Ingresos que ya nunca volverán
Lograr que la economía vuelva a crecer es la fórmula más sencilla para aumentar los ingresos públicos. Sin embargo, aunque el PIB retorne a tasas positivas, el Estado no recuperará los cuantiosos recursos públicos derivados de la construcción y el sector inmobiliario. æpermil;stos, como las golondrinas de Bécquer, ya no volverán.
La Hacienda pública ha sido una de las grandes beneficiarias del delirio constructor que se instaló en España hasta 2008. Todas las Administraciones -central, autonómica y local- tienen impuestos que gravan el sector inmobiliario. La compraventa de una vivienda nueva lleva aparejado un 7% de IVA -un 8% a partir de julio-. Con el nuevo modelo de financiación, el 50% de la recaudación se la lleva el Estado central y el resto, las comunidades autónomas. Las regiones, además, aplican el impuesto de transmisiones patrimoniales (7%) al precio de venta de las viviendas de segunda mano. Y por la escritura de una vivienda o la suscripción de una hipoteca se debe pagar el impuesto de actos jurídico documentados.
Además, los elevados beneficios que obtuvieron durante el boom las empresas inmobiliarias y constructoras colaboraron a disparar la recaudación del impuesto de sociedades. Pasó de 21.000 millones en 2003 a 45.000 millones cuatro años más tarde.
El desplome inmobiliario deja un déficit estructural del 5,7% del PIB
Con todo, proporcionalmente, son los municipios quienes más se beneficiaron del elevado peso de la construcción en el PIB. La mayoría de sus tributos propios -impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras o impuesto sobre plusvalías- gravan diversos aspectos del sector inmobiliario. Además, la venta de suelo público permitió a los municipios una fuente de ingresos que nunca habrían imaginado.
En la medida que la construcción no volverá a tener el rol relevante de los últimos años, los ingresos públicos no se recuperarán al mismo ritmo que la economía. Ello significa que el déficit público tiene una parte coyuntural -ligado a las caída del PIB- y otra estructural -derivado del cambio de modelo productivo y de la pérdida de los ingresos vinculados a la construcción-. Según el Gobierno, el déficit estructural asciende al 5,7% del PIB. 60.000 millones con los que Hacienda ya no puede contar.
Ante esta disyuntiva, se imponen dos posibles salidas. Una, recortar los gastos. El Gobierno ha planteado un recorte de 50.000 millones de euros hasta 2013. Y, otra, buscar ingresos por otras vías. La llamada euroviñeta -cobrar una tasa a los vehículos de gran tonelaje- parece factible, aunque podría dañar la actividad económica. Y establecer el copago sanitario, eufemísticamente conocido como tique moderador sanitario, será difícil para cualquier Gobierno ya que deberá enfrentarse a un previsible rechazo social.
En cualquier caso, la situación de las finanzas públicas requiere una actuación inmediata y contundente, ya sea por la vía de los ingresos o de los gastos. Ha llegado la hora de los valientes.