno de los socios (empresas privadas y administración) hace lo que mejor sabe", explica José Díaz-Caneja, director gerente del Foro PPP Infraestructuras. Fomento licitará en dos años, en lugar de los tres inicialmente previstos, los 15.000 millones del plan de inversión extra. No obstante, y dada la coyuntura actual preocupa y de qué modo el tercer elemento clave para que este modelo funcione: el sector financiero. Las empresas reclaman a los legisladores un nuevo marco que garantice la seguridad jurídica de esta clase de proyectos, que se diseñan a largo plazo. "Sin certezas, no hay financiación", afirman en una patronal del sector.
Endurecer la lucha contra el fraude
Recuperar el dinero que escapa del fisco supone una prioridad para el Gobierno. Durante este mes, el Consejo de Ministros aprobará un nuevo plan contra el fraude fiscal. El vigente, ha permitido ingresar 35.600 millones de euros desde 2005. Sin embargo, el celo de Hacienda para evitar la evasión de impuestos resulta, en opinión de los inspectores de Hacienda, excesiva. Este colectivo denuncia presiones "excesivas" para elevar la recaudación. "Debemos obtener mayor deuda e imponer mayores sanciones para cobrar el plus de productividad", protestan. Y argumentan que "en ningún país civilizado la recaudación tributaria se obtiene directamente y en un porcentaje significativo por la Inspección.
Elevar los impuestos
Subir los impuestos es la medida menos original pero más efectiva para incrementar los ingresos públicos. Sin embargo, tiene el riesgo de dañar la actividad económica y, por tanto, reducir también las bases imponibles. Cuando en 1993 el Gobierno subió el IVA, la recaudación, para sorpresa de los técnicos de Hacienda, cayó. Los Presupuestos Generales del Estado de 2010 incluyen un incremento del IVA a partir de julio del 16% actual al 18%. Y, por otra parte, también eleva la fiscalidad para los rendimientos del ahorro. Los primero 6.000 euros tributaran al 19% y, el resto, al 21%. Hasta ahora se aplicaba el tipo único del 18%. En cualquier caso, si se compara la fiscalidad española con la de la UE, se observa que, a pesar de la subida fiscal, el tipo oficial del IVA se mantiene por debajo de la media europea. España destaca por tener un impuesto de sociedades -tributo que grava los beneficios empresariales- relativamente alto. Sólo Bélgica, Italia y Malta mantienen un gravamen superior. Sin embargo, es cierto que la legislación española establece muchas deducciones que reducen el tipo efectivo hasta al 18,4%.
El Gobierno defiende que no habrá más subidas fiscales a medio plazo. Sin embargo, el Ejecutivo suele anunciar aumentos en los impuestos especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos entre otros) con un solo día de antelación. Si el Gobierno se desdice, todo apunta que los tributos especiales monopolizarán las subidas fiscales. El año pasado, Economía ya elevó los impuestos sobre el tabaco y los hidrocarburos.
La 'euroviñeta' reportaría 3.000 millones
El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) lo incluyó en su filosofía: había llegado la hora de abrir el debate de pagar por usar las vías. Sin embargo, la entonces ministra Magdalena Álvarez no quiso ni oír hablar del asunto. Ahora, los expertos consideran que puesto que la euroviñeta (la obligatoriedad de los vehículos pesados de pagar una tasa por circular por determinadas autovías) forma parte de una directiva europea, España no podrá seguir permaneciendo al margen."La euroviñeta constituye una oportunidad en términos de captación de recursos vinculados al uso comercial de las infraestructuras viarias. Otros países, como Alemania, Austria y Eslovaquia la están aplicando y Francia lo hará a partir de 2012", recuerda Salvador Alemany, presidente del Círculo de Economía. Alemany defiende la aplicación de esta tasa como nueva fuente de ingresos recurrentes y destaca que algunos estudios cifran entre 1.500 y 3.000 millones de euros la recaudación anual que podría obtenerse.El Círculo de Economía defiende además, que serían recursos que podrían revertir en la conservación de las vías y en medidas de apoyo al transporte. A la pregunta de si hay o no margen para incrementar la colaboración público-privada, Alemany es categórico. "Sí lo hay. La utilización de ese margen dependerá del grado de sensibilización que seamos capaces de generar sobre la necesidad de aplicar fórmulas de corresponsabilización, copago y pago por uso", explica. El objetivo es claro, lograr un doble efecto de generación de ingresos adicionales y reducir los costes.