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A fondo

La crisis del ladrillo llega a la construcción

En España no sólo las empresas inmobiliarias entran en concurso de acreedores. Desgraciadamente también lo hacen empresas relacionadas con el sector automovilístico, textiles, tecnológicas... Y por supuesto constructoras.

Pero el factor inmobiliario -a falta de que se concrete el anunciado paraíso digital en el que no harán falta oficinas, despachos, ni tiendas físicas- sobrevuela el fracaso de tal o cual negocio: es una cabeza de turco ideal. La subida del precio del alquiler provocó el cierre de tal o cual tienda, la inversión en unos terrenos desembocó en el cierre de tal empresa, la adquisición de un edificio como sede arruinó a la empresa compradora... En realidad fueron las decisiones adoptadas sobre la conveniencia de invertir en cierto activo inmobiliario las que provocaron el fracaso de uno u otro negocio. Al igual que en el pasado esas mismas decisiones aportaron beneficios a empresas que poco tenían que ver en principio con el sector inmobiliario.

Son las personas que tomaron esa decisión de invertir en inmobiliario las responsables del fracaso o, también, del éxito. Lo cual no debe llevar a nadie a fustigarse por haber tomado una decisión empresarial valiente en un momento en el que todos, banca y asesores principalmente, animaron a invertir en inmuebles. Pero tampoco a achacar a la crisis inmobiliaria española los males que acechan ahora a cualquier negocio. La clave posiblemente esté en que se ha tratado de lograr un beneficio extra a través del negocio inmobiliario sin ser este el objeto principal de la empresa en cuestión.

Si resulta sencillo culpar al sector inmobiliario de los males sufridos por cualquier tipo de empresa que opere en España, más tentador aún lo es si la empresa en cuestión es una constructora.

En los últimos meses es corriente leer que el negocio inmobiliario de una determinada compañía de construcción arrastra a esta al concurso de acreedores. Argumentos similares se han empleado a la hora de comentar los concursos de grupos como Begar Construcciones, Teconsa, Seop u Obrum. Empresas con un negocio superior a los 500 millones de euros, constructoras, con plantillas profesionales integradas por ingenieros que construyen puentes, vías ferroviarias, hospitales y colegios. Da la impresión de que en un momento dado sus responsables se dijeron: ¿qué hago matándome a construir puentes y gasoductos cuando edificando cuatro casas gano más dinero? Y entonces apostaron por la vivienda.

Pero lo hicieron en el peor momento posible, una vez violada la gallina inmobiliaria. Y confiando posiblemente en la infinita generosidad de las administraciones públicas para financiar la construcción de un polideportivo, un tramo de AVE o un hospital. Si los mayores empresarios del sector inmobiliario español, desde Fernando Martín hasta Luis Portillo, han fracasado en sus recientes aventuras empresariales, ¿cómo no iban a hacerlo empresarios advenedizos?

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